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Esas preguntas que se hacen los indignados vecinos de El Galpón, El Tunal y San José de Metán no encuentran más respuestas que los privilegios que el Gobierno salteño concedió a la planta que producirá materia prima para explosivos y fertilizantes.
Miles de familias del sur provincial siguen excluidas de obras de infraestructura y esperan algún día dejar de depender de las garrafas que, en los últimos días, se encarecieron notoriamente.
En otros puntos de la provincia, la situación también es crítica. A la suba del gas domiciliario que se hará sentir con más fuerza con el frío, se suman las deudas que tienen unas 50 mil familias que no pagaban el cargo del gas importado. Con los fallos de la Corte Suprema de la Nación que declararon constitucional esa recarga instaurada por decreto, ahora deberán afrontar los saldos pendientes.
Todas esas desventajas para los salteños hacen mucho más reprochable el acuerdo que firmaron el Gobierno y Nitratos Austin en 2010.
El 5 de marzo de ese año, la empresa estatal Recursos Mineros Energéticos de Salta (Remsa) aceptó suministrarle a la planta química un volumen regular promedio de 250.000 metros cúbicos de gas, por lo menos durante diez años, a un precio irrisorio.
Los vínculos que tiene Austin con el Gobierno provincial exponen el porqué de esa decisión, que se traduce en un regalo de $1.700 millones.
Ese monto le hará ahorrar la Provincia a la empresa durante una década, ya que Remsa pacto cobrarle, en el primer año, apenas 2,60 dólares por cada millón de BTU (27 metros cúbicos).
A valores de hoy, la firma pagará por el recurso gasífero 3 dólares, la mitad de que lo que abonan el resto de las industria de la región. Esa suma tampoco se acerca a los 10 dólares que paga la Casa Rosada por el hidrocarburo que importa desde Bolivia.
Nitratos Austin no solo consiguió un millonario regalo, a costas de todos los salteños, sino también la protección de distintos organismos de la Provincia. Esa empresa, por cierto, es presidida por Juan Ignacio Rigou. Aunque su nombre es poco conocido, se trata del tío político de José Urtubey, hermano del gobernador y vicepresidente del Unión Industrial Argentina (UIA).
Los vecinos remarcaron que son varios los hechos y privilegios que despiertan serias sospechas de corrupción, incluso una de las responsables del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa termino siendo funcionaria.