Que los jueces de la Corte tengan un mandato de 6 años afecta la independencia de la Justicia | Entrevista

La carrera de Fabián Vittar tomó un nuevo giro desde noviembre de 2008. Desde ese entonces hasta la fecha es uno de los siete integrantes de la Corte de Justicia de Salta. Encargado de impartir justicia desde el más alto nivel, el magistrado le concedió una extensa entrevista a El Tribuno. Allí habló de las fallas del sistema judicial, la lentitud de las causas, la violencia de género, el microtráfico y la renovación de mandato de los jueces de Corte, entre otros temas.

Durante mucho tiempo hemos trabajado para que la persona común tenga un ámbito donde acceder rápidamente a la Justicia. Creo que ahora tenemos que trabajar ya no en el acceso, sino en la salida del Poder Judicial. Esto hace a la celeridad que se plantea y que representa un gran déficit.

Muchas de las causas que ingresan tienen un proceso (civil, laboral, comercial) lento. La nueva reforma del Código Procesal Penal tiene este objetivo, acelerar los procesos tanto para condenar a los imputados como para garantizar un tratamiento correcto de su proceso. Hay que trabajar sobre cómo salir rápido con una respuesta desde la Justicia. Las marchas de los viernes contra la impunidad (organizadas por la Comisión de Familiares Contra la Impunidad) me duelen personalmente.

Existen dos temas que se deben solucionar: la situación de lo recursos, ya que existe un exceso del proceso recursivo. Es decir, la apelación de la apelación, y otro tema es la calidad del proceso investigativo. Después del hecho, por ejemplo en algunos casos se contamina la escena, no hay una policía especializada, por eso el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) es clave.

Estamos dando hace mucho tiempo prioridad absoluta a todos los mecanismos que posibiliten el acceso y la respuesta inmediata en cuestiones de violencia doméstica. El margen de error en estos casos es cero, porque cualquier causa que no tenga una respuesta inmediata significa un fracaso.

El rol de la Justicia muchas veces es sobre el hecho consumado, o sea cuando las denuncias llegan a la Justicia; es sobre la concreción de un hecho de violencia. Desde lesiones y amenazas hasta daños que producen la muerte. Cuando a nosotros, y esto lo podemos mostrar con nuestros expedientes, llega una denuncia de violencia, la respuesta de los jueces es inmediata. La exclusión y protección son ejemplos de esas respuestas.

Estamos impulsando la Oficina de Violencia Familiar (OVIF). Es un organismo integrado por destacados especialistas que brindan asistencia inmediata a las víctimas. Se tiene que continuar con la búsqueda de soluciones interdisciplinarias y coordinadas entre los distintos poderes.

Un hecho de violencia tiene muchos componentes que, si no atacamos el origen, el esperar para un nuevo hecho de violencia es solo cuestión de tiempo. Por ejemplo, si la mayoría de los acontecimientos se producen durante el fin de semana, por ahí eso tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo una adicción como el alcoholismo. Entonces si no atacamos eso primeramente no habrá que esperar mucho para que esa adicción vuelva a manifestarse en un hecho violento.

Hay muchos expedientes que están relacionados con denuncias entre los mismos sujetos porque no se soluciona el problema de fondo. Este tema tan sensible necesita una solución de interpoderes y desde allí surgen acciones como la creación de la OVIF por parte del Poder Judicial y el Observatorio por el Poder Ejecutivo. Un solo caso en donde no haya una protección efectiva puede hacer caer todo el sistema.

El Poder Judicial ha sido eficiente en marcar las pautas de protección inmediata, pero obviamente que no hay un elemento que me diga que estoy conforme de como está la situación. La violencia doméstica es real y concreta que necesita una solución de fondo. ¿Qué cosas estima que se deben cambiar?

La denuncia concreta que va al ámbito policial y el tratamiento que allí se le da. Me parece que no es la mejor de las formas. El tratamiento que le pueda dar la policía a un hecho de violencia no tiene una perspectiva como la puede tener la OVIF, donde se aborda integralmente el problema.

No participé. Estaba al tanto de la situación pero por cuestiones laborales no lo hice. De todas maneras, desde nuestra acción en violencia doméstica estamos claramente en sentido de la protección y de que no haya ni una víctima más. De hecho la Corte de Justicia de Salta en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos eliminó la posibilidad de que quienes estén imputados por violencia domestica tengan acceso a un beneficio, como la suspensión de juicio a prueba.

Asumir la competencia del microtráfico es una responsabilidad muy fuerte y grande que en Salta se asumió. Significó una decisión que no era fácil porque requiere de una infraestructura y de una modificación muy grande, pero se hizo. Esto es una decisión política de atacar el ultimo escalón del narcotráfico y a mí me parece positivo. La venta al menudeo es algo que nuestra sociedad estaba sufriendo mucho, que en el barrio todos supieran donde se vendía la droga y que nadie hiciera nada era una constante.

Existen solo tres provincias que asumieron la responsabilidad del microtráfico. El Poder Judicial de Salta lo puso rápidamente en vigencia. Hay cosas por corregir, pero hoy cuando vemos que en este corto tiempo existen 134 condenados, nos muestra que el que vende droga en el barrio está sancionado y detenido, y esto es algo que no pasaba. El consumo no está penado. No tenemos que pensar que este proceso no es eficiente, esto representa un mecanismo para que quienes venden droga en las calles no tengan la impunidad que tenían antes.

Somos lamentablemente el mal ejemplo de la Argentina en esta norma que impone a los jueces de corte la temporalidad de sus mandatos y someterse cada seis años al poder político. Esto ya lo dijo la Federación Argentina de Magistrados. Hay una presentación en la Corte sobre la inconstitucionalidad de esta norma, porque afecta la estabilidad. Creo que debe modificarse y que es uno de los grandes defectos que tuvo la reforma constitucional de 1998, que rompió una tradición histórica de la estabilidad de los jueces y esto sin dudas que hace a la independencia del Poder Judicial.

Creo que debe realizarse un cambio. La independencia del Poder Judicial se ve atacada y eso también genera falta de seguridad jurídica para el ciudadano, porque en los sucesivos cambios y sujetos a estos mecanismos no se le da tranquilidad.

Cuando hablamos de estabilidad no hablamos de jueces perpetuos. Nuestra Constitución tiene mecanismos muy claros sobre remoción de jueces y estamos hablando del jury de enjuiciamiento para los jueces inferiores y de juicio político para los jueces de Corte. El justificativo de que la temporalidad está dada para remover jueces cuando se les vence el mandato no es un justificativo válido porque los mecanismo hoy existen. Debemos estar claramente con la posición mundial de estabilidad de los jueces y mantener un mecanismo de remoción y destitución de jueces cuando hay causas. Esto dará independencia absoluta al Poder Judicial pero sobre todo seguridad jurídica al ciudadano de que nadie puede entrometerse en la decisión del juez.

Es un caso realmente muy difícil que puso a prueba a la Justicia. Cuando se sucedió la primera reacción visualicé que la solución definitiva a lo que se decía en ese momento era la actuación de la Justicia.