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El pase a planta permanente de empleados municipales en la última etapa de las gestiones en las comunas ha desatado esta semana una fuerte polémica por la inclusión de nuevos trabajadores que deberán sostenerse salarialmente con los presupuestos venideros.
Es evidente que esta situación no está apalancada por una necesidad real de satisfacer una demanda laboral, sino de cumplir con compromisos políticos de antes y después, en una etapa de inflexión entre un gobierno y otro. Esos compromisos políticos, de pasado y futuro, son la clave en la lucha por el pase a planta permanente. No hay otra lectura.
Por más esfuerzo que se ponga en procurar una transición ordenada, el cambio de gestión en aquellas intendencias donde la oposición será gobierno se está tornando más crítico en relación con la nómina de personal y el Ejecutivo provincial, más allá de las fotos protocolares que muestran proximidad con los nuevos jefes comunales, sabe que esa será otra carta de juego fuerte para el control y el alineamiento político en los próximos cuatro años de gobierno. Y, claro está, no va a desaprovechar esa oportunidad.
El reclamo por el pase a planta de los trabajadores contratados es legítimo en muchos casos, pero de alguna manera las tareas que cumplen han quedado desdibujadas. Los gremios incluso se mostraron disgustados porque se incluyó en las listas a personas que nunca concurrieron a las oficinas.
Con la firma del decreto municipal del pase de casi 700 trabajadores del municipio Capital, se abrieron investigaciones del Tribunal de Cuentas que arrojaron algunas sorpresas. "Hace dos semanas venimos trabajando en el análisis de la documentación. De éste surgieron personas que no prestan servicio en el municipio. Cuando nosotros emitamos la resolución, vamos a dar a conocer cuáles son las personas que reúnen las condiciones legales para ingresar y cuáles, a nuestro criterio, no las reúnen", explicó Nicolás Jovanovich, titular del organismo de control capitalino.
Ese resultado se dará a conocer en la semana que comienza y se esperan focos de tensión, motorizados por los gremios que también tienen sus intereses políticos en juego.
Es inocultable entonces cuál es el trasfondo de la efectivización de los trabajadores en los lugares donde el Estado ha sobredimensionado su capacidad como generador de mano obra y puestos de empleo.
No es extraño que algunos de los municipios más importantes del Valle de Lerma (Salta Capital, Cerrillos y Rosario) tengan este problema.
En estas dos últimas comunas se iniciaron planes de lucha por situaciones diametralmente opuestas, pero siempre relacionadas con los empleados que reclaman ser "efectivos".
Mientras en Rosario, el actual jefe comunal Sergio Ramos dispuso no renovar los contratos a 25 trabajadores, lo que generó una crisis, en Cerrillos el intendente Rubén Corimayo dispuso incorporar a planta a personal con poca antigedad, en detrimento de otros que hace años se desempeñan como contratados. Allí los municipales decidieron suspender las actividades debido a las demoras en los pagos de sueldos y aguinaldo. Además, anunciaron posibles cortes de ruta si no les brindan una solución a la brevedad, ya que en los primeros diez días debían cobrar sus haberes pero no recibieron novedades y ésta es una irregularidad que prendió la luz de alerta gremial.
En ambos casos los trabajadores iniciaron un plan lucha y el conflicto aparece en los extremos: mal si se hacen efectivos y peor si no es así.
En el camino, el malestar se hace notable entre la desigualdad y la injusticia que soportan aquellos que realmente necesitan la asistencia laboral del Estado y otros que solo procuran extender el beneficio salarial más allá de la gestión. Separar la paja del trigo en esta circunstancia no parece una tarea difícil, aunque conlleva un alto costo político.
Pero la lectura final es que el rango laboral que genera el Estado no lleva a la solución de fondo al problema del desempleo.
El sector privado no despega, el emprendimiento como salida laboral es cada vez menos frecuente y el autoempleo no llega a completar la demanda de trabajo en los amplios sectores de desocupados. Cuando el mercado laboral se estanca, la única salida que aparece es el Estado y esto es una regla que se cumple inobjetablemente.
No importa si hay puestos físicos o si los empleados cuentan con un lugar para cumplir con una mínima tarea administrativa. En esta realidad, la ineficiencia estatal es lo que menos preocupa a funcionarios y también a trabajadores, pero la necesidad tiene cara de hereje, igual que el oportunismo.
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Es evidente que esta situación no está apalancada por una necesidad real de satisfacer una demanda laboral, sino de cumplir con compromisos políticos de antes y después, en una etapa de inflexión entre un gobierno y otro. Esos compromisos políticos, de pasado y futuro, son la clave en la lucha por el pase a planta permanente. No hay otra lectura.
Por más esfuerzo que se ponga en procurar una transición ordenada, el cambio de gestión en aquellas intendencias donde la oposición será gobierno se está tornando más crítico en relación con la nómina de personal y el Ejecutivo provincial, más allá de las fotos protocolares que muestran proximidad con los nuevos jefes comunales, sabe que esa será otra carta de juego fuerte para el control y el alineamiento político en los próximos cuatro años de gobierno. Y, claro está, no va a desaprovechar esa oportunidad.
El reclamo por el pase a planta de los trabajadores contratados es legítimo en muchos casos, pero de alguna manera las tareas que cumplen han quedado desdibujadas. Los gremios incluso se mostraron disgustados porque se incluyó en las listas a personas que nunca concurrieron a las oficinas.
Con la firma del decreto municipal del pase de casi 700 trabajadores del municipio Capital, se abrieron investigaciones del Tribunal de Cuentas que arrojaron algunas sorpresas. "Hace dos semanas venimos trabajando en el análisis de la documentación. De éste surgieron personas que no prestan servicio en el municipio. Cuando nosotros emitamos la resolución, vamos a dar a conocer cuáles son las personas que reúnen las condiciones legales para ingresar y cuáles, a nuestro criterio, no las reúnen", explicó Nicolás Jovanovich, titular del organismo de control capitalino.
Ese resultado se dará a conocer en la semana que comienza y se esperan focos de tensión, motorizados por los gremios que también tienen sus intereses políticos en juego.
Es inocultable entonces cuál es el trasfondo de la efectivización de los trabajadores en los lugares donde el Estado ha sobredimensionado su capacidad como generador de mano obra y puestos de empleo.
No es extraño que algunos de los municipios más importantes del Valle de Lerma (Salta Capital, Cerrillos y Rosario) tengan este problema.
En estas dos últimas comunas se iniciaron planes de lucha por situaciones diametralmente opuestas, pero siempre relacionadas con los empleados que reclaman ser "efectivos".
Mientras en Rosario, el actual jefe comunal Sergio Ramos dispuso no renovar los contratos a 25 trabajadores, lo que generó una crisis, en Cerrillos el intendente Rubén Corimayo dispuso incorporar a planta a personal con poca antigedad, en detrimento de otros que hace años se desempeñan como contratados. Allí los municipales decidieron suspender las actividades debido a las demoras en los pagos de sueldos y aguinaldo. Además, anunciaron posibles cortes de ruta si no les brindan una solución a la brevedad, ya que en los primeros diez días debían cobrar sus haberes pero no recibieron novedades y ésta es una irregularidad que prendió la luz de alerta gremial.
En ambos casos los trabajadores iniciaron un plan lucha y el conflicto aparece en los extremos: mal si se hacen efectivos y peor si no es así.
En el camino, el malestar se hace notable entre la desigualdad y la injusticia que soportan aquellos que realmente necesitan la asistencia laboral del Estado y otros que solo procuran extender el beneficio salarial más allá de la gestión. Separar la paja del trigo en esta circunstancia no parece una tarea difícil, aunque conlleva un alto costo político.
Pero la lectura final es que el rango laboral que genera el Estado no lleva a la solución de fondo al problema del desempleo.
El sector privado no despega, el emprendimiento como salida laboral es cada vez menos frecuente y el autoempleo no llega a completar la demanda de trabajo en los amplios sectores de desocupados. Cuando el mercado laboral se estanca, la única salida que aparece es el Estado y esto es una regla que se cumple inobjetablemente.
No importa si hay puestos físicos o si los empleados cuentan con un lugar para cumplir con una mínima tarea administrativa. En esta realidad, la ineficiencia estatal es lo que menos preocupa a funcionarios y también a trabajadores, pero la necesidad tiene cara de hereje, igual que el oportunismo.
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