El traspaso de archivos de Plumada a la Provincia demandaría 18 años

El traspaso de la documentación de Plumada al Gobierno provincial demandaría 18 años aproximadamente. Por día, la empresa que aún tiene los archivos públicos puede entregar hasta 500 unidades de guarda (cajas) si se trabaja en los horarios y día laborales convenidos por contrato.
El Gobierno provincial todavía no aplicó un protocolo para el retiro de los documentos que desde 2006 archiva, protege y digitaliza Plumada. A fines de agosto el gobernador Juan Manuel Urtubey dispuso la rescinción del contrato y fijó un plazo de 90 días hábiles para que la compañía siga cumpliendo con las obligaciones contractuales. Ese plazo venció el jueves. Desde Plumada remarcaron que ante esta situación quedó "desvinculada contractualmente con el Gobierno, y técnica y jurídicamente corresponde el cese de todos los servicios que brinda al Estado, a excepción de la guarda y devolución de la documentación".
Maximiliano Montaldi Palacios, apoderado de la empresa, le dijo a El Tribuno que ayer agentes estatales seguían requiriendo el envío de papeles y expedientes a distintos puntos de la administración pública. Plumada, recordemos, debía encargarse también de la logística.
"En consecuencia, y en razón de una responsabilidad empresarial y social, Plumada SA se ha visto obligada a seguir prestando los servicios de manera normal. De ese modo, va a postergar sus intereses comerciales y societarios para ponerlos sobre la mesa y ponderación de la Justicia, y por ahora va a continuar brindado todos sus servicios a los distintos organismos del Estado ante su requerimiento", informaron desde la firma.
En la planta de Plumada están bajo guarda unas 2,7 millones de cajas con documentación de las distintas reparticiones públicas. Todo está codificado y sistematizado. El horario pautado por contrato es de 8 a 12, de lunes a viernes. Así surge que el traspaso tardaría más tiempo que el de los años de prestación.
Si bien en septiembre el Ejecutivo había anunciado que llamaría a licitación para adjudicar el servicio a una nueva firma, esos procedimientos cayeron en cuatro oportunidades. Hoy no se sabe adónde irán a parar los archivos de la Provincia. En Salta, por cierto, no hay otra planta privada en condiciones para el resguardo de esa documentación. El Grand Bourg tampoco dio a conocer cómo se controlarán esos archivos. El Ministerio de Gobierno hasta ahora solo nombró una comisión integrada por Elsa Pereyra Maidana, Miguel Mogrovejo y Graciela Galíndez.
En estos meses el conflicto entre el Gobierno y Plumada siguió por dos cursos: el administrativo y el judicial. En agosto del año pasado, ante los constantes pedidos de readecuación de precios, Urtubey anunció la desvinculación, sin resolver la readecuación tarifaria. Desde el 24 de septiembre, señalaron desde Plumada, se peticionó al Ministerio de Gobierno reuniones para acordar las pautas del traspaso, pero tampoco hubo respuestas. Se despacharon sendas notas el 12 de noviembre y 9 y 14 de diciembre.
Ante el silencio, el planteo se corrió al ámbito judicial. Plumada interpuso una demanda ante el Juzgado Contencioso y Administrativo y se habilitó para la feria judicial una instancia conciliatoria bajo el fuero Civil y Comercial.
La primera reunión se realizó el 14 de enero. El miércoles pasado tampoco hubo acuerdo sobre cómo será el traspaso de los archivos. El coordinador de la Fiscalía de Estado, Bernardo Cornejo, y el responsable de los asuntos jurídicos José Cornejo Coll solicitaron cerrar la etapa conciliatoria, sin siquiera debatir y establecer protocolo algu no.
Por otra parte, aduciendo que se ponían obstáculos para retirar la documentación pública, el Gobierno denunció penalmente a Plumada. Desde el Juzgado de Garantías 6, la magistrada Claudia Puertas, con una cautelar ordenó a Plumada abstenerse de "realizar cualquier acto que pueda condicionar el regular traspaso de la documentación ajena que obra en su poder". Además, "ordenó a la empresa observar fielmente las pautas de entrega o traspaso". Pautas que nadie conoce. Desde Plumada negaron que se haya entorpecido el retiro de la documentación. Aclararon que el contrato seguía vigente y que ningún funcionario quería firmar el deslinde de responsabilidades cada vez que se querían llevar archivos. Además, denunciaron que El Gobierno incurrió en fraude procesal.