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Hasta ayer al mediodía ningún funcionario de la Provincia se hizo presente en el paraje La Curvita, distante unos 10 kilómetros de la localidad de Santa María y a 20 de Santa Victoria Este, donde el sábado un grupo de aborígenes atacaron el puesto del criollo César Quintana.
El pequeño productor vive de la cría de animales y fue sorprendido cuando dos decenas de aborígenes de la zona quemaron los postes de su cerco y le sustrajeron cientos de metros de alambre que delimitaban su campo del de otros predios de la zona en cuestión.
El argumento de los aborígenes, que estaban liderados por los caciques wichis Rogelio Segundo y Tito Constantino es que esa parte de los lotes 55 y 14 les pertenecen a las comunidades aborígenes, por lo que los criollos deben abandonar esas tierras y afincarse en otros sitios, mucho más al sur, donde el Gobierno provincial había previsto acondicionar los campos semivírgenes.
La situación llegó a una tensión total ante la mirada impávida de efectivos de la Policía de la Provincia y del propio intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, que se encontraba en el lugar.
Estas personas nada pudieron hacer para impedir la destrucción y el saqueo ni proteger los bienes del criollo, quien se encontraba acompañado por su familia.
El concejal por Tartagal Walter Salvatierra es un conocedor de la zona del Chaco salteño donde residen sus familiares y estuvo presente el día de los incidentes.
El edil relató: "Gracias a Dios, Quintana, que es un chaqueño que vive desde que nació en ese lugar y por tanto tiene las costumbres del hombre de campo, no reaccionó. Porque podría haber usado un arma de fuego que seguramente tiene en su casa".
El pequeño productor vive de la cría de animales y fue sorprendido cuando dos decenas de aborígenes de la zona quemaron los postes de su cerco y le sustrajeron cientos de metros de alambre que delimitaban su campo del de otros predios de la zona en cuestión.
El argumento de los aborígenes, que estaban liderados por los caciques wichis Rogelio Segundo y Tito Constantino es que esa parte de los lotes 55 y 14 les pertenecen a las comunidades aborígenes, por lo que los criollos deben abandonar esas tierras y afincarse en otros sitios, mucho más al sur, donde el Gobierno provincial había previsto acondicionar los campos semivírgenes.
La situación llegó a una tensión total ante la mirada impávida de efectivos de la Policía de la Provincia y del propio intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, que se encontraba en el lugar.
Estas personas nada pudieron hacer para impedir la destrucción y el saqueo ni proteger los bienes del criollo, quien se encontraba acompañado por su familia.
El concejal por Tartagal Walter Salvatierra es un conocedor de la zona del Chaco salteño donde residen sus familiares y estuvo presente el día de los incidentes.
El edil relató: "Gracias a Dios, Quintana, que es un chaqueño que vive desde que nació en ese lugar y por tanto tiene las costumbres del hombre de campo, no reaccionó. Porque podría haber usado un arma de fuego que seguramente tiene en su casa".
César Quintana CRIOLLO DAMNIFICADO "Con Segundo hemos ido a la misma escuela y por culpa del Gobierno nos peleamos".
"Sus hijas y dos hermanas de él, lloraban al ver el daño que le hacían a su puesto, porque es gente de trabajo a la que le cuesta alambrar un potrero, construir un brete y un baño para la hacienda", explicó.
"Aparte de que los aborígenes quemaron los postes y se llevaron las alambradas, el hecho no pasó a mayores. Pero los criollos tienen temor de que ataquen sus casas, donde viven con sus familias. Como vecino y conocedor del Chaco salteño pido a las autoridades provinciales que intervengan para definir esta situación. Quiero creer que no esperarán que haya algún muerto para tomar recién alguna medida", enfatizó el edil de Tartagal.
"Quintana no tiene la culpa"
Rogelio Segundo, uno de los caciques wichis que lideró la protesta, explicó por su parte que "nosotros, los aborígenes, no tenemos problemas con los criollos, sino que estamos en contra de que ellos coloquen alambrados".
"Este conflicto viene desde hace muchos años. Ya en el 2008 se formó la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que tenía que relocalizar a los criollos", recordó.
Y agregó que en 2010 "tuvimos una reunión en el puesto La Castaña y ahí se acordó que Quintana se iba a trasladar, con el compromiso del Gobierno de que le iban a dar los recursos para que coloque los alambrados, le iban a construir una casa y le iban a perforar un pozo de agua".
"La culpa de esta situación es del Gobierno y no de los criollos, porque las autoridades, hasta el momento, no hicieron nada. La gente de las comunidades está muy molesta por esta situación, así que ese es el motivo por el que decidimos quemar los postes y sacar las alambradas de este criollo", concluyó con total seguridad.
El conflicto por la posesión de los lotes fiscales 14 y 55 viene de los años 90, cuando la asociación Lhaka Honhat demandó al Estado salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos patrocinada por el CELS. Ese proceso derivó en el convenio que los indígenas exigen se respete.
"Sus hijas y dos hermanas de él, lloraban al ver el daño que le hacían a su puesto, porque es gente de trabajo a la que le cuesta alambrar un potrero, construir un brete y un baño para la hacienda", explicó.
"Aparte de que los aborígenes quemaron los postes y se llevaron las alambradas, el hecho no pasó a mayores. Pero los criollos tienen temor de que ataquen sus casas, donde viven con sus familias. Como vecino y conocedor del Chaco salteño pido a las autoridades provinciales que intervengan para definir esta situación. Quiero creer que no esperarán que haya algún muerto para tomar recién alguna medida", enfatizó el edil de Tartagal.
"Quintana no tiene la culpa"
Rogelio Segundo, uno de los caciques wichis que lideró la protesta, explicó por su parte que "nosotros, los aborígenes, no tenemos problemas con los criollos, sino que estamos en contra de que ellos coloquen alambrados".
"Este conflicto viene desde hace muchos años. Ya en el 2008 se formó la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que tenía que relocalizar a los criollos", recordó.
Y agregó que en 2010 "tuvimos una reunión en el puesto La Castaña y ahí se acordó que Quintana se iba a trasladar, con el compromiso del Gobierno de que le iban a dar los recursos para que coloque los alambrados, le iban a construir una casa y le iban a perforar un pozo de agua".
"La culpa de esta situación es del Gobierno y no de los criollos, porque las autoridades, hasta el momento, no hicieron nada. La gente de las comunidades está muy molesta por esta situación, así que ese es el motivo por el que decidimos quemar los postes y sacar las alambradas de este criollo", concluyó con total seguridad.
El conflicto por la posesión de los lotes fiscales 14 y 55 viene de los años 90, cuando la asociación Lhaka Honhat demandó al Estado salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos patrocinada por el CELS. Ese proceso derivó en el convenio que los indígenas exigen se respete.
Rogelio Segundo CACIQUE WICHI "El Gobierno prometió y no cumplió. No tenemos nada contra los criollos".
Algunas precisiones miles de hectáreas
los lotes fiscales 14 y 55 suman 600.000 hectáreas limítrofes con Paraguay, que deben ser repartidos entre unas 70 comunidades aborígenes y algunas decenas de colonos criollos asentados en el lugar hace más de cien años.
Aborígenes al norte
por el convenio firmado con la Provincia se decidió darle a las comunidades toda la franja pegada al río Pilcomayo y desplazar a los criollos al sur con promesas de obras de infraestructura que nunca se hicieron, ni con el Fondo de Reparación.
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