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Quizás una de las consecuencias más graves que tienen los sistemas penitenciarios es que son un obstáculo insalvable para la inclusión social. En Salta, los presos vienen de sectores vulnerables que se encuentran relegados del mercado formal laboral y del sistema educativo. Esta afirmación se puede inferir del último informe desarrollado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que detalla la situación carcelaria en Salta.
El mismo indica que el 92% de los presos no cuenta con sus estudios secundarios completos. Si desmenuzamos ese porcentaje encontramos que: el 3% (67 presos) no cuenta con ningún tipo de estudio, el 20% (498 presos) tiene el primario incompleto, el 45% (1.088 presos) terminó el primario y el 24% (564 presos) tiene el secundario incompleto. Para contrastar esa realidad, solo 7 presos terminaron la universidad.
Sneep 2014
El Sneep viene publicando informes estadísticos de los últimos 12 años. En Salta, desde el 2003, la cantidad de presos que existen en el sistema carcelario creció un 28%. Entre 2003 y 2014, la población carcelaria en la provincia pasó de 1.733 reclusos a 2.416.
Según este informe, con datos estadísticos registrados durante 2014, detalló que más de la mitad de los presos salteños se encuentran excluidos del sistema laboral. Al momento del ingreso a la penitenciaria, el 52% de los convictos estaba desocupado. El 26% tenía un trabajo parcial y solo el 22% de los reclusos tenían un trabajo de tiempo completo. En todo el servicio penitenciario de la provincia, 1.278 están condenados, 1.118 se encuentran procesados y otros 20 con otra situación procesal. El 65% de los presos tienen menos de 35 años, el 93% son de sexo masculino (2.252), el 99% de los reclusos son de origen nacional (2.384) y el 86% esta soltero (2.081).
El relevamiento realizado por el organismo nacional también arrojó que dentro de los delitos con mayores menciones existen 990 presos que fueron detenidos por cometer algún delito contra la propiedad, 586 reclusos cometieron delitos contra las personas y 480 prisioneros cometieron delitos contra la integridad sexual. En cuarto lugar, se encuentran los 264 presos que cometieron algunas de las infracciones que están relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
De los reclusos que ya cuentan con una sentencia, que son 1.278, el 36% tiene una duración de la condena de 3 a 6 años. El 24% tiene penas que van de 6 a 9 años y el 15% recibió condenas que van de los 9 años a los 12. Tan solo hay 87 presos que recibieron condena a prisión o reclusión perpetua.
En Salta, el nivel de reincidencia en el 2014 no fue alto. Solo el 16% de los condenados (205) fue reincidente.
Estructuras edilicias decadentes, cárceles provinciales súper pobladas y presos hacinados. Para muchas organizaciones civiles las penitenciarias en Argentina está en estado vergonzoso. Según estas mismas organizaciones, en las prisiones se transgreden los más elementales derechos humanos y hasta hay maltratos y torturas a los reclusos. En algunos casos con altos niveles de crueldad.
El último informe anual publicado por el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) remarcó que los sistemas penitenciarios son un ámbito de reproducción de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y que "no fue una prioridad de las políticas públicas implementadas en los últimos años".
"El sistema penal es selectivo de manera inherente, es decir que atrapa a quienes tienen menores recursos (simbólicos y materiales) para evadirlo o defenderse", reza el informe.
Para Leandro Halperín abogado y especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, nunca se registraron tantos casos de violaciones a los derechos humanos en cárceles argentinas en la democracia como en estos 12 años.
"Eso demuestra un claro retroceso. Que estas cosas sucedan durante un proceso político que se jactó de avanzar en materia de protección de los derechos fundamentales en todos lados marca una clara hipocresía de quienes tenían la responsabilidad de llegar adelante políticas públicas", agregó el especialista.
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