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El gobierno depuesto el 24 e marzo de 1976 fue la última expresión del proyecto de industrialización nacional, pleno empleo, derechos del trabajador e independencia económica.
Ese gobierno no contrató entre1973 y1976 ningún empréstito ni tomó deuda. Esta se congeló en US$ 5.186 millones, heredados de Lanusse y esa fue la deuda que encontraron Jorge Videla y José Martínez de Hoz cuando usurparon el poder. Hoy merodea los 300 mil millones, en un país con bajísimo nivel de empleo genuino y pobreza creciente.
Como miembro del equipo del Dr. Julio González en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación (1973-1976) fui partícipe de la obra de gobierno que nunca fue sistematizada ni evaluada en función del Estado nacional. Un silencio de conjurados procedió a ocultarla.
Por eso es preciso inventariarla en su conjunto para que las futuras generaciones puedan evaluar su incidencia y ponderar su valor.
Como los vencidos no tienen derecho, sino únicamente difamaciones y calumnias, es preciso describir la obra global del gobierno caído el 24 de marzo. El inventario de esta obra es desconocido porque los medios de difusión de aquella época se confabularon en forma mancomunada en difundir actos políticos y cuestionables, sí, pero circunstanciales y contingentes, y para tapar los actos jurídicos del gobierno que jalonaron hitos positivos para el futuro.
Lo dicho no pretende enervar la responsabilidad que sí tuvieron los ministros del Interior y de Defensa de la época, todos renuentes -con excepción del coronel Vicente Damasco- en investigar quiénes eran los responsables y conductores de la matanza aleve que asolaba al país bajo signos "aparentemente diferentes": terrorismo de Estado o de presunta derecha, y terrorismo subversivo o de presunta izquierda. El común denominador de ambos era preparar las condiciones para la destrucción del Estado de derecho, la masacre humana y la devastación económica que se consumó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Verdad silenciada
Con esto se bosqueja un deslinde elemental entre actos jurídico -económicos y actos políticos especulativos (intrigas y vías de hecho) en los personajes y personalidades de la época. Julio González en "M76 Asalto a la Argentina", desarrolla en plenitud lo expuesto.
No soportaron la nacionalización de los depósitos bancarios, con garantía total del Estado para los depósitos de los particulares, tanto en los bancos oficiales cuanto en los bancos privados, ni la ley de promoción industrial y el acta de reparación histórica a las provincias. Por ellas fueron radicados muchísimos establecimientos industriales en el interior, entre otros los grandes complejos de Tejidos Argentinos en Catamarca, Papel Misionero Sociedad Mixta en Misiones y Acindar en Santa Fe.
Se redactó la Ley de transferencia de tecnología al exterior (20.794), para generar una fuente de ingreso de divisas y evitar un drenaje de las mismas. Esta ley provocó un conflicto con Henry Kissinger, quien convocó a una conferencia en Washington para exigir que ningún Estado latinoamericano dictase una ley parecida y nos intimó a su derogación.
Violencia e inseguridad
En temas con absoluta vigencia en la actualidad, se sancionaron la Ley federal de represión del tráfico de drogas (20771) y la Ley antisubversiva de represión del terrorismo bélico, ideológico y económico (20840); fue la única ley en su tipo en el mundo de tipificación del "terrorismo económico", derogada en 2002 por exigencia del FMI. Se redactó el proyecto de ley de defensa nacional, colocando los casos de subversión bajo el enjuiciamiento de consejos de guerra especiales y facultados para aplicar el Código de Justicia Militar y por ende la ley marcial. Esta ley, que aparecía como la única posibilidad de detener el espiral de violencia que desangraba a la Argentina no pudo ser sancionada por la especulación electoral de ciertos grupos de senadores y diputados, pero el Poder Ejecutivo cumplió con su deber histórico de redactarla en perfecta anuencia con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y remitiéndola al Congreso de la Nación.
En enero de 1976, después de acontecimientos gravísimos como fueron los combates de Formosa, en octubre, y Monte Chingolo, en diciembre, no fue posible lograr quórum en el Congreso para tratar la ley de defensa nacional, la ley de presupuesto para 1976 y las leyes de recaudación impositiva. Muchos diputados y senadores insistían en que la impopularidad de la ley de defensa proyectada por el Poder Ejecutivo limitaba su cometido a gestionar arteramente la destitución de la presidenta por medio de un juicio político. Se negaron a abordar institucionalmente el tema de la violencia y dejaron a todo el país en manos de la ilegalidad plena.
Defensa de lo nuestro
La Argentina afrontaba, un año y medio después de la muerte de Perón, problemas cruciales.
Nuestra gestión impulsó la derogación del contrato celebrado por el ministro José Gelbard con la compañía "Mineracao corumbaense reunida" y que colocaba por cincuenta años nuestra producción siderúrgica en manos del Brasil.
El decreto 320/76 declaró "programáticamente prioritaria cualquier convocatoria a elecciones", el llamado a una convención nacional constituyente para que determinara qué constitución estaba vigente en el país: la de 1853 o la enmienda de 1949 o la del 1853 con el art. 14 bis introducido en 1957 o con la enmienda de Lanusse con respecto al mandato presidencial.
necesitaba y requiere de manera
insoslayable recuperar su independencia organizando una sociedad justa, económicamente libre y políticamente soberana. Sin estas premisas establecidas en la Constitución de 1949 no hay ni podrá haber independencia geográfica.
Golpe a la democracia
Toda la especulación que se realiza en torno del golpe de Estado, para justificarlo o para repudiarlo, ignora sistemáticamente que fue una asonada contra un gobierno democrático, absolutamente legítimo, y que en octubre de 1976, siete meses después del golpe, habría elecciones presidenciales. Ese gobierno democrático había producido leyes para crear el Sistema Nacional Integrado de Salud, Organización y puesta en marcha en las provincias del norte argentino, la ley nacional de contrato de trabajo y la ley de asociaciones profesionales de trabajadores y de sindicales, la creación del fuero sindical. Es imprescindible recordar que, con todos los problemas y falencias que afrontaban el sistema republicano y la economía nacional, en momentos de profundos reacomodamientos económicos en plena Guerra Fría, el desempleo real se encontraba en el 2,6%, contra la desocupación varias veces mayor de nuestros días, ocultas por el encubrimiento de la estadística. Además, la pobreza real merodeaba el 7%. El golpe de Estado fundaría una deuda impagable y llevaría la pobreza al 17%. Ese gobierno derrocado y denostado produjo el único pacto social del mundo: política de concertación celebrada entre la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica y el Estado Nacional Argentino.
Crédito hipotecario
En ese espíritu se suscribió el decreto que suprimía los intereses en las operaciones crediticias del Banco Hipotecario para los préstamos de compras y refacción de viviendas. Eso fue corregido por la dictadura con la circular 1050, que indexaba las deudas, extorsionaba a los deudores y dio origen a la fortuna incalculable de un matrimonio de exitosos abogados de Río Gallegos. Los fanáticos K prefieren borrar este capítulo, pero ese fue el relato del propio Néstor Kirchner para quien, para hacer política hacía falta mucho dinero. “A cualquier precio y aunque los paguen los pobres”, acoto personalmente.
Negocios de Joe
Muchos olvidan la nulidad de los contratos celebrados entre el Estado nacional durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y las empresas Standard Electric y Siemens, la negativa del gobierno depuesto a “argentinizar“ las mismas comprando paquetes accionarios sobrevaluados. Tampoco se menciona la negativa absoluta a argentinizar la Compañía Italo Argentina de Electricidad a través del procedimiento de compra, por parte del Estado de acciones sobreevaluadas. Se impulsó la intervención de la Italo y caducidad de su contrato concesión de 1962 que obligaba a su compra por el Estado al margen del valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Al 24 de marzo de 1976 los principales accionistas de la Compañía Italo Argentina de electricidad eran las familias Graiver y Martínez de Hoz.
El futuro ministro de Jorge Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, que se desempeñaba como director vicepresidente. Ya desde el poder, el Estado compró Italo. El gobierno supuestamente privatizador solo estatizó, a costa del Estado, una empresa inviable. Así terminó el tercer gobierno justicialista.
Quienes fuimos funcionarios sabemos de las grandezas y miserias de muchos, algunos de los cuales hoy gozan de un prestigio que no merecen. Unos días antes la presidenta de la Nación había dicho en la CGT: “Existe un plan internacional de desindustrialización. Si la industria argentina desaparece con ella desaparecerá la independencia económica y la soberanía de la nación”.
El 24 de marzo se puso en marcha la desindustrialización planificada, de un gobierno para el que era lo mismo producir caramelos que acero. Comenzó la obscenidad de la deuda externa, la masacre atroz, y un proceso despoblacional intencional. Nada fue casual: el programa basado en el desempleo, el clientelismo y la ilegalidad de la economía no registrada expresa a rajatabla un “manual de procedimiento” de destrucción nacional que hoy se muestra en plena expresión.
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