Deudas, cheques diferidos y suspensión de pagos en Aguaray

"La difícil situación económica y financiera que atraviesa Aguaray es responsabilidad de la saliente administración comunal". Así de directa y contundente fue la afirmación del intendente de la localidad norteña, Alfredo Darouiche, durante la conferencia de prensa que dio ayer para hacer anuncios puntuales respecto de la gestión que inició hace poco más de cuatro meses. Lo hizo acompañado por su asesor legal, Pedro Oscar Guillén, y funcionarios de su gabinete que trabajan en el ordenamiento de las finanzas y programas.

La primera medida del jefe comunal fue rescindir el convenio firmado hace más de una década entre la Municipalidad y la consultora salteña de Jorge Montoya.

"Esa consultora salteña retiró una suma que supera los 20 millones de pesos en concepto de comisiones por el cobro de impuestos y tasas municipales, aún aquellas en las que los contribuyentes se acercaban voluntariamente a pagarlas", aseguró Darouiche. Al respecto explicó que, en los casos de pagos voluntarios, también se le pagaba a Montoya un 20% por cada tributo abonado.

El intendente consideró que las dificultades de Aguaray tienen asidero en la herencia dejada por su antecesor, Juan Carlos Alcoba, quien durante 12 años consecutivos estuvo al frente de esa comuna.

"Tenemos casi 1 millón de pesos en cheques diferidos a nombre de la consultora Montoya, pero hemos decidido suspender todos los pagos hasta tanto se determine el origen de esa y otras deudas", reiteró y, para demostrar un probable descontrol financiero, exhibió planillas que, según aseguró, están referidas al cobro de los sueldos de Alcoba "que superan los $ 53.000", remarcó.

Tras calificar como grave a la situación de la comuna, Darouiche explicó que recurrió a empresas privadas "para que nos presten plata que nos posibilite pagar los sueldos, porque esa es una prioridad".

El intendente informó además que decidió crear "una comisión de verificación de deudas. Nos resultó llamativo que durante estos últimos meses no apareciera nadie de la consultora y solo quedaron los cheques de pago diferidos que habían sido librados a su favor, por lo tanto decidimos suspender esos pagos".

Aunque la facultad de fijar los sueldos es del Concejo Deliberante, que en Aguaray está integrado por ediles opositores a la línea del Ejecutivo, Darouiche manifestó que "se tomó la decisión de reducir el sueldo del intendente y la dieta de los concejales en un 40 %. Como no alcanza el dinero, le vamos a dar prioridad al pago de sueldos del personal, los servicios básicos, algunos temas menores y acción social".

El abogado Pedro Guillén, por su parte, explicó que "al ser convocados por el intendente comenzamos a evaluar las finanzas y nos dimos con una deuda diferida y contraída por la anterior administración. Que se hayan entregado pagos diferido para que los afronte la actual administración y más aún mediante cheques es, por lo menos, una situación anómala. Por lo tanto, esta comisión determinará en qué concepto fueron entregados a los actuales tenedores de los mismos".

Guillén fue terminante al aclarar que "si el tenedor puede acreditar que recibió el cheque en concepto de pago por la venta de un bien o la prestación de un servicio, no tendrá inconvenientes en cobrarlo. Pero si no puede acreditarlo, esos valores no serán abonados y en todo caso la situación será dirimida en el ámbito de la justicia, porque se trata de importes muy elevados".

Guillén contó que el intendente saliente, horas antes de dejar el despacho, "evidentemente se encontró con una chequera muy gorda y se dedicó a emitir cheques diferidos para que los pague este intendente, comprometiendo la actual gestión por una suma cercana a los 5 millones de pesos. Pero tenemos la casi certeza que de esa enorme deuda, gran parte de los poseedores de los cheques ni siquiera se van a presentar ante esta comisión para justificar los motivos que puedan avalar esos montos".

Guillén se refirió también "al asesor externo y comisionista de este municipio, contador Jorge Montoya, sobre quien tenemos acreditado que obtuvo más de 20 millones de pesos que bien podrían ser aplicados a obra pública o acción social. El otro agravante es que el contrato celebrado entre Montoya y Alcoba no pasó por el Concejo Deliberante, sino que se celebró entre el profesional y el Ejecutivo municipal, por lo que ahora ha sido revocado, sin perjuicio de que se inicien acciones penales para recuperar esos fondos".

El letrado remarcó "la actitud ética del intendente, quien se negó a cobrar la misma remuneración que percibía su antecesor y propuso un descuento para él y los concejales. Esperamos que los ediles acompañen esta iniciativa".

Darouiche, por su parte, cerró la conferencia anunciando que presentarán el proyecto de ordenanza ad referéndum del cuerpo para que finalmente se efectivice el descuento del 40 % de las dietas y remuneraciones de la planta política.