Los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del 2x1 a represores de la última dictadura fueron denunciados penalmente hoy por prevaricato (resolver en forma contraria a Derecho), mientras se le pidió al máximo tribunal que revoque su propio fallo mediante un "recurso de reposición in extremis" contemplado por la ley pero utilizado de manera poco frecuente.
La denuncia contra los jueces fue presentada por el abogado y exlegislador Marcelo Parrilli y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, bajo el número 5900/2017.
Parrilli sostuvo en su denuncia que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación.
La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
La denuncia apunta a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quienes avalaron la aplicación del 2x1 para Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.
Mientras, otro abogado, Daniel Igolnikov, interpuso hoy un "recurso de reposición in extremis", una herramienta contemplada en el Código Procesal aunque rara vez receptada por el máximo tribunal.
"Solicito que se revise por contrario imperio el referido resolutorio, suspendiendo su aplicación, atento a las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes", sostuvo la presentación.
El escrito, que ingresó por Mesa de Entradas de la Corte, reclama además que Highton de Nolasco no intervenga en la revisión. "La reposición in extremis es un recurso de procedencia heroica o excepcional, cuya interposición, sustanciación y resolución se corresponden con los parámetros legalmente previstos para el recurso de revocatoria, a través del cual se puede intentar subsanar yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial", explica el escrito.
Según juristas, como Jorge Walter Peyrano, la revocatoria in extremis fue generada originariamente para "impedir injusticias flagrantes producidas por resoluciones irrecurribles dictadas por tribunales de máxima instancia". Pero también se aclara que se requieren "cortapisas nítidas que impidan que el funcionamiento de una reposición in extremis donde no media una resolución irrecurrible se transforme en una estrategia para entorpecer la buena marcha del procedimiento".
Por otra parte, un exagente de inteligencia del Ejército, condenado a prisión perpetua por homicidios y torturas cometidos en el centro clandestino La Perla, solicitó la reducción de condena por el 2x1. Se trata del represor Arnaldo "Chubi" López, condenado en la megacausa La Perla.
Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo que descree de la reacción del Gobierno contra el fallo de la Corte y, con foco en el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que "les fue mal" por la crítica generalizada y "ahora se dan vuelta".
Además, insistió con que el fallo "fue preparado" junto a la administración central y ratificó la convocatoria a una protesta en Plaza de Mayo para este miércoles 10 de mayo.
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Los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del 2x1 a represores de la última dictadura fueron denunciados penalmente hoy por prevaricato (resolver en forma contraria a Derecho), mientras se le pidió al máximo tribunal que revoque su propio fallo mediante un "recurso de reposición in extremis" contemplado por la ley pero utilizado de manera poco frecuente.
La denuncia contra los jueces fue presentada por el abogado y exlegislador Marcelo Parrilli y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, bajo el número 5900/2017.
Parrilli sostuvo en su denuncia que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación.
La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
La denuncia apunta a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quienes avalaron la aplicación del 2x1 para Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.
Mientras, otro abogado, Daniel Igolnikov, interpuso hoy un "recurso de reposición in extremis", una herramienta contemplada en el Código Procesal aunque rara vez receptada por el máximo tribunal.
"Solicito que se revise por contrario imperio el referido resolutorio, suspendiendo su aplicación, atento a las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes", sostuvo la presentación.
El escrito, que ingresó por Mesa de Entradas de la Corte, reclama además que Highton de Nolasco no intervenga en la revisión. "La reposición in extremis es un recurso de procedencia heroica o excepcional, cuya interposición, sustanciación y resolución se corresponden con los parámetros legalmente previstos para el recurso de revocatoria, a través del cual se puede intentar subsanar yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial", explica el escrito.
Según juristas, como Jorge Walter Peyrano, la revocatoria in extremis fue generada originariamente para "impedir injusticias flagrantes producidas por resoluciones irrecurribles dictadas por tribunales de máxima instancia". Pero también se aclara que se requieren "cortapisas nítidas que impidan que el funcionamiento de una reposición in extremis donde no media una resolución irrecurrible se transforme en una estrategia para entorpecer la buena marcha del procedimiento".
Por otra parte, un exagente de inteligencia del Ejército, condenado a prisión perpetua por homicidios y torturas cometidos en el centro clandestino La Perla, solicitó la reducción de condena por el 2x1. Se trata del represor Arnaldo "Chubi" López, condenado en la megacausa La Perla.
Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo que descree de la reacción del Gobierno contra el fallo de la Corte y, con foco en el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que "les fue mal" por la crítica generalizada y "ahora se dan vuelta".
Además, insistió con que el fallo "fue preparado" junto a la administración central y ratificó la convocatoria a una protesta en Plaza de Mayo para este miércoles 10 de mayo.