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A partir de la denuncia realizada por los abogados David Arnaldo Leiva y Roxana Rivas Vázquez y Rosana Britez y la batería de pruebas acumuladas en el voluminoso expediente, el fiscal Eduardo Villalba y el jefe de la Procunar, Diego Iglesias, pudieron determinar que en las sospechosas resoluciones del exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, para liberar a narcotraficantes, tuvieron activa participaron los cuatro abogados acusados de integrar la organización. María Elena Esper, una letrada de 73 años, oriunda de Tarija (Bolivia), aparece como la principal operadora. Esper intervino como defensora de Marcos Antonio Mástaka, un camionero de Tartagal, que fue detenido el 16 de junio de 2014 con un cargamento de 68 kilos de cocaína, junto a Luis Alberto Vera, en el puesto de control de Gendarmería, en la intersección de las rutas nacionales 34 y 81. Además de la droga, al primero le secuestraron 485.000 pesos en efectivo y 13.500 dólares. Con el argumento de que el dinero incautado no era de Mástaka, sino de su pareja, Gloria Isabel Olmedo, la abogada reclamó la devolución de los montos en cuestión. La mujer refirió que los pesos y los dólares eran parte de una herencia familiar. Reynoso devolvió $300.000 a Olmedo con la promesa de que esta presentara los avales en 15 días, lo que hasta el momento no ocurrió. Meses después, el exmagistrado dispuso, a pedido de la defensora Esper, la prisión domiciliaria de Mástaka.
La misma abogada también intervino en tres causas relacionadas con el narco Guillermo Jaime Sarmiento, también oriundo de Tartagal. En marzo de 2010 se le imputó haber eludido un control de Gendarmería y por tenencia de moneda apócrifa y fue liberado el mismo día de su detención. El 11 de junio de 2013 Sarmiento fue apresado con un cargamento de casi 100 kilos de cocaína, junto a Pedro Eduardo Britez. Dos días después, a pedido de la abogada Esper, Reynoso dispuso la falta de mérito de los imputados y les otorgó la libertad. El 14 de agosto de 2014 Sarmiento volvió a caer detenido por causas de droga, junto a Raúl Silvestre Barroso. Luego de dictarles el procesamiento, Reynoso se inhibió de seguir actuando debido a una denuncia realizada por la pareja de Sarmiento. Según la mujer, el narco salía en libertad porque pagaba coimas al juez.
El abogado René Alberto Gómez quedó involucrado en una causa relacionada con la detención del empresario Pablo Raúl Vera, a quien se lo vinculó con el secuestro de un cargamento de 933 kilos, en junio de 2011. Con la intervención de Gómez como defensor, Reynoso dispuso la falta de mérito del imputado. A partir de los datos aportados por la abogada Roxana Rivas Vázquez, expareja de Gómez, de la investigación surgió que para lograr ese beneficio Vera entregó 700 hectáreas de la finca Mollinedo, ubicada en el departamento Rivadavia. Luego esa propiedad fue inscripta en Inmueble a nombre de Rosalía Candelaria Aparicio, hermana del César Julio Aparicio. Rivas Vázquez confirmó los aceitados contactos de Gómez y Reynoso y reveló que fue testigo de la entrega y trasferencias de importantes sumas de dinero entre ambos.
Los fiscales también le atribuyen al abogado Arsenio Eladio Gaona (cuñado de Reynoso) un rol crucial dentro de la organización. El letrado está sospechado de actuar como intermediario para que los narcos fueran beneficiados con su libertad. La hermana del detenido Iván Cabezas declaró que en el estudio de Gaona dejó $100.000 de coima. Dijo que era parte de los $600.000 que le exigían para liberarlo. Respecto al abogado Ramón Valor se le imputa haber sido el principal intermediario en la liberación del empresario Sejas Rosales y de otros narcos.