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En las reformas laborales impulsadas por el Gobierno no existen disposiciones destinadas a favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas; por el contrario, muchas de las disposiciones propuestas significan mantener algunas distorsiones de la legislación laboral solo en perjuicio de las pymes. No es culpa exclusiva de este gobierno, pero somos -prácticamente- el único país del mundo que no ha establecido una clara diferencia en el tratamiento laboral de entre la gran empresa y la pequeña. Por el contrario, con la reforma previsional que llevó a cabo el gobierno recientemente -inexplicablemente- se suprime una diferencia existente en los aportes a favor de las pymes -hasta esta reforma- estableciendo su equiparación gradual al cabo de cinco años.
No debe perderse de vista que en el componente de las pymes, especialmente de las micropymes, existe una alta tasa de trabajadores que -al quedar desempleados- se ven impulsados a crear un emprendimiento. Irónicamente, si el emprendimiento es exitoso rápidamente quedará expuesto a perderlo todo si resuelve contratar un empleado. Lo mismo le ocurre a los negocios más antiguos y que comienzan a tomar más dependientes. Lo cierto es que las pymes son merecedoras de protección social, no del mismo grado que la de un simple trabajador, pero sí que claramente las diferencie de la gran empresa. Aquí ocurre al revés, por ejemplo si una multinacional de la alimentación resuelve cerrar o achicarse, inmediatamente el Estado sale a ofrecerle subsidios, desgravaciones o incentivos para que mantenga las fuentes de trabajo. Mientras, el mercadito de Ramón o el todo rubro de Pedro tiene que hacer pininos para cumplir con la misma legislación que el hipermercado o como último recurso de subsistencia, activar la bomba de tiempo que significa contratar trabajadores en negro.
El blanqueo laboral
El Gobierno ha expresado que el primer paso de la proyectada reforma laboral sería dado en el tema del blanqueo laboral. Sin duda los protagonistas de esta acción serán los microempredendores pymes, ya que según datos del Ministerio de Trabajo el 80% de los trabajadores informales se encuentra en pymes de hasta cinco empleados. Pero el aparente beneficio que se les ofrece, además de injusto para los trabajadores puede convertirse en una trampa letal si no es acompañado de otras medidas legislativas. El Gobierno, que tanto aprecia el “gradualismo”, les hará pegar a las pymes un triple salto mortal: de golpe tendrán que pagar el salario de convenio (normalmente al trabajador no registrado se le paga mucho menos), con sus cargas sociales que duplican el monto del salario, cumplir toda la legislación laboral, pagar contribuciones sindicales, etc.; todo en un marco de inflación, recesión, aumento de tarifas, etc. Por su parte, el trabajador para ser “blanqueado” deberá renunciar a reclamar judicialmente por los años sin aporte y el monto que exceda de los cinco últimos y del salario mínimo. Pero esta “renuncia” -a no dudarlo- se convertirá en un nuevo dolor de cabezas para el pequeño emprendedor, ya que es altamente probable que la Justicia la considere violatoria de derechos constitucionales del trabajador. Eso sí, las altísimas indemnizaciones por falta de registración serán mantenidas en el proyecto, no para beneficiar al trabajador sino a la Anses.