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Hasta el próximo 15 de septiembre, el Gobierno nacional debe presentar al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto 2019, que contempla una fuerte reducción del déficit fiscal.
Lo que más preocupa de este presupuesto es que no estamos trabajando para aumentar los ingresos, la actividad y el empleo, sino la principal preocupación está centrada en cómo reducir los gastos.
Yo quiero confiar en que pronto cambiemos los objetivos y sea al revés.
Fin del gradualismo
El Gobierno se despojó del método gradualista y necesita disminuir drásticamente gastos para cumplir con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional en la firma del acuerdo por la asistencia financiera de 50.000 millones de dólares.
El ahorro previsto debe ser de $300.000 millones, de los cuales la Nación deberá aportar $200.000 millones y las provincias, el resto.
La discusión está planteada entre el Gobierno nacional y las provincias de cómo y en qué sectores se hará la reducción de los gastos con el menor costo político y social.
Con la eliminación del Fondo Solidario Sojero, los municipios son los que resultan más perjudicados a pesar de que el oficialismo sostiene que estos desequilibrios son compensados con mayor coparticipación por las constantes devaluaciones de nuestra moneda.
Esta decisión fue desencadenante de un gran repudio, enojo y desencuentro entre los gobernadores -especialmente de la oposición- y el Gobierno nacional; los primeros no descartan recurrir a la Justicia para anular esta decisión.
La semana pasada en nuestra Casa de Salta, en Buenos Aires, se reunieron varios ministros de Hacienda provinciales y áreas afines para analizar el estado de sus respectivas finanzas buscando que las disminuciones anunciadas sean las menos nocivas para sus economías y sus habitantes, y proponer alternativas a través del dialogo participativo a las pretensiones del oficialismo nacional para reducir los gastos.
Entre las propuestas realizadas por los funcionarios provinciales figuran ampliar la base tributaria con un trabajo mancomunado entre la AFIP y las direcciones de Renta locales, pretendiendo ajustar los controles sobre el impuesto a los bienes personales, entendiendo que en muchos casos los contribuyentes subvalúan sus declaraciones.
También proponen gravar con el impuesto a las ganancias a sectores que hoy no tributan, como las sociedades de fideicomisos del exterior, y mejorar los controles de las importaciones que provienen de supuestas zonas francas, por ejemplo.
Una baraja fuerte, pero difícil, que tiraron sobre la mesa es, con buen criterio federal, terminar con los subsidios al transporte que hoy suman los $50.000 millones (la mitad de lo que se pretende reducir a las provincias), siendo el 60% de ese subsidio gastado en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Hay que aclarar que ese monto solo alcanzaría a las empresas y al gas oil pero no a lo que el Estado destina al sistema único de boleto electrónico (SUBE).
La mala noticia
Fueron muchas las voces de quejas que se escucharon respecto a los ajustes planteados, tales como: "Estos recortes de la Nación nos impactan de lleno"; "Es dinero que utilizamos para incentivar la transformación de materias primas y generar fuentes de trabajo"; "Los ajustes los soportan los sectores más desprotegidos y con mas necesidades insatisfechas", pero en ningún caso mostraron desánimo y las observaciones realizadas fueron proactivas.
La desaparición de la coparticipación del Fondo de la Soja que recibían las provincias y municipios fue objeto de duras críticas no solo de los gobernadores y sus ministros sino también por los intendentes que se consideran los perjudicados en primer término.
Recordemos que también por medio de otro decreto del Poder Ejecutivo y para disminuir gastos, redujeron los reintegros a las exportaciones y la suspensión por seis meses de la reducción de las retenciones a los subproductos de la soja (aceites, harinas). Esto también fue motivo de críticas, ya que no se realizó un estudio integral para analizar los efectos que dejan las medidas implementadas en cada uno de los sectores, y muy en particular sobre las economías regionales, que necesitan estimular las exportaciones especialmente las pymes para generar un desarrollo armónico del país.
El debate
Los gobernadores también están discutiendo la composición del presupuesto, donde allí las posiciones son más intensas calificando a un grupo de estos en "más duros" por su postura en algunos casos llegando al rechazo de los ajustes implementados y los sugeridos y a otros como los "racionales", donde está incluido Juan Manuel Urtubey, que aceptan en un gran porcentaje los recortes; el mensaje que se escucha desde el Gobierno nacional al tomar decisiones y proponerlas en el presupuesto 2019 "es mantener la gobernabilidad por la difícil situación económica y fiscal por la que estamos atravesando".
Las provincias entienden que las medidas que se deben tomar serán las que menos impacto tengan entre los sectores más necesitados y aplicarlos a los que mejores ingresos y recursos poseen.
Desde esta perspectiva, podemos dividir a los gobernadores entre los que tienen sus cuentas fiscales en orden y por ello -al menos hasta ahora- no necesitan el auxilio de la Nación, dándoles mayor protagonismo en las negociaciones; y están los que no las tienen y dependen directamente de los recursos del gobierno central, ya que cada provincia tiene una realidad distinta.
Las condiciones
La situación de la economía argentina arrastra problemas estructurales. Desde 2011, cuando se instauró el cepo cambiario, imperan la recesión, la inflación, deuda interna y mayor pobreza, escenario al que ahora se añaden el endeudamiento externo sin sentido práctico, las elevadas tasas de interés, el tarifazo (que es un blanqueo de la realidad), la devaluación; y el aumento de la pobreza.
Son temas que preocupan y ocupan desde la economía, a los que se añaden errores de este Gobierno, como por ejemplo aumentar significativamente las Lebac (las Letras que emite el Banco Central de la República Argentina) con el tan mentado gradualismo y, ahora, tratar de reducirlas.
Suena a papelón. Seguir insistiendo con el aumento de esas letras del Central aumentando las tasas de interés dificulta el crecimiento por no percibir que la situación en el mundo cambió.
Lo cierto es que nuestro país tiene un déficit fiscal primario y secundario muy significativo y que la necesidad de financiamiento para el próximo año no se cubrirá con lo que nos pueda prestar el Fondo Monetario Internacional; será necesario recurrir a otras fuentes.
Para eso es necesario que se recupere la confianza en la economía argentina y alentar a que las inversiones regresen al país, lo cual no es nada fácil resolver: la historia económica de nuestros últimos setenta años habla por sí misma.
Para evitar males mayores, el plan de gobierno deberá pensar sus ajustes poniendo bajo protección a los sectores vulnerables, privilegiando la producción y poniendo un límite al “Dios Mercado”.