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En las últimas décadas se produjo una gradual expulsión poblacional desde las áreas más antiguas y consolidadas de la capital provincial hacia sus periferias y los municipios aledaños, porque las inversiones sociales habitacionales se rigieron por el criterio de producir la mayor cantidad de viviendas al menor costo inicial posible.
Los patrones de localización de los proyectos del Estado se orientaron hacia áreas periurbanas, tradicionalmente agrícolas y productivas, por el menor precio del suelo en comparación con los grandes vacíos existentes en las áreas urbanas consolidadas.
Los supuestos ahorros en la inversión inicial, sin embargo, se tradujeron en una transferencia de sobrecostos insostenibles en la prestación de servicios públicos esenciales (recolección de residuos, transporte de pasajeros, alumbrado, limpieza, mantenimiento y pavimentación de calles), como así también en obras de infraestructura (agua, cloacas, redes eléctricas, canales pluviales, defensas hídricas) y equipamientos de salud, educación, culturales y espacios verdes.
Los criterios de urbanización de emprendedores privados tampoco escaparon a la lógica economisista de optimización de la brecha entre los costos de localización y los precios de venta de las parcelas.
Fincas agrícolas fueron convertidas en loteos, barrios cerrados y clubes de campo que fragmentaron el patrimonio ambiental y urbano, a costa de disfuncionalidades que afectan al resto de la sociedad y particularmente a los sectores de menores recursos.
El crítico contexto socioeconómico del área metropolitana determina bajos niveles de recaudación de impuestos y tasas municipales. Con un creciente déficit viviendas, el 90% de la población demandante no puede autofinanciar su construcción ni acceder a créditos, con la consiguiente presión sobre el suelo rural y natural.
Los servicios e infraestructuras que obligan a extender los dispersos desarrollos urbanísticos plantean una insustentabilidad económica que impacta no solo en los recursos de los municipios, sino también en el presupuesto del Estado provincial.