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La declaración de emergencia económica y social, el desdoblamiento del dólar, las retenciones a las exportaciones agrícolas, el congelamiento de los despidos y el anuncio de revisión de la fórmula para calcular las jubilaciones forman parte de un paquete, aún difuso, con el que Alberto Fernández muestra la decisión de poner en marcha un cambio. La pregunta es si se trata de un proyecto reactivador de la economía y del empleo, o si en primer lugar se busca un cambio de humor en la sociedad.
Por lo pronto, el enunciado de las medidas carece de sorpresa: por ahora gira en el plano de los deseos y parece más un “déjà vu”, un recuerdo fantasmagórico de otras etapas de nuestra democracia. La tarjeta alimentaria es un paliativo que evoca, automáticamente a las cajas PAN. Desde los 80 hasta ahora, ¿Algún gobierno se preocupó seriamente por los indicadores nutricionales de los sectores de menores ingresos? Preocuparse no es sino manejarse con criterios sanitarios.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya reclamaba la declaración de emergencia alimentaria en 2016; entonces y ahora, ¿se está privilegiando el impacto de la palabra “hambre” para hacer política? ¿o realmente hay inquietud por asegurar que ese 25% de argentinos que viven en situación de exclusión, consuman una dieta equilibrada y nutritiva?
Lo mismo cabe preguntarse sobre la emergencia previsional. La fórmula original, ideada por Amado Boudou, tenía como propósito evitar que las jubilaciones crecieran más que los recursos del Anses. La reforma de 2017 apuntó a asegurar que no crecieran menos que la inflación. En el próximo aumento, los jubilados deberían cobrar un aumento que compense la disparada de precios que detonaron las PASO de agosto. Un gobierno que está dispuesto a buscar recursos de donde pueda ¿va a dar piedra libre al aumento jubilatorio?
Entre 2011 y 2015, el gasto público trepó del 24% al 42% en relación con el producto bruto interno. Ahora está en el 37% de un PBI alicaído. Y el ministro Martín Guzmán asegura que no hay ninguna posibilidad de ajuste del gasto. Y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostiene que “los que más tienen que ayudar a los más vulnerables”. Es cierto que en la Argentina hay una gran inequidad, pero Cafiero no debería pasar por alto que la capacidad individual de consumo es una cosa y la posibilidad de inversión en capital es otra.
Cuando se aumentan las retenciones a las exportaciones agropecuarias se está aplicando el criterio de “las joyas de la abuela” a un bien que está directamente vinculado a la inversión tecnológica en industria agroalimentaria. Cuando se desdobla el dólar para que “paguen los que tienen dinero para viajar”, en realidad se está desdoblando el cambio y devaluando el peso. Y entonces todas aquellas empresas que necesitan incorporar tecnología para abaratar costos y ganar eficiencia no lo hacen, y el crecimiento se atrofia. Y ni qué hablar de las personas que necesitan comprar en el exterior medicamentos y material terapéutico.
Si el Estado, como dice el ministro Guzmán, no tiene margen para ajuste, emisión ni financiamiento, el sistema impositivo no da margen para mayor presión tributaria.
La declaración de emergencia fue sancionada en 2002 y el gobierno kirchnerista la prorrogó durante toda la década ganada. Macri la suspendió en 2017.
¿Cuál es su secreto? La concentración de poder y la discrecionalidad del gasto en manos del Poder Ejecutivo nacional.
¿Y cuál su beneficio? Para el gobernante, disponer de mayor poder; para la ciudadanía, un estado de inestabilidad, con ciclos de ilusión y abismos de fracaso que, al cabo de varias décadas, dejan como saldo un país que podría ser supermercado y donde, sin embargo, hay un porcentaje dramático de personas que no llega a cubrir la canasta familiar.
Para Fernández, los días de gracia serán más breves que para sus antecesores; por ahora, la mayoría de los argentinos deposita confianza y esperanzas en su gesti