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Tras un acuerdo con los abogados de Luiz Inacio Lula da Silva, que se comprometieron a no hacer públicos los detalles de sus movimientos, la Justicia autorizó al expresidente brasileño a salir de la cárcel en Curitiba donde está preso para acudir, con escolta, al velorio de su nieto Arthur, de siete años, quien falleció ayer en la localidad paulista de Santo André, víctima de una meningitis meningocócica.
A diferencia de otros pedidos similares anteriores, los fiscales del Ministerio Público del estado de Paraná se expresaron a favor del pedido del máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), encarcelado desde abril del año pasado, condenado a doce años de reclusión por corrupción y lavado de dinero en una causa vinculada a la Operación Lava Jato. Y al final de la tarde, la jueza Carolina Lebbos, del 12º Tribunal Federal de Curitiba aprobó el viaje de Lula hasta Santo André, en las afueras de San Pablo.
El propio gobernador de Paraná, Ratinho Junior, también aceptó una solicitud de la Policía Federal para permitir el traslado del exmandatario en un avión oficial desde Curitiba hasta el Santo André. Hasta el aeropuerto de la capital paranaense, Lula y sus custodios serían llevados en un helicóptero que ya estaba desde temprano en el edificio de la Superintendencia de la Policía Federal, donde el expresidente está preso.
Antes, las autoridades judiciales, los abogados de Lula y la dirigencia del PT se pusieron de acuerdo en algunas condiciones: no sería divulgado el horario ni trayecto de Lula, y no se organizarían actos de apoyo a él ni en Curitiba ni en Santo André. El entierro del pequeño Arthur -hijo de uno de los cinco hijos de Lula, Sandro Luis- está programado para realizarse en este sábado al mediodía en el cementerio Jardim da Colina, en la vecina São Bernardo do Campo, el mismo donde está enterrada la exprimera dama Marisa Letícia, fallecida en febrero de 2017.
El pedido para que Lula salga de prisión se basa en una ley que permite a los presos visitar a parientes cercanos gravemente enfermos o asistir a sus funerales.
Esta sería la segunda ocasión desde abril en la que Lula sale de la sede de la PF en Curitiba, donde está alojado en una celda especial.
La primera fue en noviembre pasado, cuando fue llevado a prestar declaración en otro caso, en el tribunal de Curitiba.
Lula fue condenado (en una sentencia confirmada por un tribunal de apelación) por corrupción pasiva y lavado de dinero, como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a una constructora en contratos con la estatal Petrobras.
Y en febrero fue sentenciado además a 12 años y 11 meses por un tribunal de primera instancia, como presunto beneficiario de reformas en una hacienda de Atibaia -en el interior de Sao Paulo-, ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.
El exmandatario responde a otros procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una conspiración para impedirle volver al poder.