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La polémica por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas sigue sumando capítulos. En medio de las acusaciones sobre supuestas irregularidades y la denuncia por una firma apócrifa en la habilitación ambiental, la novia, Nicki Pocovi, habló con América TV y aclaró su rol en la organización del evento: ella únicamente contrató el servicio en un predio privado y confió en que los propietarios gestionaban todas las habilitaciones requeridas.
Pocovi explicó que el casamiento se realizó “en un espacio de propiedad privada que pertenece a la familia Soriano desde hace más de 60 años” y que el alquiler del lugar se hizo “directamente con ellos”. Subrayó que, según el contrato firmado entre ambas partes, es el propietario quien debe garantizar todas las habilitaciones necesarias, incluida la autorización ambiental.
“Nos confirmaron que el trámite estaba realizado”, afirmó la novia, quien remarcó que no es habitual que los clientes deban gestionar o verificar permisos que corresponden al dueño del inmueble. Según explicó, el acuerdo firmado establecía que los Soriano debían asegurar el cumplimiento de todos los requisitos administrativos.
Pocovi relató además que, antes del evento, se realizaron estudios de impacto ambiental y que durante la celebración hubo presencia de guardaparques “supervisando y brindando indicaciones para el cuidado del entorno en todo momento”. También detalló que se contrataron seguros de responsabilidad civil y medidas de seguridad ecológica.
La novia recordó que el predio es “de uso intensivo” y que desde hace años se realizan allí actividades diversas: filmaciones, eventos, visitas turísticas e incluso acontecimientos de gran escala como el Dakar. “Que un área sea protegida no significa que no pueda utilizarse, sino que requiere la autorización correspondiente”, explicó.
Sin embargo, el conflicto escaló cuando el secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazabal, aseguró que la firma que aparece en la documentación presentada “fue falsificada”. Tanto la Secretaría como la Municipalidad de Cafayate sostienen que no existió autorización oficial y apuntan a la documentación presentada por los propietarios del predio.
Pocovi insistió en que el casamiento se llevó a cabo bajo la convicción de que todo estaba en regla. Cuando la Secretaría de Medio Ambiente y la policía se presentaron durante el evento, constató que no había daños ni violaciones ambientales en el lugar, lo que refuerza —según la novia— que el evento se desarrolló de forma responsable.
Mientras avanza la causa penal para determinar responsabilidades, Pocovi pide que se clarifique un punto esencial: ella no gestionó las habilitaciones porque no le correspondía, sino que confió en los propietarios del lugar, quienes aseguraron tener toda la documentación requerida para realizar actividades en esa zona.