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Un sector de la docencia salteña sigue en pie de guerra para intentar "recuperar" el mayor gremio de la provincia, la Asociación Docente Provincial (ADP). Este sindicato quedó dividido y en el ojo de la tormenta luego de las denuncias por un desfalco millonario e irregularidades, que le costaron la cabeza a la secretaria gremial, Patricia Argañaraz.
El objetivo de este grupo de docentes es conseguir las firmas necesarias para convocar a una nueva asamblea extraordinaria, e ir por la remoción de la comisión revisora de cuentas, y la comisión directiva, mediante nuevas elecciones.
Paralelamente, los docentes dan otra lucha: la de las elecciones de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina -serán el 31 de mayo-, organismo sobre el que también pesan denuncias por irregularidades en la asignación de cargos a través de títulos falsos.
En la Justicia
Los docentes díscolos acusan lentitud de la Justicia en las causas en las que está involucrada Argañaraz y la propia ADP. Ellos ven -en este sentido- la mano del Gobierno que, en algún punto, protege a este gremio.
Carmen Venencia, de Tribuna Docente (brazo docente del Partido Obrero), realizó ayer por la mañana una nueva presentación judicial en la Fiscalía Penal II, en la que explicó y aportó datos del exadministrador de la ADP y primer denunciante en el caso, Raúl Argañaraz, hermano de Patricia. "Queremos que la Justicia dé una sentencia rápida, a la altura de las circunstancias, porque a nosotros nos urge sacar del sindicato a esta comisión que es cuasimafiosa, porque no permite la libre participación de los afiliados", aseguró la docente.
La polémica asamblea extraordinaria en la que se decidió expulsar a Patricia Argañaraz del gremio, realizada hace unas semanas en el complejo Nicolás Vitale, terminó con denuncias hacia la actual comisión directiva por negarle la posibilidad de hablar a los docentes que, aprovechando la oportunidad, querían expresarse ante sus cerca de 400 colegas allí reunidos. "No nos permitieron hacer uso de la palabra a nosotros que éramos un grupo numeroso que pedíamos que se abra la lista de oradores para que se aplique el artículo 30 del estatuto y se expulse a toda la Comisión Directiva", aseguró Venencia.
Para lograr el llamado a una nueva asamblea extraordinaria, los docentes, según lo que manda el artículo 7 del estatuto de la ADP, deben conseguir firmas del 15% de los afiliados. En total, son cerca de 14 mil afiliados a nivel provincial, por lo que necesitarían aproximadamente 2.100 firmas para remover la actual comisión directiva.
La CD está conformada por la secretaria adjunta, Viviana Figueroa; el secretario gremial y de Actas, Jorge Cerrutti; la tesorera, Ana María Cerezo; el vocal 1º Jorge Amaya; la vocal 2º Marta Salazar; el vocal 3º David Romero y el vocal 4§ Adrián Blas. Todos fueron parte del grupo de trabajo de Argañaraz.
Para Venencia y los docentes que piden que "se vayan todos", los miembros de la comisión "están todos seriamente implicados" en los hechos que se denuncian.
“Yo tomo el conocimiento del estatuto en el mes de noviembre, cuando por primera vez nos íbamos a reunir en comisión directiva. Esa primera reunión fue porque en octubre, la tesorera descubrió pagos exorbitantes a un estudio contable por $200 mil por mes. A la tesorera no le pareció bien e hicimos una reunión de comisión y Patricia (Argañaraz) se enojó. Ahí comenzó la campaña de desprestigio contra nosotros”, aseguró en otra oportunidad el secretario gremial Cerrutti, quien especificó que los balances de la ADP son anuales. Según Cerrutti, el primer cuestionamiento hacia los “números en rojo” de Argañaraz fue a fines del año pasado.
Sin embargo, a pesar de las observaciones y cuestionamientos, la comisión directiva, con Cerrutti y Cerezo a la cabeza, acompañaron a Argañaraz a una conferencia de prensa en la que desmintió a su hermano, quien había asegurado que el desfalco llegaría a 100 millones de pesos.
La grieta comenzó a notarse a principios de año en el gremio docente, cuando la comisión se despegó a medida que se iban sumando más denuncias contra la entonces secretaria gremial y organizaron reuniones sin Argañaraz. Lo que provocó el enojo de la denunciada sindicalista que salió al cruce con contradenuncias contra sus compañeros de gestión.
“Es falso lo que dijo Cerrutti, porque no solo se los acusa de desfalco. Argañaraz tenía que tener autorización de la tesorera para decidir sobre las cuentas del sindicato, si no sería un despropósito elegir una comisión directiva que no tenga ningún rol y que solo se reúna una vez al año, es totalmente falso”, insistió la docente Venencia, quien apuntó sobre todo a la tesorera. “La tesorera administra las finanzas del sindicato. Además, Marita Cerezo se hizo cargo antes del último mandato de lo que es tesorería, ella ha firmado documentación”, denunció sin vueltas.
En la lluvia de acusaciones, también se pide la remoción de la comisión revisora de cuentas “que es la encargada natural de controlar el patrimonio del sindicato y no lo hicieron”.
La causa en la Justicia
Venencia indicó que Raúl Argañaraz, exadministrador del sindicato y hermano de la exsindicalista, aún no fue llamado a declarar. “Son acuerdos políticos, la Justicia no es independiente, tiene fuertes vinculaciones con el Gobierno”, aseguró con frustración. Según la docente, existe una intención manifiesta de parte del ejecutivo provincial de mantener a la actual comisión al frente del mayor gremio de la provincia “contra viento y marea”.
“El Gobierno le ha permitido esto, las paritarias a la baja, la violación de nuestro estatuto que es el estatuto del educador, que se modifique el régimen jubilatorio”, señaló.
Las paritarias no quedaron aisladas de la discusión judicial. “Quedó claro en esta huelga que hicimos a principios del ciclo lectivo donde conseguimos un 38% de aumento, cuando los sindicatos habían firmado con el Gobierno un 23% para toda la administración pública”, agregó.
Tribuna Docente realizó una denuncia penal, luego de que explotara el escándalo. Denunciaron a los hermanos Argañaraz y al exdelegado Julio Barrios, quien reconoció haber pagado por un título falso. Las acusaciones son por desfalco, estafas, violaciones a los estatutos y las normativas vigentes, y por aprietes y hasta hostigamientos. También se incluye el cobro de coimas por designaciones a docentes y directivos.
Argañaraz también fue denunciada a principios de febrero por la docente Cynthia Vuistaz ante la oficina de Delitos Económicos Complejos por “enriquecimiento ilícito”.