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El conflicto venezolano se internacionaliza: mientras la Asamblea Nacional, surgida de las elecciones de 2015 y desconocida por el gobierno de Nicolás Maduro, aprobaba la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un centenar de partidos y organizaciones de izquierda, nucleados en el Foro de San Pablo, se congregaba en Caracas para respaldar al régimen "chavista".
Simultáneamente, el Grupo de Lima, reunido en Buenos Aires, en una declaración suscripta por los cancilleres de la Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, recomendaba adoptar sanciones adicionales contra el gobierno de Maduro y reclamaba la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar el informe emitido por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien en su carácter de Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos realizó una visita de inspección en la que verificó la veracidad de las acusaciones de la oposición sobre la persecución política imperante.
Cada uno de estos episodios está íntimamente interrelacionado.
La reincorporación de Venezuela al TIAR, cuya vigencia había sido denunciada por el "chavismo" en 2012, conjuntamente con Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, abriría la posibilidad, al menos teórica, de que ante una solicitud del gobierno legalmente reconocido, que para la Organización de Estados Americanos es el encabezado por el "presidente encargado" Juan Guaidó, los países signatarios del tratado acudan militarmente en su defensa.
El "informe Bachelet", que certifica que la represión en Venezuela ya cobró más víctimas que las registradas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, no será considerado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que el poder de veto de China y Rusia desestiman esa alternativa, pero torna sí más difícil una condena formal de la organización ante una eventual intervención militar fundada en la defensa de los derechos humanos y justificada legalmente en la aplicación de un tratado internacional.
El canto del cisne
Frente a estas nubes amenazantes que se ciernen sobre su horizonte, Maduro intenta oponer su propio sistema de solidaridad internacional y utiliza la reunión del Foro de San Pablo para denunciar la "conjura imperialista" para evitar que la oposición venezolana, que ya abandonó la esperanza de impulsar un recambio del régimen a través de una negociación con el Ejército, avance en la implementación de su "Plan B", nunca enunciado pero cada vez más obvio, de crear las condiciones para legitimar una intervención multinacional.
Pero el Foro de San Pablo ya no es lo que era antes.
La derrota del "kirchnerismo" en las elecciones presidenciales argentinas de 2015 y la destitución de Dilma Rousseff en Brasil en agosto de 2016 constituyeron un punto de inflexión para esa organización fundada en 1990, bajo la inspiración del Partido de los Trabajadores brasileño y del régimen cubano de Fidel Castro con el fin de rescatar a la izquierda latinoamericana del naufragio provocado por la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética.
En la actualidad, el Foro funciona solo en virtud del pulmotor cubano, las necesidades apremiantes de Maduro y el apoyo del gobierno nicaragense de Daniel Ortega, cuya subsistencia está subordinada a lo que suceda en Venezuela.
Tanto el gobierno boliviano de Evo Morales como el uruguayo de Tabaré Vázquez, cuyos partidos también integran la organización, prefieren mantenerse en un recatado segundo plano, tal cual lo hace el mandatario mexicano Andrés López Obrador, cuyo ascenso fue la única "buena noticia" reciente que alimentó las expectativas de supervivencia del Foro.
Para enredar aún más la credibilidad de esa tarea tendiente a reivindicar al régimen de Caracas, Maduro recibe críticas desde la izquierda venezolana. Un grupo de exdirigentes "chavistas", encabezados por el exdiputado Reinaldo Alfredo García Bravo, que formaron la Unidad Política Popular, hizo pública una carta abierta al Foro de San Pablo en la que señala que "la única redención posible de la llamada Revolución Bolivariana es su fin, para que pueda surgir un proceso político nuevo.
Lo que sucede hoy en Venezuela le ha hecho un inmenso daño a la izquierda mundial y latinoamericana y tienen que existir voces conscientes capaces de contribuir a su fin".
A Dios rogando...
Esta descomposición del régimen venezolano no implica automáticamente la aceleración de los tiempos de su caída.
El mantenimiento del apoyo militar generó una honda desilusión en la opinión pública, que hizo descender abruptamente la capacidad de movilización callejera de la oposición, mermada ya por el aluvión migratorio. Cuatro millones de venezolanos, en su inmensa mayoría opositores al régimen, han buscado refugio en el exterior.
Emerge entonces un escenario de empate. Ni el régimen puede garantizar su supervivencia en medio de la catástrofe económica ni la oposición está en condiciones de materializar su derrocamiento.
De allí que cobre relevancia la opinión de Abraham Lowenthal y David Smilde, dos analistas estadounidenses del Wilson Center, quienes señalan que “las soluciones para los conflictos duros son posibles, generalmente, cuando los principales actores de ambos bandos están convencidos de que negociar un cambio de régimen en términos mutuamente aceptables es preferible a un empate prolongado y destructivo, o a la potencial derrota del propio bando”.
Adquieren entonces cierta verosimilitud las versiones sobre los presuntos avances en las negociaciones reservadas que, bajo el patrocinio de Noruega, realizan en la isla caribeña de Barbados representantes del Gobierno y de la oposición, enmarcadas a su vez en las gestiones secretas protagonizadas por emisarios del Departamento de Estado ante sus interlocutores de China y Rusia y en los movimientos todavía más subrepticios de la diplomacia vaticana.
Trascendió que ambas partes habrían avanzado en un principio de acuerdo que, además de otorgar todo tipo de garantías de inmunidad judicial a los funcionarios del régimen y a los oficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad, contemplaría la convocatoria a elecciones presidenciales bajo supervisión internacional en el primer semestre de 2020, en las que competirían un candidato de la oposición, que podría no ser Guaidó, y un postulante del oficialismo, probablemente Héctor Rodríguez, un joven dirigente de 37 años, actual gobernador de estado de Miranda, bien visto por Maduro, pero considerado a la vez como un “renovador” dentro del régimen.
El propio Guaidó admitió que “están dadas las condiciones para una salida a la crisis”, aunque precisó que “nuestro rol es presionar en todos los aspectos posibles”. Dicho en otros términos, la reincorporación de Venezuela al TIAR y la variante de una intervención militar multinacional sería la alternativa no deseada pero inevitable frente al fracaso de esta solución negociada. A Dios rogando, pero con el mazo dando...