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El Poder Judicial de Salta informó oficialmente que la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicios de Metán, Carolina Poma Salvadores, rechazó el hábeas corpus colectivo y correctivo, interpuesto por dos defensores oficiales de ese distrito en representación del colectivo de personas privadas de la libertad en la Unidad Carcelaria 2 de esa localidad, y en las comisarías dependientes de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia, “por resultar improcedente”.
En la sentencia, exhortó a la Unidad Carcelaria 2 a continuar con los controles médicos diarios de los internos que integran el grupo de riesgo. También deberán llevar un registro donde se consignen los resultados de los controles médicos diarios, a los fines de prevenir o detectar de manera precoz cualquier sospecha de contagio de COVID-19.
Se recomendó, además, que cualquier ingreso que se realice al establecimiento carcelario lo sea conforme a los protocolos vigentes. Por último, deberá arbitrar los medios necesarios para el estricto cumplimiento de los DNU 260/20 y 297/20, como también de los memorándums y recomendaciones dispuestas conforme a los protocolos ya establecidos.
Para ello, dijo la jueza que “los motivos que llevaron a interponer el recurso no cumplen con las exigencias constitucionales para ordenar su procedencia, ya que esta vía, al igual que la del amparo, constituyen un procedimiento excepcional, residual y de concesión restrictiva, solo aplicable en aquellos supuestos de ilegitimidad y arbitrariedad evidentes, que no requieren amplitud de debate y prueba, ni que admitan otra vía legal apta”.
Un preso y 11 guardias contagiados
El Tribuno confirmó que desde que se inició la pandemia hasta el momento son 11 los guardiacárceles y un preso, quienes fueron diagnosticados positivo para COVID-19.
Debido a la situación, los defensores oficiales penales Edgardo Martínez y Jorge Colque interpusieron ante la Sala II del Tribunal de Juicios de Metán, a cargo de la jueza Poma Salvadores, un hábeas corpus colectivo y correctivo en representación de las personas privadas de la libertad en el penal metanense y en las comisarías dependientes de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia.
En la presentación señalaron la necesidad de tomar medidas urgentes y excepcionales, dando prioridad al derecho a la salud y la vida de las personas en contexto de encierro, en especial a la población considerada de mayor riesgo “ya que se encuentran en real e innegable riesgo de vida al haberse confirmado casos positivos de Covid-19 entre la población penal y el personal penitenciario”.
Solicitaron en consecuencia el cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de sus defendidos.
Argumentaron que la acción se enmarca en el lineamiento de medidas adoptadas por la Defensoría General de la Provincia desde marzo a través de distintos hábeas corpus y la creación de mesas de coordinación dirigidas a profundizar el monitoreo de las medidas de prevención adoptadas con el aporte de soluciones superadoras, a fines de minimizar cualquier posibilidad de contagio .