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La Cámara de Diputados otorgó anoche media sanción, con 55 votos a favor y uno en contra, un proyecto de ley para implementar el Sistema Provincial de Promotoras y Promotores Territoriales destinado a prevenir y combatir la violencia de género, diversidad y familiar en el marco de la legislación provincial vigente, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad social.
La media sanción fue otorgada tras un extenso debate, donde primó el consenso de la gran mayoría de los diputados al proyecto y esta posición opacó los muy pocos pensamientos disonantes, donde sobresalió el diputado, Andres Suriani, quien rechazó el proyecto en la votación en general.
Durante el transcurso del debate también quedó de lado la postura de los miembros de la comisión de Hacienda, que pretendían que el proyecto de ley se convierta en una mera declaración.
En este sentido se expresó el diputado oficialista, Javier Diez Villa, quien se refirió a crítica situación de la provincia y aludió al plan nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género, en el cual el Estado nacional invertirá $18.000.000.000.
En esta línea, desde la comisión de Hacienda se hizo notar que “la violencia no se combate con palabras, se combate con recursos y los fondos nacionales son necesarios porque la provincia sola no puede” y Socorro Villamayor abogó por expresar en la ley la necesidad de rubricar un convenio con el plan nacional.
Al momento del tratamiento en particular de este tema, esta posición generó un cruce entre la presidencia del cuerpo y la diputada Villamayor, quien se quejó porque no atendían sus pedidos para fundamentar la modificación que proponía.
Esta propuesta fue desarticulada a partir de remarcar que una ley provincial no puede estar sujeta a un convenio, que fue definido como una cláusula condicionante, y de subrayar que es necesario entender que la provincia de Salta ocupa uno de los primeros lugares de un flagelo social que va en crecimiento con alta incidencia por las restricciones de la pandemia.
La ley propone acciones para atender, prevenir e instalar como política de estado la eliminación de la violencia contra la mujer, como condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.
Determina que las promotoras y promotores territoriales tendrán como atribuciones: actuar como nexo entre la comunidad y todos los actores del ámbito público dedicados a la prevención, protección, contención y sanción de la problemática.
Además, difundir y capacitar sobre los derechos que le asisten a las víctimas de violencia familiar, de género y diversidad, acompañándola de ser necesario en la derivación y asistencia, conforme sea el caso, en coordinación con agentes de salud, asistentes sociales u otros profesionales intervinientes.
Generar un espacio de participación comunitaria a través de cursos, charlas, talleres y diversas actividades barriales de sensibilización y capacitación con el enfoque hacia la problemática, tendiente a desarmar los prejuicios y estereotipos, pretendiendo así la detección temprana de casos de violencia y su posterior acompañamiento.
Asimismo, llevar un registro de los casos de violencia de los que haya tenido conocimiento en su actuación, preservando la identidad y acompañando a las víctimas durante la instancia de denuncia-
El apoyo a la ley que propuso la diputada por Orán, Jorgelina Juárez, se basó en aceptar la realidad que la violencia contra las mujeres resulta una epidemia y se señaló que no puede soslayarse que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio ha agravado, como consecuencia no deseada, la situación de violencia de género padecida por infinidad de mujeres.
Si bien se recordó que en el 2018 la Legislatura provincial sancionó la prórroga por dos años de la ley 7857 de emergencia pública en materia social por Violencia de Género en toda la provincia de Salta, se puntualizó la necesidad de aceptar que sigue siendo un gran problema y que aún no fue resuelto.
Finalmente, después de casi cuatro horas de discusión, el proyecto de ley obtuvo la aprobación mayoritaria de la Cámara de Diputados con 55 votos a favor, uno en contra y pasó al Senado en revisión.