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El porvenir político de México está virtualmente en manos de la Justicia estadounidense. La detención, en Los Ángeles, del general Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusado de complicidad con el narcotráfico, profundiza un escándalo de dimensiones inéditas, iniciado en diciembre del año pasado con el arresto, en Texas, de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón (2006-2012, quien se había desempeñado como director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el mandato Vicente Fox (2000-2006). Sus derivaciones golpean a prominentes actores de la política mexicana y ensanchan notablemente el espacio de maniobra del presidente Andrés López Obrador.
Los testimonios recogidos en ambas causas judiciales sustanciadas en Nueva York salpican entonces a los tres ex presidentes aztecas del siglo XXI: Fox y Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), y Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Estas derivaciones procesales amenazan con arrasar con una característica especial del sistema institucional mexicano: la inmunidad de los ex mandatarios, consagrada por dos artículos de la constitución.
López Obrador, un "outsider" en el sistema político mexicano, promueve la derogación de esas normas constitucionales y aprovecha la oportunidad para colocar contra la pared a los dos grandes partidos tradicionales y mejorar la competitividad de su Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en las elecciones legislativas del año próximo, a fin de lograr una mayoría parlamentaria que le permitiría consolidar su poder y, según las sospechas de sus adversario, impulsar una reforma constitucional que habilite su reelección.
Cienfuegos está incriminado por delitos que pueden acarrearle entre una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de cadena perpetua. El memorándum de detención consigna que "el acusado abusó de su cargo público para ayudar al cartel H-2, una organización de tráfico de drogas mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos".
La fiscalía indicó que las pruebas contra el exministro incluyen miles de mensajes de Blackberry con miembros del cártel azteca que fueron interceptados por las autoridades. El H-2 se caracterizó por su estrategia de sobornos a funcionarios de las fuerzas de seguridad. El grupo tomó su nombre de su líder, Juan Francisco Patrón, apodado H-2, abatido en febrero de 2017. Según la fiscalía, Cienfuegos garantizó que no se lanzaran operaciones militares contra el H-2 mientras ordenaba a las Fuerzas Armadas que atacaran a las organizaciones narcotraficantes rivales.
García Luna es acusado de "tomar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", en una transacción que habría permitido a esa organización "operar con impunidad e infringir un daño devastador en Estados Unidos y en México". La cadena de televisión estadounidense Univisión revela que García Luna desvió cincuenta millones de dólares provenientes de esos sobornos a once paraísos fiscales.
La modalidad operativa de García Luna fue hacerse conocer como un implacable perseguidor de todas las organizaciones del narcotráfico mexicanos menos del cártel de Sinaloa, que le proveía además de información para combatir a sus rivales en el negocio. Esa característica le valió el otorgamiento de condecoraciones internacionales, incluida la Orden del Mérito de Colombia, concedida por el presidente Juan Manuel Santos, y hasta una distinción de la propia DEA por su contribución a la lucha contra el narcotráfico.
Final con suspenso
En el proceso judicial contra Guzmán, los testimonios bajo juramento del narcotraficante azteca Jesús "El Rey" Zambada, identificado como "jefe de operaciones" del cártel de Sinaloa, y del colombiano Axel Cifuentes habían revelado los estrechas vínculos entre esa organización criminal con Fox, Calderón y Peña Nieto. La investigación ubicó el comienzo de esa red de complicidades en enero de 2001, durante el mandato de Fox, con la fuga de Guzmán de la cárcel de Jalisco donde se encontraba detenido. Zambada manifestó que desde entonces había transferido 300.000 dólares mensuales a un alto funcionario gubernamental cercano al entonces primer mandatario.
En su alegato inicial en ese juicio, el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtmnan, sostuvo que Fox, Calderón y Peña Nieto habían recibido sobornos de su defendido. Los expresidentes reaccionaron airadamente y amenazaron demandar judicialmente al letrado. Tras la detención de García Luna, Lichtman les preguntó, a través de un tweet, si insistirían en su anunciado juicio por difamación.
Pero si los cargos contra García Luna patearon el tablero político, la detención de Cienfuegos implicó un terremoto en las Fuerzas Armadas mexicanas, al colocar bajo sospecha a los altos mandos del Ejército, que desde diciembre de 2006 desempeña un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico.
Esa función le había sido asignada por Calderón precisamente con el argumento de que la institución no había sufrido el grado de penetración de las bandas delictivas que carcomía a las fuerzas policiales.
Un factor que aumenta el clima de confusión dentro de esta trama propia de una novela policial es que la estrategia oficial de lucha contra el narcotráfico asumida por las autoridades mexicanas incluyó siempre la explotación de la rivalidad entre los distintos cárteles. En ese minué de alianzas y traiciones, la protección de ciertos manejos de algunas bandas a cambio de la delación de las actividades de sus competidoras formó parte de la reglas de juego. Los agentes encubiertos, que a veces terminan a mitad de camino entre ambos bandos, y las infiltraciones recíprocas son moneda corriente en un mundo clandestino en que nada es como parece.
Según las estimaciones oficiales, la mayoría de las decenas de miles de asesinatos de los últimos años corresponden a las peleas entre diferentes organizaciones criminales. Esa metodología oscurece la distinción entre las conductas legales e ilegales de los responsables de las fuerzas de seguridad. Es probable que estas modalidades escabrosas sean exhumadas por los abogados de García Luna y de Cienfuegos. Paradójicamente, esas revelaciones pueden afectar la imagen de los propios investigadores ya que la estrategia de atizar el enfrentamiento entre los cárteles fue avalada por la DEA, tentada a reducir costos mediante el aliento a la destrucción recíproca entre la bandas enemigas.
El carácter transnacional del delito de narcotráfico habilita a los tribunales estadounidenses a intervenir en lugar de la justicia mexicana en la investigación de las conductas de funcionarios aztecas. A su vez, las inquietantes revelaciones que surgen de las investigaciones sobre García Luna y Cienfuegos pueden impactar sobre figuras insospechadas de los tres últimos gobiernos y descabezar a la oposición a López Obrador. El resultado es que, en una demostración cabal de la transnacionalización del poder político, el futuro de México puede terminar definiéndose en las cortes de Nueva York.