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Para entender los entretelones de la situación venezolana cabe precisar la inusual paradoja de la coexistencia entre una economía en ruinas y una de las reservas petroleras más importante del planeta.
La lucha de la oposición por el restablecimiento de la democracia, que acapara la atención de los medios periodísticos occidentales, oculta las iniciativas subterráneas en el plano internacional puestas en marcha por el régimen de Nicolás Maduro con el objeto de superar el estrangulamiento económico y consolidarse en el poder, aún a costa de enterrar los últimos vestigios ideológicos del pregonado "socialismo del siglo XXI".
Una pista significativa sobre el sentido de estas maniobras de Maduro fue disparada por las denuncias derivadas de la reunión secreta celebrada en el aeropuerto de Madrid entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez (incluida en una lista de veintinueve altos funcionarios "chavistas" con el ingreso prohibido a los países de la Unión Europea) con José Luis Ábalos, Ministro de Fomento del gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez, del que forma parte PODEMOS, una formación izquierdista con publicitadas simpatías por la "revolución bolivariana".
Chavistas españoles
La extraña entrevista está vinculada con una versión propalada por la agencia de noticias financieras Bloomberg, que consignaba que Maduro habría ofrecido a las compañías petroleras internacionales que son contratistas de PDVSA (la empresa estatal que monopoliza la actividad petrolera), entre las que se encuentra a española Repsol, una participación mayoritaria en empresas mixtas que se encargarían de la explotación de los hidrocarburos venezolanos.
Como un aditamento que ilustra acerca de la íntima vinculación existente entre política, negocios y corrupción en las relaciones económicas entre el régimen de Caracas y otros gobiernos, el diario madrileño "El Mundo" proporcionó escabrosos detalles sobre el llamado "caso PDVSA", una investigación de la Fiscalía Nacional del Estado sobre una presunta maniobra de desvíos de fondos por 38 millones de dólares.
En la investigación judicial de estos hechos, perpetrados aún en vida de Hugo Chávez, están involucrados, entre otros, Raúl Morodo (exembajador de España en Caracas durante el gobierno del socialista José Luis Zapatero) y varios ex directivos de la empresa petrolera venezolana, entre ellos Juan Carlos Márquez Cabrera, quien se ahorcó en Madrid en julio pasado.
La oposición española destaca que Rodríguez Zapatero tiene un activo protagonismo en el canal de negociación diplomática abierto por Maduro para atenuar las sanciones económicas de la Unión Europea, en oposición al Grupo de Lima, impulsado por Estados Unidos. El ex primer ministro estuvo días pasados en Caracas para entrevistarse con el mandatario venezolano. Para aumentar las suspicacias, Delcy Rodríguez, la reciente visitante secreta de las autoridades españolas, participó de la reunión.
Los adversarios de Sánchez resaltan también que las campañas electorales de PODEMOS habrían recibido financiación "chavista" y que su presencia en la actual coalición gubernamental jugaría a favor del régimen de Caracas. La situación es tan delicada que Pablo Iglesias, líder de Podemos y segundo de Sánchez en el gobierno, tiene transitoriamente vedado el acceso a las reuniones de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) mientras no esclarezca apropiadamente la índole de sus contactos con el gobierno venezolano.
El "oro de Moscú"
Pero las ramificaciones de esta cuestión exceden de lejos el laberinto político hispano. En realidad, la participación de España y de Repsol en la explotación del petróleo venezolano puede ser apenas la punta del iceberg. El punto central de la estrategia "aperturista" de Maduro pasa por sus negociaciones con Moscú, que ya convirtieron a la empresa estatal rusa Rosneft en una pieza fundamental de la economía de la nación caribeña, una condición que ya desencadenó la adopción de represalias contra la compañía del gobierno de Washington.
Para el Kremlin, Rosneft es una "empresa estratégica". Igor Sechin, su director ejecutivo, es uno de los hombres de más íntima confianza del presidente Vladimir Putin. Rusia es exportador de hidrocarburos. Sus intereses en el petróleo venezolano son de carácter geopolítico y apuntan a crear una base propia en América Latina. Para ello, no vacila en otorgar créditos abundantes que cobra después en petróleo.
Por ese motivo, Rosneft fue desde un principio un aliado de Chávez. En tal carácter, adquirió un papel preponderante en la explotación de varios de los principales yacimientos venezolanos. Pero la penetración rusa dio un salto cualitativo cuando las sanciones norteamericanas a las petroleras que negociaban con Maduro hicieron que la empresa china CNPC y la india Reliance dejaran de comprar el crudo venezolano y abrieron un vacío que Moscú no dejó de aprovechar.
Los rusos empezaron entonces a actuar como intermediarios para la compra de petróleo venezolano, que revenden después a esas dos grandes economías asiáticas.
Así, Resneft quedó a cargo de la comercialización internacional de más del 50% de los hidrocarburos de Venezuela. Cuando Washington amenazó con aplicarle duras sanciones, la compañía respondió con la tercerización de esas operaciones a través de firmas subsidiarias.
Lo cierto es que, con la intervención de los rusos como intermediarios, Venezuela comenzó a recibir una cierta inyección de dólares por sus exportaciones petroleras, a lo que se agregan los US$ 4.000 millones anuales originados en remesas de divisas enviadas a sus familias por centenares de miles de venezolanos que huyeron del país.
Si bien estos ingresos distan de resolver la situación terminal que atraviesa Venezuela permiten un cierto alivio financiero sobre el que se monta una segunda maniobra de Maduro, en este caso de carácter doméstico, orientada a descomprimir el frente interno con un amago de liberalización económica, alentada desde el poder pero a través de la clandestinidad.
Esta “liberalización clandestina” se implementa a través del relajamiento de los controles estatales sobre los precios, la importación de productos y las transacciones cambiarias. Como sucedía en la Unión Soviética en los últimos tiempos previos al colapso del régimen comunista, en la economía venezolana coexisten un “socialismo en blanco”, conservado para cuidar las apariencias, con un “capitalismo en negro”, para evitar el estallido de una catástrofe siempre cercana.
La demostración más acabada de este “neosistema” es la acelerada dolarización “de facto” de la economía.
La consultora Ecoanalítica estima que la cantidad de dólares físicos en el país llega a unos 2.700 millones, mientras que la suma de los billetes en circulación más las cuentas corrientes bancarias ascienden aproximadamente a 900 millones de dólares. Según Bloomberg, los venezolanos logran hacerse de dólares a través de los envíos de sus familiares en el exterior o, quienes mantienen algún poder de compra, en las casas de cambio ubicadas del otro lado de las fronteras del país con Brasil y Colombia.
Con estas maniobras, Maduro intenta hacer frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos y conservar una base mínima de sustentación política a fin de afrontar lo que considera una nueva e inminente ofensiva de la Casa Blanca motivada en la necesidad acuciante de Donald Trump de anotarse un éxito político resonante en su campaña para la reelección.