Organismos de derechos humanos presentaron un recurso de amparo contra el régimen sancionatorio que se aplica a personas que incumplan el aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuestionan que no intervenga un juez y que no se garantice la posibilidad de defenderse o presentar pruebas.
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Organismos de derechos humanos presentaron un recurso de amparo contra el régimen sancionatorio que se aplica a personas que incumplan el aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuestionan que no intervenga un juez y que no se garantice la posibilidad de defenderse o presentar pruebas.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un recurso de amparo para pedir que el Gobierno de Salta deje de aplicar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 255/2020.
Este instrumento dispuso un régimen sancionatorio excepcional para quienes la Policía de la Provincia considere que están incumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de marzo.
"El DNU creó un mecanismo que pone en manos del jefe de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores. No prevé la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora", difundieron las organizaciones de derechos humanos.
Aseguraron que "cualquier persona puede ser condenada a una pena de arresto sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni controlar la que se presente en su contra", y que la posibilidad de impulsar un recurso judicial se da después de la condena, con lo cual se debe esperar la resolución bajo arresto.
"La privación de libertad es una medida desproporcionada y, al mismo tiempo, contraproducente para la prevención del COVID-19, ya que implica el encierro en comisarías, que suelen ser espacios reducidos y sin medidas de salubridad e higiene adecuadas", destacaron las organizaciones de derechos humanos.
La acción de amparo se inició el 21 de abril ante la Corte de Justicia de Salta. La demanda sostiene que "la imposición de una pena privativa de libertad como la que establece el DNU 255/2020 de Salta constituye, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad ambulatoria. Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas".
La acción también apunta que "la concentración de poder en cabeza de la Policía provincial prevista en el artículo 3 del DNU viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa".