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El mundo atraviesa una enorme crisis que está poniendo en riesgo la paz, las libertades, los objetivos del milenio (ODM-ONU) y nuestras metas constitucionales de bienestar y equidad.
Riesgos que se ciernen, cómo no, sobre la producción, el trabajo y la seguridad social de prácticamente toda la humanidad.
También en Salta las trabajadoras y trabajadores, las empresas, tanto como los sindicatos y las organizaciones de empleadores sufren las consecuencias de la grave crisis provocada por la pandemia. Claro que la magnitud de estos riegos y daños difiere según situaciones sectoriales, personales, o de localización y dimensión de la empresa.
Reglas y distribución de cargas
Razones sanitarias han llevado al Gobierno argentino a dividir a los trabajadores y a la producción en dos grandes grupos: uno, compuesto por quienes se desempeñan en las actividades vitales o esenciales. Otro, por los trabajadores en situación de licencia retribuida extraordinaria.
Para atender las primeras consecuencias de la megacrisis, el Estado nacional procura mantener los empleos (prohibiendo transitoriamente despidos y suspensiones), y los salarios (obligando a las empresas a pagarlos, pese a no recibir la contraprestación habitual).
Todo hacer suponer que este precario equilibrio habrá de extenderse hasta los últimos días del mes de mayo de este año.
Las urgencias en dos tiempos
Cuando observamos el panorama del trabajo y de la producción con una cierta perspectiva temporal, surgen dos preguntas: ¿qué sucederá de aquí a finales de mayo?, ¿qué ocurrirá después?
En lo inmediato, están emergiendo ya factores que obligarán al Estado a introducir correcciones y modulaciones: nuevas excepciones para rehabilitar la producción y el trabajo en determinados sectores y empresas; agilización y simplificación de trámites para acceder a las ayudas y ampliar el universo de beneficiarios.
En este corto plazo se suscitan, además, interrogantes: ¿podrán las micro y pequeñas empresas pagar los salarios pese a permanecer sin producir dada la emergencia sanitaria?, ¿podrán los trabajadores sobrellevar la caída de sus ingresos?, ¿qué sucederá con el poder adquisitivo de las jubilaciones y de las prestaciones asistenciales?
Parece evidente que las ayudas que hasta aquí ha dispuesto el Gobierno para el pago de los salarios son insuficientes. Y que -de prorrogarse un tiempo más la emergencia-, la práctica totalidad de las micro y pequeñas empresas salteñas y sus trabajadores no podrán mantener su producción ni sus salarios.
Si nada cambia, miles de trabajadores, emprendedores y microempresas locales sufrirán drásticas caídas en sus ingresos. Y centenares de empresas se verán amenazas de cesación de pagos y de otros irreversibles daños patrimoniales.
Los salteños hemos vivido otras crisis. Pero ninguna como esta. Una de las diferencias radica en que, en este caso, superada la emergencia sanitaria, la crisis económica, laboral y social recrudecerá y nos agobiará por un largo e incierto tiempo.
Por tanto, tenemos que prepararnos para una larga travesía.
Precariedad de las instituciones
El nuevo e imprevisto escenario está poniendo de manifiesto la debilidad de los sistemas de relaciones de trabajo y de seguridad social de la Argentina. Por supuesto, está revelando también la cortedad de las prestaciones nacionales y la pobreza de las reglas, instituciones y costumbres laborales que rigen en nuestra provincia.
El trabajo y la producción padecen -en Salta- las consecuencias de un Estado provincial ausente y obsoleto, como lo muestran la parálisis de la Secretaría de Trabajo (privada de elementos informáticos modernos y librada a la buena voluntad de sus empleados), el vacío en materia de formación profesional y la inexistencia de un marco de ayudas provinciales para mantener el empleo en la emergencia.
Las organizaciones representativas de trabajadores y empresas sufren -desde largo tiempo- las limitaciones del unitarismo que impera en sindicatos y cámaras patronales.
A su vez, las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) no parecen preocupadas por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y control.
Como si todo esto fuera poco, las relaciones de trabajo en Salta están cargadas de una rara mezcla de autoritarismo y paternalismo. El diálogo constructivo en el ámbito de la empresa y de los sectores no es la regla que impera a la hora de afrontar dificultades o resolver conflictos. Tampoco lo es el apego a la legalidad, como lo prueba el escandaloso porcentaje de trabajo no registrado.
La crisis como oportunidad
Sería de suma utilidad que los actores sociales salteños tuvieran presente la Recomendación 205/2017 de la OIT, cuando aconseja responder a las crisis asegurando el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley y de las normas internacionales del trabajo, y apuesta por el diálogo social dentro y fuera de los centros de trabajo.
Navegar en medio de la crisis y adoptar las medidas para superarla requiere, a mi modo de ver, de un fuerte y generalizado compromiso con la equidad.
Será inevitable repartir cargas y hacerlo con sentido solidario y responsable. Sindicatos y empleadores están, pues, convocados a sentarse a negociar, desde ahora mismo, el futuro del empleo y de la producción, adoptando recaudos que minimicen los daños humanos y patrimoniales de lo que se avecina.
A su vez, la Secretaría de Trabajo debería prepararse para un nuevo rol arbitral y de mediación, cuidando de que nadie se aproveche de la crisis ni de los resquicios legales para rehuir compromisos, escatimar derechos o castigar a la parte más débil de la relación laboral.
Debería preocuparnos que en Salta -de ser ciertas las denuncias de la CTA- los primeros indicios de incumplimientos vengan de algunas grandes empresas (Pluspetrol, Ingenio San Isidro, Barrik Gold y Terminal de Ómnibus).
Quienes sean capaces de analizar la coyuntura desde una visión del futuro próximo, deberían apostar por la constitución de comités mixtos (que reúnan a trabajadores y empleadores, dentro o fuera de las empresas) encargados de abordar los problemas de salud laboral, empleo y condiciones de trabajo. Y, sobre todo, para analizar, en el actual contexto, las suspensiones que autoriza el artículo 223 y a las que se ha referido mi distinguido colega Neil Bhler en estas mismas páginas (El Tribuno de 15 de abril).