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Los clamores salteños suelen ser mesurados (si cabe la contradicción). Y suelen tropezar con los oídos sordos de los destinatarios de nuestra cauta vehemencia.
La Corte de Justicia de Salta demoró largas semanas hasta hacerse eco del clamor de ciudadanas y ciudadanos, abogados y abogadas, trabajadoras y obreros, consumidoras y usuarios, vecinos y vecinas pidiendo la reapertura del servicio de Justicia.
¿A qué atribuir esta demora? Quizá a un poco de falta de sensibilidad, otro poco de tics autoritarios, algo de morosidad consuetudinaria, mucho de confort, y una cierta incapacidad para hacer frente a una emergencia de magnitud insospechada.
Una emergencia que ha venido a desnudar viejas y actuales carencias de nuestro muy costoso servicio de justicia, poniendo en evidencia también los errores de gestión de los altos magistrados responsables de la informatización, modernización y puesta a punto del servicio para hacerlo compatible con los nuevos tiempos.
Avance pausado
La lectura de las autosatisfechas memorias de la Corte de Justicia de Salta proporciona pistas suficientes para historiar el atraso y diagnosticar el problema.
En el año 2000, o sea hace 20 años, la CJS ya hablaba con entusiasmo del expediente electrónico y de la inminente llegada de las nuevas tecnologías. Por esos años, la Corte anunciaba su "Proyecto de Informatización de la Gestión Judicial" y la Secretaría de Informática proclamaba avances y éxitos.
Sin duda, el reemplazo de las viejas máquinas manuales de escribir por el sistema Word y la expansión de ordenadores de mesa y sus pantallas fue un avance. Pero mientras las nuevas tecnologías se renuevan a un ritmo vertiginoso, su incorporación a la justicia de Salta fue timorata, tardía, llena de vacilaciones y de largos períodos de experimentación (la prueba piloto de la notificación electrónica en el fuero laboral, duró años) impropios cuando se trata de una comunidad letrada.
Un intento de resultados inciertos
La Acordada 13.112 (de 8 de mayo) que decide, por fin, poner a juzgados y oficinas a funcionar en modo mixto -que combina nuevas tecnologías con momentos presenciales- es el intento más serio y estructurado que ha hecho hasta aquí la CJS.
Sin embargo los abogados que litigan en nuestros tribunales están detectando contradicciones, lagunas, silencios e incluso errores que la propia Corte deberá enmendar urgentemente.
En primer lugar, se echa en falta una mesa distribuidora única en cada Distrito que funcione de manera virtual. Como es notorio, las mesas de entradas de los juzgados -a las que puede ahora accederse por Internet- no admiten demandas nuevas.
La falta de medidas concretas para facilitar a todos los abogados litigantes y auxiliares el acceso a la firma electrónica, plantea un grave problema de seguridad jurídica y puede llegar a frenar el proceso de informatización.
Hay dependencias cuya informatización y conexión a las redes no se ha concretado o hay dudas acerca de cómo funcionarán: por ejemplo la Oficina de Notificaciones y la Secretaría de Superintendencia.
En los tiempos que corren la meta del expediente electrónico no apunta solamente a ahorrar papel (y bosques), sino a eliminar uno de los más peligrosos vehículos de transmisión del virus. De allí que sean atinados los reclamos de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial que exige garantías para la salud de sus afiliados y de quienes concurren a la ciudad judicial.
En este sentido, llama la atención que la Corte tienda su manto tutelar sólo a un sector de las personas que concurren a tribunales. ¿Cómo piensa la cúpula judicial resolver el conflicto entre el derecho a trabajar que tenemos los mayores de 65 años y nuestra condición de personas en situación de riesgo?
Informatización, con sabor a poco
Cabe añadir que el proceso de informatización, aun siendo positivo, se ha quedado corto. Si de lo que se trata es de acelerar trámites, eliminar papeles y pasos innecesarios, y reducir al máximo los desplazamientos, se hace necesario que el Poder Judicial habilite modos o canales de comunicación directa con las oficinas administrativas con las cuales interactúa: por ejemplo, Dirección de Inmuebles, Rentas, Secretaria de Trabajo, Registro Civil, Bancos.
El objetivo debería apuntar también a poner en modo virtual la circulación de oficios y cédulas y todas las comunicaciones entre Juzgados. Los "carritos de las Defensorías" cargados hasta el tope y que colapsan las mesas de entradas, han de eliminarse apelando a la informática.
Las dudas, a estas alturas, son muchas: ¿Cómo se pagará la tasa de justicia o el aporte a la Caja de Abogados? ¿Los oficios firmados tendrán que retirarse en cada mesa de entradas? ¿Cómo funcionará el Registro del artículo 133 del Código Procesal Civil (vital desde el punto de vista del derecho de defensa)? ¿El curso de los plazos procesales es compatible con la nueva distribución de días y horas?
El avance hacia la informatización del servicio plantea, además, un enorme desafío al "lenguaje judicial", muchas veces arcaico e inaccesible a los ciudadanos.
Pienso que también los modos de citar escritos o providencias que usan los jueces (centrado en el folio donde se ubican) han de cambiar si se quiere que las partes se orienten leyendo los textos insertos en Iurix.
Frases del tipo “proveyendo al escrito de fojas 322” o “según lo decretado a fojas 38, punto IV”, no brindan la información necesaria.
Caminando pasillos
Una solución sería, por ejemplo, identificar escritos por su fecha, encabezamiento y firmante. Respecto de los proveídos debieran citarse por su fecha y si acaso reproducirse en una cita a pie de página.
Tropezamos aquí con un asunto central: cuando el juez hace remisión a un escrito, decreto o resolución y el abogado necesita hacerse con ese dato, no queda otro camino que desembarcar en el tribunal e intentar ver el expediente clásico.
Pero esto, como lo sabemos quiénes frecuentamos la ciudad judicial, la más de las veces es imposible y se salda con la terrible frase “está adentro, vuelva usted mañana”.
La Corte tendría que pensar entonces en un mecanismo que permitiera a las partes pedir el escaneo de la información que necesita para ejercer la defensa y su envío a través de Internet.
Para el mejor inicio de la nueva fase mixta, la potenciación de la atención telefónica, una mesa de ayuda que oriente y resuelva problemas, escuchar al Colegio de Abogados así como a las personas que deseen hacer sugerencias o presentar quejas, suenan como imprescindibles.
Más diálogo
Dicho de otro modo: El abandono de la lejanía mayestática, la apertura al dialogo efectivo, y la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Corte, son compromisos que debería asumir desde ya nuestro más alto tribunal.
Bien haría el Poder Judicial de Salta si se situara en la senda de Acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 13 de abril del corriente año.