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A casi 800 km de Buenos Aires, dos ciudades enteras se levantaron para frenar el avance de lo que consideraban el avasallamiento de derechos (el de propiedad), el debilitamiento de alguno de los poderes públicos y su independencia (el judicial), y también por el aumento del riesgo de perder “democracia”, tal como la consagra la Constitución, y la aprendieron en el colegio. Creer que la defensa de una empresa como Vicentin justificó la automática y masiva reacción de “los gringos” de Reconquista y de Avellaneda es no entender, nuevamente, ni el problema ni a la gente ni al país.
Imposible no remontarse a 2008 y a los sucesos que disparó la Resolución 125 (de retenciones móviles). No hay forma de evitar las coincidencias, las similitudes, o los paralelismos. Lo que resulta increíble es que se vuelvan a cometer los mismos errores, en una clara demostración de no haber aprendido nada de aquella experiencia o, peor aún, desconociendo la idiosincracia de la sociedad, en especial, en los lugares más alejados de ciudades grandes, que son los primeros en reaccionar cuando lo que está en juego son los principios.
Ocurrió en 2008 y también ahora, y no fue “el campo”, fue -y es- la ciudadanía toda que sintió vulnerados derechos básicos, y en riesgo el futuro, incluida su cultura, mucho más preservada en esos lugares, que en la “gran ciudad”.
Obvio que la reacción fue inmediata y arrolladora, para sorpresa de varios funcionarios y legisladores.
Por supuesto también que Vicentin ahora, o la 125 hace más de una década atrás, son meras circunstancias, accidentes, o disparadores de algo muy profundo que subyace.
Lo cierto es que, por ahora, para el norte santafesino, lo que está en juego es muchísimo más que el destino de una empresa privada y el futuro de sus dueños; y por eso, la superficialidad e improvisación con que el Gobierno nacional pretendió imponer su decisión, en forma desprolija, sin prepararse, más como un antojo o capricho que como una decisión estructural, pensada y justificada, disparó el alerta automático.
Prácticamente ninguno de los argumentos oficiales es defendible, ni consistente, y varios son directamente falaces. Y esto sin considerar “la historia” y los resultados de las lamentablemente periódicas “estatizaciones”, “nacionalizaciones”, y otras yerbas recurrentemente fracasadas y que terminaron con un costo inmenso para toda la sociedad, sin que hubiera siquiera alguna forma de sanción para los responsables de haberlas decidido e impulsado. Desde la Maltería Quilmes, hasta Ciccone; desde Aerolíneas Argentinas hasta el Frigorífico Yaguané; desde la CAP hasta YPF; o El Albardón, por citar unos pocos casos, la historia de estas empresas a lo largo del tiempo constituye la crónica del fracaso.
Ahora para justificarlo se habla de “Seguridad alimentaria”... ¿En un país exportador de alimentos, y para una empresa que no vende productos terminados para los consumidores? También se menciona la “protección de los acreedores chicos”, la mayoría de los cuales ya habían celebrado acuerdos con la empresa, al punto que seguían entregándole mercadería.
Que decir de la “defensa de las fuentes de trabajo”, cuando el personal del grupo siguió cobrando regularmente hasta ahora.
Una empresa de “referencia” oficial, cuando el mercado funciona sin inconvenientes, está globalizado, tiene cotizaciones internacionales, y se supone que el Gobierno tiene los correspondientes organismos de control.
Si una empresa privada incurrió en irregularidades (con otros privados y/o con el Estado) para eso está la Justicia Comercial. De hecho, Vicentin en cuestión, está en una convocatoria bajo la órbita de un juez que es quien deberá dictaminar el alcance de la situación. ¿O el Poder Ejecutivo piensa que el Poder Judicial está pintado?
¿Qué hizo que el Grupo Agroindustrial litoraleño cayera en la mira oficial apenas 3 meses después de dictarse su convocatoria, cuando otras muchas empresas hace años que se debaten sin lograr la más mínima atención pública?
Sin embargo, quienes no se deben llamar a engaño, y que estuvieron directamente involucrados entonces, como el presidente Alberto Fernández (que era jefe de Gabinete); el diputado Martín Lusteau, ministro de Economía, o la expresidenta Cristina Fernández, en aquella época a cargo del Poder Ejecutivo, seguramente tienen frescos en la memoria aquellos hechos y el costo que finalmente tuvieron para todo el país.