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El caso del jubilado de Quilmes que mató a uno de los cinco asaltantes que habían entrado a su casa no debería ser motivo de polémica en las redes, sino de un análisis de fondo por parte de los legisladores que sancionan leyes contradictorias y se dejan llevar por las corrientes de opinión en boga.
Porque el fiscal que calificó el hecho como “homicidio agravado”, eligió una de las barajas que le brinda el abanico legal. Incluso, no se sabe cómo va a catalogar el hecho violento y alevoso protagonizado por la gavilla, y que concluyó con la muerte de uno de ellos.
El fiscal Ariel Rivas tenía muchas otras opciones, pero eligió la más dura. Quilmes es un territorio difícil. Al parecer, los agresores son barrabravas y nunca falta un hilo conductor entre esas asociaciones impunes, la dirigencia deportiva y la política, que no solo en el conurbano son parientes cercanos.
Aplicar la ley requiere sentido común. Una primera pregunta, ¿fue una decisión no condicionada la que tomó el fiscal?
Porque a simple vista, la muerte del asaltante fue resultado de un estado emocional fácilmente explicable que dominó los actos de la víctima del robo. Cuando salió con el arma, Jorge Ríos corrió un riesgo enorme, porque enfrentaba solo a cinco criminales. Defensa propia y emoción violenta, prima fascie.
Pero existen otros datos importantes. Los parientes del asaltante muerto parecen haber naturalizado la “violencia en banda y en poblado, con escalamiento” como un modo legítimo de ganarse la vida. No es extraño. Hay una corriente ideológica, que se supone progresista, que se empeña en “criminalizar la pobreza” al convertirla en pretexto para volcarse al delito. Un divulgador mediático de esa corriente, Leandro Santoro, salió ayer a acusar a la ex ministra Patricia Bullrich por solidarizarse con el jubilado atacado.
La realidad lo desmiente. Ayer mismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una muy tensa reunión con los intendentes y con el ministro Sergio Berni, aseguró que ha bajado el delito en la jurisdicción pero, al mismo tiempo, prometió un refuerzo presupuestario para la policía que hace pensar casi en una militarización.
Es que es falso el supuesto: los intendentes del conurbano no solo saben que la delincuencia ha crecido, sino que piden la presencia del Ejército en las calles.
Pero la acusación de Santoro y de los kirchneristas contra Bullrich, por la “doctrina Chocobar” queda destrozada por la gestión Kicillof: 49 supuestos ladrones ya fueron abatidos por policías bonaerenses este año. Solo en junio, 17. Durante toda la gestión de Bullrich, el promedio mensual era de tres o cuatro casos.
Hay dos posiciones que distorsionan el ejercicio de la Justicia: por un lado, las que piden escuadrones de la muerte y apoyan la idea de que la gente haga Justicia por mano propia. Por el otro, están los que piensan como Santoro, los que celebran que el jefe del servicio penitenciario se disfrace de hombre araña para una fiesta carcelaria.
Esta es la encrucijada: gobernar, legislar, hacer política es mucho más que jugar juegos dialécticos.
El llamado “garantismo” es una falacia: las garantías están en la Constitución nacional. Garantías para el ciudadano, es decir para los criminales y para las víctimas. Garantía no es sinónimo de “impunidad”.
Es tan falaz esa militancia que ninguno de ellos ha levantado la voz contra la liberación de un policía que mató a un supuesto asaltante de 18 balazos en la Isla Maciel. Siguen hablando de Chocobar. La realidad es mucho más compleja.
El otro antagonismo ideológico es el que nace del actual naufragio social. Unos acusan al neoliberalismo y otros al populismo. Lo cierto es que, con los indicadores de pobreza, desempleo, dependencia de subsidios del Estado y debilidad educativa de estos días, hay que empezar a decidir cómo salimos del pozo.
La vida es sagrada, y la ley del far west, inadmisible. Por eso, es imprescindible que el Estado permita diferenciar con claridad, inequívocamente, lo que se entiende por “ganarse la vida”, trabajando o asaltando. Porque no está claro.