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El Presidente presentó un proyecto de reforma judicial. Tal vez era muy alta la expectativa de quienes tenemos interés en el funcionamiento de la Justicia, si tenemos en cuenta de que hace décadas debatimos sobre la crisis de su funcionamiento, sobre la necesidad de forjar una Justicia independiente, accesible, ágil, equitativa, transparente, abierta y eficiente.
El anuncio consistió finalmente en dos puntos relevantes: la creación de la Justicia Federal Penal y de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Ni una palabra en la reforma presentada sobre el impostergable problema del acceso a la Justicia, no resuelto hasta ahora, y que afecta sobre todo a la población más vulnerable. La Justicia Federal es hoy para quienes pueden costearla. La mirada al sistema judicial desde los que menos tienen y necesitan de un servicio de Justicia con acceso igualitario deberá seguir esperando.
De la misma manera tiene que esperar una perspectiva federalista: litigar desde las provincias es caro y dificultoso, quebrando esas bases igualitarias en el acceso.
La reforma presentada está muy lejos de una transformación en la que la ciudadanía pueda depositar confianza. Orientar toda una reforma judicial a eliminar las prisiones preventivas de la clase política es un objetivo mezquino que no solo dilapida la posibilidad de una reforma, sino que deslegitima por completo la iniciativa. De concretarse, habremos perdido una nueva oportunidad de reconstruir el funcionamiento de nuestra Justicia.