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Hoy se cumplen nueve meses de la presidencia de Alberto Fernández. Y el de ayer fue el día en que su autoridad se vio más erosionada; a tal punto que él mismo insinuó que la protesta de los policías bonaerenses en las puertas de la residencia de Olivos era una amenaza a la institucionalidad, aunque lo corrigió sobre la marcha. Fue una jornada negra para la democracia.
Axel Kicillof se mostró desbordado por la insubordinación policial en su distrito, y casi refugiado en la quinta presidencial.
Los agentes de la Bonaerense vienen generando protestas desde hace varios días, y lo mismo ocurre con las más discretas policías municipales.
Más allá de que la movilización en Olivos es totalmente improcedente, y que la policía no tiene derecho a realizar estas medidas de fuerza, la situación salarial de todo el personal del Estado de la mayor provincia del país muestra signos de atraso y malestar.
El Presidente quemó las naves cuando invitó a tres interlocutores a dialogar y los manifestantes le exigieron que saliera él a la calle. ¿Por qué Fernández y no Kicillof?
Luego, en el discurso por cadena nacional, el jefe de Estado reconoció la legitimidad de los reclamos policiales, al lado del gobernador que poco antes había reincidido en su hábito de buscar culpables en el macrismo, para desacreditar la protesta. Y finalmente asumió la decisión de resolver él un problema de jurisdicción provincial.
Verdades a medias
La crisis precede a la pandemia, es cierto, pero no se resuelve con pases mágicos.
El cuadro comparativo entre la situación social de la CABA y la provincia de Buenos Aires muestra un desequilibrio similar al que se registra entre los barrios privilegiados de cada municipio del Conurbano y sus periferias.
La estadística sirve para entender la realidad, o para dibujarla. El gasto per cápita de la CABA en materia de seguridad es desproporcionado con respecto a la provincia, pero es equívoco: los $16.901 (contra $6.702) se establecen calculando una población de tres millones de habitantes, pero en esa ciudad ingresa cada día otros tres millones de personas, en su mayoría, bonaereneses.
El desequilibrio no es solo en un rubro ni se debe a la pandemia. Y tampoco se resuelve con pases mágicos.
Fernández resolvió, en forma inconsulta y de dudosa legalidad, quitarle un punto de coparticipación a la ciudad que gobierna su adversario Horacio Rodríguez Larreta para auxiliar a su debilitado aliado Kicillof.
El ministerio de Economía de la Nación informó que, en la primera quincena de agosto, el Gobierno bonaerense percibió, en concepto de coparticipación $19.241, 5 millones, casi 5.800 millones más que un año antes, es decir, un incremento de 43.1%. Ese fue el promedio para todas las provincias. La CABA tuvo, en el mismo período, un incremento de 25.6%.
Las decisiones tributarias, en el sistema institucional, se resuelven en el Congreso. El problema es que el Congreso no funciona como tal.
Un país desequilibrado
La magia tampoco modifica la historia.
El desequilibrio distributivo en el seno de la sociedad nace del desequilibrio estructural del país, que se viene profundizando desde hace décadas y que va mucho más allá de la coparticipación.
La concentración poblacional en el conurbano se debe a políticas nacionales que desalentaron la radicación en las provincias. Echarle la culpa al gobierno radical de Raúl Alfonsín por haber menguando el ingreso de la gobernación bonaerense es un ardid para pasar por alto experiencias como el Fondo del Conurbano, 650 millones de dólares anuales que aportaron las provincias durante cuatro años y cuyo resultado fue mayor aglomeración humana en esa zona. La política de las intendencias para alentar las radicaciones precarias fue sistemática, al punto que hay amplias zonas donde los pobladores no pagan luz ni servicios.
El argumento del Presidente pasa por alto también que desde 2001 hasta la fecha (salvo en 2018 y 2019), el Congreso cedió sus atribuciones (como representante del pueblo y de las provincias) y aprobó la declaración de emergencia que otorga al Poder Ejecutivo Nacional el manejo discrecional del presupuesto. Kicillof, que ayer compartía con la mesa en Olivos, fue ministro de Economía de la Nación, cuando Daniel Scioli era gobernador y, a pesar de esa discrecionalidad presupuestaria de que gozaba, los problemas bonaerenses eran más o menos los mismos.
Señales políticas
En las provincias no hace falta explicar que en Puerto Madero, Palermo y Recoleta, en San Isidro, Pilar y Tigre se vive como en un país europeo, mientras que en Rivadavia, San Martín, Orán o la puna el progreso no llegó. También, que la franja central del país tiene mejores ingresos, calidad de vida y trabajo que el Norte Grande.
Pero al detraer un punto de la coparticipación de la gran ciudad, el país no avanza hacia un modelo federal. Más bien, el Presidente parece estar sacrificando su pequeño capital político propio, el peronismo porteño, para ofrecer un gesto de simpatía al gran bastión kirchnerista.
El desenlace
Es prematuro saber si la revuelta policial se apaciguará cuando le mejoren el escalafón.
Pero hay razones subyacentes que no pueden ignorarse en este conflicto. La confrontación de la ministra nacional Sabina Frederic con el ministro provincial Sergio Berni pone en evidencia diferencias profundas, ideológicas, políticas y éticas. La ambivalencia del gobierno en torno del rol policial genera un estado de ánimo que va más allá del salario. La muerte de Facundo Astudillo Castro, cuyas causas se desconocen, pero que generan sospechas de violencia policial en el marco de la cuarentena volvió a poner a toda la Bonaerense a la defensiva. En esa provincia, el despliegue del ministro Berni lo muestra con una autonomía que perturba al gobernador y a los intendentes. Aunque hacia afuera los jefes comunales pretendan minimizar el problema de la delincuencia, lo cierto es que para ellos es una cuestión de la máxima importancia (electoral) cuyas policías locales no resolvieron. Tanto es así que, apenas se estableció la cuarentena se multiplicaron los reclamos para que la Gendarmería y el Ejército desplegaran su personal por el Conurbano.
La institucionalidad no estuvo en riesgo, por cierto; pero lo que ocurrió ayer es que las instituciones no están funcionando como se esperaría.