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El bienestar de un país se mide por la salud de sus instituciones.
Las estadísticas o las cifras técnicas no son más que la superficie, la consecuencia de una dimensión mucho más profunda: la falta de seguridad jurídica y Estado de Derecho. Lo que parece etéreo aflora con dimensiones muy concretas en tiempos de crisis.
El problema de Argentina es mucho más que emisión descontrolada, un déficit alarmante y niveles de pobreza que debieran dejar sin sueño a cualquiera.
Tampoco bombas de humo disfrazadas de ideas bonitas, como el cambio geográfico de la capital. Se trata de una enfermedad institucional crónica, que ha desfigurado los derechos y obligaciones más elementales, y nos tiene, desde hace décadas, "sobremuriendo" en un mar de anomia.
El Consejo de la Magistratura es la representación más cabal del intríngulis que, además, permite encuadrarlo temporalmente: la reforma constitucional de 1994, donde un pacto polémico introdujo un cáncer institucional, la reelección presidencial (que se extendió a gobernaciones e intendencias), a cambio de la implantación de instituciones extrañas a nuestro sistema, como el Consejo de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Una institución es la célula madre del orden jurídico, resultado de años y años de ejercicio social a todo nivel, que da lugar a su aceptación por consenso y no por imposición.
Es el caso del Derecho natural, por ejemplo, confluencia del sincretismo de las ideas estoicas de origen griego y el derecho de gentes, que se aplicaba a los que no eran ciudadanos romanos, y todavía hoy ilumina desde la patria potestad hasta la equidad, concepto neurálgico que dota al sistema de elasticidad para saltear el "dura lex sed lex".
El Consejo representa desde su origen todo lo que no hay que hacer. Se quiso reemplazar un sistema de trueque de favores políticos para la designación y remoción de los jueces, y se impuso, desde una idea noble, algo peor. Claro que hubo bienintencionados que, en medio de saltimbanquis políticos disfrazados de académicos y representantes de jueces, intentaron que funcionara adecuadamente. Pero fue lo peor de la política la que terminó perfeccionando el régimen prebendario de favores en éste nuevo ámbito. Y alcanzó su cenit con una ley que parió un esquema para que el poder de turno maneje las atribuciones que son la base de la independencia del poder judicial.
Después de más de dieciséis años de un cansino transitar por la justicia, la Corte Suprema dictó la inconstitucionalidad de esa ley. Los efectos son enormes: el nuevo presidente del Consejo será el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y se restaura el equilibrio constitucional, dónde la representación política tiene menos peso.
Es una sentencia tardía, sin dudas, pero no deja de ser un mensaje jurídico cargado de sentido político, que abre un rayo esperanza para todos los que creen que la única salida para el país es un sistema institucional poderoso, empezando por el Consejo de la Magistratura y su rol principal, la designación y remoción de jueces.