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El ataque a pedradas en Chubut contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a su comitiva de ministros es un hecho muy grave que no debió ocurrir y que debe ser investigado con absoluta seriedad.
Menos grave, por supuesto, que el arrasador incendio que el Gobierno considera intencional -con fundamentos- y que cobró dos vidas, además de arrasar 50 mil hectáreas y destruir las viviendas y las fincas de centenares de familias.
Resulta inexplicable que con la cantidad de dinero que el Gobierno asigna a las tareas de inteligencia nadie haya previsto ni los incendios ni el ataque, y que tampoco haya precisiones consistentes sobre su origen.
El incendio de campos es una metodología habitual en los autopercibidos mapuches, un grupo de activismo violento que ha contado hasta ahora con el apoyo político de funcionarios kirchneristas. Baste recordar el caso Maldonado. Los focos de fuego fueron colocados estratégicamente por manos expertas, según las autoridades. Pero, ¿quiénes fueron?
No extraña que el incendio haya sorprendido al ministro Juan Cabandié, un inexperto en materia ambiental. Sin embargo, a su cargo está el régimen de control de fuego, cuyo presupuesto se redujo sustancialmente este año, es quien debería haber asumido las tareas de prevención y, ahora, el esclarecimiento del siniestro que él mismo denuncia.
La ausencia de un diagnóstico puede significar que no saben quiénes fueron, o que no quieren saberlo.
El ataque al Presidente también evidencia otras imprevisiones. Ayer el ministro Eduardo de Pedro responsabilizó al gobernador Mariano Arcioni por haberse sumado a la comitiva a pesar de la indignación que se percibía en los pobladores de la zona de Lago Puelo. También ese mensaje denota, al menos, la ausencia de una mirada objetiva. ¿Un presidente visita una provincia y considera que el gobernador es un impresentable?
¿Alguien puede creer que los agresores confundieron a Fernández con Arcioni, que no estaba en el utilitario?
¿Es posible suponer que los movimientos antiminería van a agredir violentamente a un presidente y sus ministros?
Los cinco detenidos e identificados, pero luego liberados son sindicalistas vinculados al Ministerio de Educación.
Para el Gobierno la culpa la tiene Arcioni. Y cinco gremialistas marginales.
Chubut tiene 225 mil km cuadrados y 630.000 habitantes. Desde que el actual gobernador sucedió a Mario Das Neves, esta provincia, la tercera en superficie en el país, y con un enorme potencial de recursos mineros y turísticos, parece al borde del naufragio.
La única razón que ha evitado la salida del mandatario es la generosa ayuda del Gobierno nacional, tanto con Mauricio Macri como con Fernández. Sin embargo, los alumnos de las escuelas públicas no tienen clases desde hace tres años, lo que significa una catástrofe social de enorme magnitud.
Hasta ayer Arcioni era un amigo, socio político de Sergio Massa y peronista permeable.
Hoy es alguien de quien conviene tomar distancia. Es el gobernador de una provincia incendiada, descalificado por el ministro político mientras que el Presidente apela a un mensaje pacifista. “Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente”.
No es exactamente lo que percibe la opinión pública.
La crisis social y la pandemia constituyen escenarios críticos en los que todas las autoridades, y especialmente el Gobierno nacional, deberían transmitir serenidad y calma, pero ocurre todo lo contrario. La búsqueda constante de culpables, siempre adversarios convertidos en enemigos, empresarios más o menos prósperos o íconos del pasado o del exterior, y la ineficiencia para explorar la realidad de cada punto del territorio son una combinación nefasta.
Es cierto que desde hace mucho tiempo el Gobierno observa la fragilidad de Arcioni. Chubut es un caso testigo de un sistema económico y social de provincias que no logran disponer de ingresos propios, no generar empleo y el Estado se convierte en distribuidor de subsidios cuyo correlato son los votos.
En octubre pasado, y luego de haber gastado las ayudas del Tesoro y un crédito en dólares para obras públicas que debió aplicarse a sueldos, Chubut debía sueldos de agosto y septiembre y el medio aguinaldo. Con un déficit mensual de 2.700 millones de pesos.
En Chubut, como en cada una de las provincias hay problemas serios que no se resuelven con pedradas, pero tampoco con retóricas alejadas de la realidad.
Chubut y Formosa, con distintos perfiles, son señales de alarma de una crisis que, si son desatendidas, solo se profundizará cada vez más.