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La pobreza y la desocupación se han multiplicado en casi todo el mundo durante el año pasado como consecuencia de la pandemia, siendo el empleo la principal variable de ajuste especialmente en nuestro país donde los mecanismos de protección del trabajo son endebles o inexistentes, mostrando una vez más la debilidad del mercado laboral argentino.
¿Cómo va a ser la recuperación de la crisis económica? Esta pregunta desvela a la economía mundial. Y en esa agenda también entra la economía argentina. La economista del FMI Gita Gopinath aconseja "respaldo con características de capital para las empresas viables", "marcos de reestructuración extrajudicial para acelerar las eventuales quiebras" y "dedicar recursos para ayudar a los niños a recuperar el tiempo de instrucción que perdieron durante la pandemia". A simple vista, nada que condiga con las amenazas a las empresas exportadores pronunciadas por la secretaria de Comercio, Paula Español.
"Cuidar la mesa de los argentinos", como dice el presidente, requiere mucho más que control de precios, presiones insostenibles a la industria ni castigo impositivo: requieren un plan de gobierno.
Debacle social
El aumento de la pobreza se agravó como consecuencia de la crisis de la pandemia que provoco en Argentina la caída drástica del mercado laboral, hoy virtualmente quebrado.
Las cifras son apabullantes. Entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, el porcentaje de "pobres" por ingresos pasó del 35,5% al 40,9% y ya en la segunda mitad del 2020 se ubicó en el 42%, estimado que en Salta es mayor ese porcentaje ya que estos números fueron tomados solamente en capital sin computar el interior de la provincia. Sobre 28.5 millones de habitantes que viven en las áreas censadas, el 42% (11.970.000 personas) no tienen acceso a la canasta básica. Y el 10,5% (2.992.500 personas) son indigentes. Es decir, la estadística no toma en cuenta a casi 17 millones de personas que viven fuera de los 30 núcleos urbanos que Indec.
A partir de la recuperación económica y laboral producida en nuestro país a fines del 2020 se notó una moderada disminución de la pobreza, pero la situación social que nos deja esta crisis es alarmante. Una realidad social que obliga a repensar seriamente al país, a las conductas políticas y al funcionamiento de las instituciones.
Con relatos, epopeyas y repartiendo culpas no vamos a ninguna parte.
De acuerdo a un informe elaborado por los investigadores de Capacitación y Estudio sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín en donde establecieron que en el mundo los mercados laborales reaccionaron de distintos modos ante la crisis, han determinando que el nivel general de pobreza tiene una importante correlación con las variantes realidades que atraviesan los distintos grupos ocupacionales. Al terminar la primera ola, aparece que la proporción de empleadores y asalariados formales que están bajo la línea de "pobreza" se sitúa entre el 11% y el 15% respectivamente; estos valores prácticamente se triplican entre cuentapropistas y asalariados con el 41% y 43% y se cuadruplican entre los desocupados con el 61% y con respecto a los "ingresos" este estudio explica que el 84% de asalariados formales mantuvo sus ingresos durante la pandemia, entre los informales la proporción disminuye al 67% y los cuentapropistas disminuyeron sus ingresos al 36%. Ante esta realidad y con el agravante del inicio de la segunda ola, el horizonte se presenta sombrío para muchas actividades, y será mucho más preocupante si recortan los horarios de trabajo.
Tormenta en el horizonte
En nuestro país podemos analizar el fenómeno y la marcada diferencia que atraviesa el mercado laboral y lo que ocurre con la precarización y el desempleo. La conclusión es que tener un empleo informal o encontrarse desocupado aumenta considerablemente las posibilidades de ser pobre en nuestro país y lo vemos con la cantidad de vendedores ambulantes y la gran demanda de alimentos en merenderos y comedores sociales
¿Que se espera desde la economía para esta segunda ola?
El combo de esta segunda ola es crítico: estamos entre el COVID-19, esperando que los daños sanitarios sean más leves que el año pasado, y las elecciones legislativas, que son la principal preocupación (real) de la mayoría de los dirigentes. De esta tormenta perfecta se derivarán consecuencias económicas sumamente complicadas, que son inexorables y, sin embargo, están ausentes de las preocupaciones explicitadas por las autoridades nacionales.
La inflación
Las prioridades ignoradas consisten en bajar la inflación y tratar de reactivar la economía.
En el primer trimestre, los precios minoristas acumularon un aumento del 13%. En abril tienden a superar el 4% mensual. Los datos presentan un escenario muy lejano al que proyectan los cálculos del presupuesto que estima la inflación anual del 29%. De no producirse un cambio por ahora no previsible, la suba generalizada de precios duplicaría esa proyección.
Las "tarifas" de los servicios públicos se mantienen atrasadas.
Existen dos versiones de cómo deben hacerse los aumentos: la primera sostiene que deben ser de acuerdo con el índice de inflación contenidos en el presupuesto para evitar que los subsidios compliquen la consolidación fiscal.
La segunda que sigue sosteniendo que "las tarifas tienen que ser justas y razonables" independientemente de la estructura de costos o de las políticas para reducir el gasto fiscal y propone aumentos solo del 8%, política que aumenta el gasto en subsidios bajando la calidad de las prestaciones porque no habrá inversiones.
La magia no existe y por lo tanto, las fórmulas voluntaristas nos vana dejar sin energía y sin calidad de vida.
Los aumentos de "salarios" negociados en paritarias fueron determinados en base al 29%. Obviamente, dejaron la ventana abierta para reabrir las negociaciones a mitad de año, cuando la inflación haya hecho estragos.
Si aumenta la inflación y no lo hacen los salarios, en la misma proporción, aumenta la pobreza y se produce recesión. La verdad histórica es que los salarios nunca crecen al ritmo de la inflación. El aumento del dólar oficial en estos últimos meses se fue reduciendo respecto a la inflación, en enero subía un 4%, febrero bajo al 3%, marzo al 2,5% y abril parecería que no llegara al 2%, con el criterio de no aumentar el valor del dólar para reducir la inflación o atrasar el tipo de cambio en el año electoral.
Tener un dólar atrasado con respecto a la inflación garantiza que nuestra producción no será competitiva para exportar y probablemente ingresen productos mucho más baratos que los producidos en el país, produciendo la quiebra de muchas empresas (práctica que la padecimos en anteriores gobiernos)
A pesar de las anclas cambiarias, salariales y tarifarias los precios siguen subiendo ya sea porque la mayoría estuvieron congelados durante el año pasado, porque el gobierno autorizó aumentos en productos congelados artificialmente por la política y que quedaron rezagados y sin posibilidades de seguir produciéndolos; o por la misma inflación. El caso de los combustibles es típico. Analizar la economía en pandemia es diferente a hacerlo en circunstancias normales. Las variables con sus causas y efectos tienen que ser objeto de análisis y seguirlas, pero marcan una tendencia y las consecuencias ya las conocemos.
La inversión
De lo que si estamos seguros es que nuestro país cada vez menos es atractivo para atraer inversiones a pesar de tener recursos naturales que, si se manejan bien, pueden ser interesantes porque producen ingresos y generan fuentes de trabajo pero si se manejan mal pasa a ser una maldición.
Y es aquí que debemos hacer una reflexión y empezar a pensar que el crecimiento pos pandemia debe ser liderado por el sector privado; tenemos un sector público sobredimensionado que se esfuerza por generar reactivación económico a través del incremento artificial de la capacidad de consumo y de la obra pública, que se financia con emisión monetaria, lo que produce inflación. Cuando las inversiones privadas son las que genuinamente producen riquezas, estas deben ser tentadas por el sector público con seguridad jurídica, estabilidad y reglas de juego claras.
* Julio Moreno fue docente en la Ucasal, es empresario y diputado provincial por Ahora Patria.