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Una vez más el Gobierno kirchnerista emprende una nueva cruzada en contra del Poder Judicial en la Argentina.
Cruzada que, como en otros recientes intentos, solo sirve para expresar el rencor del kirchnerismo con la Justicia y su rechazo a la independencia de los jueces y sus fallos. Justicia a la cual se desea amedrentar y desprestigiar como buscando que los fallos que le sean aplicados carezcan de legitimidad. Por otro lado, generan un juego para la tribuna, que colmada de fanáticos encuentra en este relato el argumento para seguir dividiendo a los argentinos.
En primer lugar, ratifico que ningún salario debe ser considerado una ganancia. El salario de ningún trabajador debería sufrir ese gravamen.
En segundo lugar, no se puede, a partir de una injusticia como lo es la aplicación del pago de ese tributo a los trabajadores, pretender igualar hacia abajo, ya que este caso, con el pretexto de la equidad, lo único que se pretende es abrir un nuevo frente de conflicto con el Poder Judicial, que según la mirada oficial ha osado juzgar los casos de corrupción del anterior gobierno. Ya se intentó una reforma judicial, la ampliación de la Corte Suprema, cambios de reglamentación en el Consejo de la Magistratura, marchas en contra, aprietes y una serie de acciones más que, gracias a la independencia del Poder Judicial, no han podido tener éxito.
"El Poder Judicial, según la mirada oficial, ha osado juzgar los casos de corrupción del anterior gobierno".
La Constitución Nacional en su art. 110 in fine establece la intangibilidad de los ingresos de los miembros de la Justicia, al decir que no podrá ser disminuido.
Los jueces y magistrados están exentos de pagar Ganancias desde el año 1930. No obstante, desde diciembre de 2016, por vigencia de la Ley 27346, todos los jueces nombrados a partir del año 2017 pagan Ganancias, es decir que año a año el gravamen incluye a cada vez más miembros del Poder Judicial, y el porcentaje irá incrementándose de manera paulatina por lo sola renovación natural de su planta de personal.
Al recibir hace unos días a la Dra. Virginia Haydee Solorzano y a la Dra. Gabriela Buabse, presidenta y vicepresidenta respectivamente del Colegio de Magistrados de Salta, les ratifique personalmente mi posición negativa al tratamiento que se pretende dar en el Presupuesto 2023 sobre esta cuestión, tal como lo hice en anteriores intentos similares, respetando lo que dice la Constitución Nacional, el principio de intangibilidad de los salarios del Poder Judicial, la independencia de la Justicia y la convicción de que el ingreso por salario de ningún trabajador debe pagar Ganancias.
Además de tratarse de una nueva ofensiva kirchnerista al Poder Judicial, enmarcada en esa agenda inagotable de odio, revancha y búsqueda de impunidad, también se trata de una trampa a la oposición, que, una vez más, debe estar firme defendiendo la independencia de los poderes, la razonabilidad, la vigencia del estado de derecho y evitar, como lo ha hecho hasta ahora, caer en la tentación de apoyar medidas populistas que suenan bien, pero que son ilegales y que esconden los objetivos de la agenda paralela descripta y la conveniencia coyuntural de un sector político.