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La deuda es hija del déficit y es nuestro gran problema. En noviembre de 2021, la deuda pública, interna y externa, ascendió a US$ 353.514 millones. Durante la gestión del presidente Alberto Fernández aumentó US$ 40.215 millones. Y no solo enfrentamos los vencimientos de la deuda en dólares con el Fondo Monetario Internacional sino también las demandas contra la Nación en tribunales en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y en organismos internacionales, esperando tener varios fallos en los próximos meses.
Camisa de once varas
Las tarifas, los salarios y el crecimiento son tres de los desafíos cruciales para la economía argentina, para el bolsillo (y el humor) de los ciudadanos, y para la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo el acreedor más benevolente en materia de intereses. La ilusión de la ayuda china, si se concreta, será más cara.
En el Congreso, el presidente Alberto Fernández prometió un acuerdo "sin ajuste, sin reforma jubilatoria y sin reforma laboral". No explicó, entonces, cuáles son las condiciones del acuerdo. El ajuste, por lo pronto, ya está en marcha, con el congelamiento de los salarios y las jubilaciones, en un contexto del 50/60% de inflación anual.
El presidente también aseguró que las tarifas se adecuarán a la evolución de los salarios. Es decir que no habrá tarifazos. La invasión de Rusia sobre Ucrania anticipa una disparada de los precios internacionales del gas y del petróleo. Con o sin tarifazos, los precios de la energía van a subir y los subsidios para mantener sus actuales precios ficticios deberán subir a escalas insostenibles. Se estima que para que los subsidios no suban el alza de las tarifas debería ser de 60%. Para reducirlos en 0,6% del PIB deberían subir cerca de un aumento del 140%. Y el precio del gas impacta directamente en las tarifas (y los subsidios) del servicio eléctrico. Algo muy similar ocurre con los precios y las tarifas del transporte.
Un borrador
Por algunos despachos de los diputados circula un "borrador" del que se desprenden algunos compromisos que asumiría el Gobierno (y nosotros) en el acuerdo con el FMI, puntos que tendrán que ser aprobados quizá en algunos casos no por convicción sino por resignación, para evitar un default y sus consecuencias, salir de este proceso inflacionario con recesión que arrastra desde hace varias décadas nuestra economía por un sendero de decadencia. Necesitamos una moneda que mantenga su valor y comenzar a construir un país serio con reglas de juego claras, estabilidad jurídica y respeto a las instituciones, entre lo más importante. Es decir, dejar definitivamente de lado los espejitos de colores.
El acuerdo no es una opción, sino la única forma de evitar una crisis de mayor magnitud que será devastadora para todos. Este entendimiento tendrá que ser aprobado por el Congreso para que se transforme en política de Estado. Ya se sabe que Máximo Kirchner, Oscar Parrilli y Eduardo De Pedro (es decir Cristina Kirchner) no están de acuerdo y por eso ni siquiera fueron a ver a la Asamblea Legislativa. Y el discurso de Fernández terminó siendo un agravio para los opositores, que estaban expectantes por conocer los términos y brindar su apoyo. Todo, demasiado difícil.
El borrador inicial del memorándum de entendimiento con el FMI contiene compromisos: un paquete de políticas para llegar a un equilibrio fiscal en cuatro años, y un déficit primario del 2,5% para el 2022.
Las políticas abarcan aspectos de políticas monetaria, previsional y tributaria, gasto público, inversión y creación de empleo en el sector privado, salarios del sector público en base a la evolución del producto en vez de paritarias que indexan con la inflación. Fernández dice que ajuste no va a haber. ¿Y entonces?
También incluye revisiones trimestrales que condicionarán los desembolsos que tendrá que hacer el Fondo para cancelar las deudas ya contraídas con este mismo organismo; esta exigencia es inaceptable para la mayoría del Frente de Todos, ya que condicionarán las acciones del Gobierno con el antecedente que el próximo año es electoral. Es de esperar que esta vez a nadie se le ocurra volver a la famosa "contabilidad creativa" para mostrar óptimos resultados trimestrales: si no cumplimos nuestros compromisos no habrá desembolsos, entraremos en atrasos y, posteriormente, en el tan temido default.
Este acuerdo será solo coyuntural para evitar catástrofes, pero no será un programa de crecimiento de la economía. Para eso necesitamos un verdadero y creíble plan de desarrollo que por ahora no está en la imaginación del Gobierno (a pesar de su declamada devoción por el modelo chino) y eventualmente lo veremos después de las elecciones del 2023. Para este año y el próximo se vislumbran bajísimas tasas de crecimiento con inflación.
Sin financiamiento externo, salvo para proyectos específicos como la minería, con un Estado demasiado grande, prestaciones de servicios públicos deficitarias, gran presión tributaria, un federalismo deficiente, es ilusorio esperar un país normal. Sin consenso político en la decisión de estabilizar y poner en orden nuestra economía, seguiremos en caída libre. Después del martes, el consenso es inimaginable.
De eso no se habla
Hay numerosos tenedores de títulos soberanos y varias compañías privadas que buscan compensaciones por algún tipo de irregularidades, tales como incumplimiento de contratos, estatización de YPF, el default del 2001 o la manipulación de datos del Indec en la gestión de Cristina Kirchner.
Latam Advisors, a través de su analista financiero Sebastian Maril, hizo una recopilación de los principales juicios en los tribunales de los Estados Unidos contra Argentina y contra YPF, actualmente con mayoría accionaria del Estado, determinando que la demanda más onerosa es la del fondo Burford, que sigue contra “el Estado más YPF” por la nacionalización parcial de la petrolera en 2012, en un juicio cercano a los US$ 4.000 millones.
Otro juicio es el que inició el fondo Maxus a YPF, por un importe cercano a los US$ 14.000 millones. En ambos casos, se estima, habrá sentencia en este año. En los tribunales de New York existen otros juicios; entre los más importantes está el que se inició en 2019, pero que se remonta a 2013, impulsado por fondos inversores que tienen en su poder cupones atados al crecimiento del PBI que pagaban dividendos si Argentina superaba un porcentaje de crecimiento de nuestra economía en un año. Estos tenedores se consideran estafados por la manipulación de las estadísticas del Indec durante “la década ganada”.
En la Corte de Manhattan actualmente hay unos seis grupos que demandan también a nuestro país por la manipulación de los datos del Indec para el pago del cupón PBI atado a los datos del Indec: Asimismo, hay demandas paralelas similares que se están llevando a cabo en Londres por un monto de euros 645 millones.
En Alemania está pendiente de resolución un juicio iniciado por los tenedores de títulos que entraron en default en 2001 por un valor de US$ 139 millones; por el mismo tema aún hay demandas por US$ 317 millones
Hay mucho más que el acuerdo con el FMI, sin olvidarnos que la deuda en pesos del BCRA, que asciende a los cuatro billones, es decir US$ 20.000 millones. Solo el costo de la permanente renovación de las Leliq equivale a unos US$ 14.000 millones de dólares anuales.