El Senado provincial aprobó ayer el dictamen en mayoría de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que consideró la propuesta de la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados, para la designación de los abogados Elsa del Valle Pereyra Maidana y Marcos Segura Alsogaray en la Auditoría General de la Provincia.
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El Senado provincial aprobó ayer el dictamen en mayoría de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que consideró la propuesta de la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados, para la designación de los abogados Elsa del Valle Pereyra Maidana y Marcos Segura Alsogaray en la Auditoría General de la Provincia.
En la cuarta sesión ordinaria, presidida por el vicepresidente primero de la Cámara alta, Mashur Lapad y con 22 senadores presentes, se aprobaron 3 proyectos de ley en definitiva que pasaron al Ejecutivo para su promulgación.
En la sesión especial, se presentó un dictamen en minoría de los senadores Walter Wayar y Javier Mónico, rechazando las designaciones. Además de Wayar y Mónico votó en contra del acuerdo Manuel Pailler.
Posteriormente se les tomó juramento en el recinto a los nuevos miembros de la Auditoría.
En el debate, Wayar aclaró que el rechazo del bloque que integra nada tiene que ver con el buen nombre y la idoneidad de los postulantes, sino con el método dispuesto para su designación. "Tenemos argumentos políticos para justificar nuestra oposición", remarcó el senador por Cachi del Frente de Todos, tras afirmar que las designaciones incumplen la ley en cuanto a la representación garantizada para la oposición política, "porque uno de los postulados es parte del gobierno y el otro lleva dos mandatos en la Auditoría". Además, y en referencia a Segura Alsogaray, cuestionó que "se lo selecciona con la vieja Constitución, pero el mandato que tendrá será el que establece la actual, con lo que va a tener 18 años en el órgano de control".
El Senado, además, dio su acuerdo al pliego del abogado Aníbal Reynaldo Burgos Brusechini, como reemplazante para el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala I en Tartagal.
Una de las leyes sancionadas establece que las líneas de crédito creadas en el marco del Fondo Provincial de Inversiones deberán contemplar un cupo mínimo de al menos 20% para asistencia financiera a micro y pequeños productores rurales.
Otra promueve la atención integral de la salud de las personas con fibromialgia para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La tercera declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de un inmueble de La Poma para una cancha de fútbol y espacios recreativos y deportivos.