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La cortina de humo creada durante la I Gran Guerra fue tanto un ardid como una herramienta, ya que permitía no solo ocultar detrás del humo el desplazamiento de la tropa sino también sorprender al enemigo pasando al ataque con la consecuente ventaja de lo inesperado. Y aunque la escaramuza presencial ha sido reemplazada por la neblina virtual, la finalidad sigue siendo la misma: desorientar sobre un tema de fondo sustituyéndolo por otro más escandaloso aunque menos escabroso, más provocativo aunque menos impúdico que, en tiempo y forma y por inconsistente, será sustituido a necesidad del ahumador. Un Zeppeling rutilante que acapara la atención para, en el acto, evaporarse en el firmamento.
Por eso es casi indecente que, con el trasfondo de pobreza y urgencia económica que agobia a la población, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, anuncie que su gobierno promueve un pacto para "el buen uso de las redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia" al tiempo que funcionarios del área insisten en que "no se trata de regular sino de acordar con organizaciones políticas, sociales y civiles para impulsar un buen uso". Quien niega de antemano, confiesa..... diría Refrán.
Tema de fondo si los hay, más escabroso que escandaloso, más impúdico que provocativo, pues lo que se anuncia acabará afectando la libertad de expresión, sacrosanta para la Constitución, intocable para la libertad, piedra angular de cualquier derecho civil. Sería fácil enrostrarle al secretario cómo, quienes y cuándo intoxican la democracia desde el gobierno que él mismo integra pero, sería mezquino y desleal para con lo que está en juego.
Dice Béliz que la iniciativa es para las redes, como si Facebook, Instagram o Twiter no dispusieran ya de disposiciones de uso (y sanciones a quienes las transgreden) de lo que forzando un poco el sentido de las palabras porque incluye principios éticos y deontológicos -el diario La Nación llamaría su Manual de Estilo: la comparación no es fortuita, tampoco la inclusión del matutino, no solo porque está en progreso el debate sobre si las redes son o no son medios de comunicación y si las plataformas deben o no seguir las mismas normas de los medios tradicionales, sino, y sobre todo, porque el principio a vulnerar es la libertad de expresión y, por extensión e inexorablemente, la libertad de prensa.
Avasalladas las redes, vendrán los medios; antes o luego las instituciones, y acabará aplastado el individuo, amordazada toda crítica, entronizados los dictadores, burlada la Justicia y aniquilada la democracia desde los lugares que ésta misma les confiere: el colmo de la traición, la revancha del populismo.
Valgan como ejemplo la Ley de Ciberdelito aprobada en 2020 en Nicaragua y la censura a Dmytri Muratov. Dicha ley permite condenar con hasta diez años de prisión a quienes "con sus comentarios pongan en zozobra a la población y a la seguridad nacional" (entre otras causas) y fue aprobada por los adictos al régimen mientras la primera dama fogoneaba la discusión para "proteger a las familias de la influencia negativa de las redes que afecta la capacidad de convivencia de los nicaragenses".
En Rusia, el periodista Dmytri Muratov (que donó su medalla Nobel para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y que al día siguiente de la invasión publicó un documental titulado "En contra de la Guerra") debió sustituir su vídeo por una foto de sí mismo a la que agregó "Material borrado por orden del Supervisor Federal de Medios": Putin ha ordenado hablar de "operación especial" y ha prohibido a todo medio utilizar la palabra "guerra"; quienes la utilizan son multados con miles de euros y sus webs quedan bloqueadas por "el mal uso" tanto de palabras como de redes.
Porque fuera cual fuese el proyecto que el "gobierno de científicos" está pergeñando (y que según dicen lleva más de un año de estudio) los enunciados ya encienden todas las alarmas: ¿qué se entenderá, o qué se entiende, por "buen uso" de las redes"? ¿quién diagnosticará quién o qué "intoxica nuestra democracia"?
Preguntas que el periodismo puede contestar por analogía, ya que siempre remiten a sus eternas preguntas fundacionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa, en las que hay que tener en claro desde el principio que el ejercicio de la primera es independiente del ejercicio de la segunda, que no son lo mismo, ni complementarias y mucho menos subsidiarias, que la libertad de prensa es de la prensa y que el único que puede censurar es el gobierno ya que cualquier medio, cuando elige qué publicar y qué no, no está censurando a nadie sino haciendo uso de su derecho de autodeterminación editorial. Como bien dice John Merrill en su imprescindible "El imperativo de la libertad": "el derecho de libertad de expresión quiere decir que el hombre tiene el derecho de expresar sus ideas sin peligro de supresión, interferencia o acción punitiva por parte del gobierno. Esto no quiere decir que otros deban proveerle de una sala de conferencias, estación de radio o página de diario para que exprese sus ideas. Recuerden siempre que los derechos son principios morales que definen y protegen la libertad de acción del hombre pero no imponen obligaciones con otros hombres".
Y recuérdese también que el Gobierno (tímida o descaradamente) seguirá confundiendo siempre los medios estatales con medios gubernamentales, que la opinión a publicar solo será la que lo refleje y le convenga y que nunca jamás habrá un mensaje que colme todas las expectativas.
Por ello debe protegerse la libertad que permite el pluralismo ya que, en definitiva, el pluralismo es un beneficio de la libertad, no su obligación.
Por más infinitos y altisonantes que sean los interrogantes y las excusas para avasallar estos principios, por más exigencias con las que pretenda forzarse la libertad de prensa, cualquier enunciado deberá responder siempre a una pregunta final: ¿quién tomará la decisión final de lo que se publica, en medios o en redes, y en base a qué parámetros?
Y la respuesta inevitable es que la decisión final la tomarán personas según la valoración que ellas mismas hagan, por lo que puede concluirse en que pretender regular contenidos es en realidad una impugnación al criterio de quienes toman las decisiones, criterio que se intenta sustituir por otro: el criterio de cada medio o cada usuario por el criterio de los que gobiernan, la autodeterminación editorial por la determinación de vaya a saber quién.
Si la propuesta de Béliz es un globo de ensayo para sondear posibles repercusiones a una iniciativa totalmente ilegal e inconstitucional se sabrá cuando se conozca el texto.
Dada la envergadura de la tentativa, podría también tratarse de una nefasta cortina de humo en un pésimo momento que sólo busca sincerar una carrera desbocada hacia la bolivarización de Argentina.
O quizá solo sea una iniciativa más de las tantas que quedan en la nada de un gobierno ¿sin rumbo? que dice y desdice, propone y abandona, se pronuncia y se contradice, afirma hoy y mañana niega, y cuyo Secretario de Asuntos Estratégicos que integra el Foro Económico y Social debería ocuparse de que los bolsones de comida lleguen a los comedores populares.
Hay hambre. Hambre.