inicia sesión o regístrate.
El dictamen de los fiscales contra Cristina Fernández de Kirchner no debe haber sorprendido a nadie. Luego de aquella noche en que el ex secretario de Obras Públicas José López pasó a la historia negra del grotesco, cuando arrojaba nueve millones de dólares en un convento de religiosas católicas, la única sorpresa es que el juicio se haya llevado adelante hasta esta instancia.
¦Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ofrecieron durante veinte días una argumentación contundente y poblada de pruebas como para solicitar las máximas penas contra la vicepresidenta, el bancario devenido en magnate Lázaro Báez, para el ex ministro de Planificación y estratega de los Kirchner Julio De Vido y para José López y otros nueve funcionarios y allegados a la familia patagónica.
Los fiscales hablan de una “asociación ilícita” y responsabilizan a Néstor y Cristina Kirchner de haber instalado “la mayor matriz de corrupción”; entre sus fundamentos describen un gigantesco fraude al Estado consistente en derivar obras a Santa Cruz, adjudicadas en licitaciones amañadas, con sobreprecios, pagos adelantados por obras inconclusas y acuerdos irregulares a todas luces en beneficio de cada uno de los miembros de esa asociación de perfil delictivo.
Los fiscales dictaminan pero serán los jueces quienes evaluarán las pruebas acumuladas contra el núcleo del kirchnerismo y decidirán qué solidez tienen para condenar o absolver a los acusados. Es una facultad que corresponde exclusivamente a los jueces.
Para la opinión pública, en general, todos son culpables, aunque algunos, por razones ideológicas, intenten absolverlos con el viejo argumento de que “todos roban”.
La vicepresidenta, ahora amparada en sus fueros y antes en los derechos de que gozan los imputados en una Justicia de la democracia, nunca ocultó su destrato a los jueces y llegó a decirles que “eran ellos los que tenían que rendir cuentas”.
Hasta presumió de que a ella “la absolvió la historia”.
Su defensa tendrá ahora la tarea de demostrar que las pruebas presentadas por los fiscales son inválidas, y convencer a los jueces.
La falacia del “lawfare” con la que la corrupción latinoamericana trata de escudarse frente a los jueces no es más que una fantasía inventada para convertir al ladrón en Robin Hood. La victimización es una forma de intentar seducir a los historiadores que, según Cristina, a ella ya la absolvieron.
Pero no. Vaya presa o no, lo cual no se va a saber en mucho tiempo aún, para demostrar su inocencia, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que responder a las preguntas de esos jueces a los que ella agravia, y brindar algo más que frases escénicas para demostrar su inocencia. De nada le valdrá, en este caso, y a la altura a la que llegó el trámite procesal, vestirse de blanco y sentarse en una silla de ruedas para hablar por cadena nacional con falacias y superficialidades, como lo hizo en 2015, a los pocos días de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman (caratulada aún como homicidio); también allí afrontó la contundente acusación de un fiscal sobre la que no dio ninguna explicación. La respuesta fue una campaña de denigración la víctima, con participación activa del organismo de Inteligencia presidido entonces por Oscar Parrilli y del experto en la materia Aníbal Fernández. Y después, como todos recuerdan, el entorpecimiento de la investigación sobre las verdaderas causas de la muerte de Nisman.
La expresidenta dijo ayer que se siente “frente a un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”. Hace unos años, luego de una entrevista con el periodista Luis Novaresio, contó haberse sentido en una cámara de torturas. Demasiada liviandad para querer ponerse en el lugar de la víctima. Toda figura pública debe estar preparada para responder ante los tribunales de la República o ante las preguntas de un periodista. Justamente, la política no es un teleteatro, sino un compromiso que incluye a las instituciones.
Más allá de las groserías de Hebe de Bonafini convocando a “una pueblada” o las del piquetero Luis D’Elía a bloquear calles y rutas hasta que renuncie la Corte Suprema, o de las amenazas de Andrés Larroque sobre eventuales reacciones de La Cámpora, las tensiones institucionales del país nacidas de la fractura interna del oficialismo constituyen, ciertamente, una bomba de tiempo.
Una corriente política que ve en cada gesto opositor un “ánimo destituyente” se muestra ahora acorralada por la pésima imagen de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y suma actitudes nítidamente antidemocráticas y de desconocimiento pleno de las instituciones de la Nación.
También en enero de 2015, a los pocos días de la muerte de Nisman, los gobernadores del PJ corrieron presurosos a solidarizarse con la entonces presidenta; una solidaridad con mucho de complicidad, porque sus legisladores habían aprobado el acuerdo inconstitucional con Irán.
Ayer las expresiones de solidaridad formuladas por el Gobierno lejos de fortalecer la posición de Cristina debilitaron las de todos.
La dupla presidencial está fragmentada y el enfrentamiento es explícito y sin matices, pero Alberto Fernández dijo en un mensaje en Ttwitter y luego en un comunicado oficial que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”. Y como si pudiera borrar de la memoria sus diatribas de otros tiempos contra Cristina, La Cámpora y todo el kirchnerismo, y también, como si supusiera que nadie sabe cómo se llevan entre ellos, rubricó “su más profundo afecto y solidaridad con la vicepresidenta”.
Pero el documento oficial contiene un avasallamiento asombroso de los principios elementales de la democracia: la “condena la persecución judicial y mediática... expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”. Es todo una definición de lo que piensan en la Casa Rosada sobre las división de poderes y el derecho a un juicio justo.
¿Cuál es la atribución de un gobernante para evaluar “ la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita”? ¿Cuál es la autoridad para declarar, en un documento oficial y al opinar sobre otro poder del Estado, que “ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado?”.
Institucionalmente, el pronunciamiento del Poder Ejecutivo está reñido con los principios constitucionales más elementales. Y, más grave aún, el Presidente se pone en el lugar de juez y parte, ya que politiza al extremo la interpretación del informe de los fiscales cuando “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Poco favor le hacen estas conductas a la imagen de Cristina.
La solidez de los alegatos dejó la sensación de una contundencia histórica.
La reacción de las principales figuras del Ejecutivo, una vez más, advierte que 38 años de democracia no han democratizado a la política. Y que es cada vez mayor el riesgo de un viraje autoritario.