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La Argentina vive horas críticas, de enorme incertidumbre institucional, que nacen del fracaso de un gobierno nacido de la desesperación de una persona. Una coyuntura que podría acelerar la regresión en la que el país ingresó con el milenio.
La obsesión de la vicepresidenta Cristina de Kirchner por entrar a la historia como víctima de un enemigo poderoso que “no le perdona su éxito” choca contra la durísima y fundamentada acusación de los fiscales por hechos sistemáticos de corrupción; además es desmentida por los datos insobornables que describen objetivamente los resultados económicos, sociales y políticos que dejaron los 12 años de kirchnerismo.
El monólogo del lunes también es indicio de desesperación, por eso habló sin medir el alcance de sus palabras. No solo no refutó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sino que describió delitos que terminan imputando a Néstor Kirchner, a funcionarios estratégicos como José López (el de los bolsones) y a ella mis ma.
Todo esto muestra a la Argentina como un país donde se deterioran las convicciones de la democracia y la república. Es tan fuerte el escándalo que eclipsó por unos días a la figura de Sergio Massa, quien llegó al ministerio como “superministro”, sin informar todavía qué piensa hacer.
Ataque a la democracia
El caso judicial de megacorrupción no debe dar lugar a conjeturas: solo los jueces deben ponderar la acusación y determinar responsabilidades y condenas. Pero el ataque político a la función de los fiscales, protagonizado en primer lugar por el presidente Alberto Fernández, avasalla el concepto de república democrática y federal, que es la definición constitucional de nuestro país. El Poder Ejecutivo no puede entrometerse ni opinar sobre una causa judicial. Mucho menos, amenazar a los fiscales. La referencia de Fernández a un eventual suicidio del fiscal Luciani suena a una velada amenaza que revive las sombras nunca despejadas sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien apareció con un disparo en la cabeza cuando se preparaba para hacer pública, en el Congreso, su denuncia contra Cristina Kirchner, entonces presidenta, y su turbio acuerdo con Irán en torno del atentado contra la AMIA.
Flaco favor le hizo Fernández a su compañera de fórmula, quien hace seis años sostuvo que a Nisman lo habían asesinado, tal la calificación judicial del caso.
Un pacto con Irán, por cierto, fue el anticipo del viraje bolivariano hacia un nuevo alineamiento con el autoritarismo chino, la autocracia de Putin y la teocracia de Teherán, regímenes donde la Justicia está sometida al liderazgo político.
Si la vicepresidenta necesita una defensa política ante la Justicia, es porque no cuenta con elementos para defenderse jurídicamente. El “lawfare” es una construcción teórica inventada para envolver en matices ideológicos lo que en realidad es una corrupción generalizada en la región.
En cambio, la división de poderes del Estado es un principio constitucional. Y Alberto Fernández, más allá que parezca haber abandonado la presidencia, violó ese valor desde la Casa Rosada. Asi confirmó la deriva autoritaria.
Más allá de los memes
Debilidad, desesperación e ideología, combinadas: en un comunicado difundido por la Casa Rosada, los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de México, Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Gustavo Petro denuncian una “injustificable persecución judicial” que tendría como objetivo apartar a Cristina de la vida pública”. Obviamente, ninguno de ellos leyó el expediente. La posición del, el Poder Ejecutivo se agrava porque admite (y gestiona) que mandatarios extranjeros intervengan en cuestiones internas y cuestionen a las instituciones argentinas. Es decir, la ideología de una minoría se antepone a la soberanía nacional y a los derechos de una sociedad plural.
Luis Arce junto con Evo Morales, deberían guardar silencio, además, porque su gobierno, con una justicia subordinada, logró condenar a Jeanine Añez, la senadora que asumió la presidencia de Bolivia cuando la renuncia de Evo dejó a Bolivia en estado de acefalía y violencia social. Le atribuyen la autoría de un supuesto golpe de Estado sobre el que solo existen las pruebas que acumuló el actual oficialismo. Gustavo Petros, un ex guerrillero afín al gobierno venezolano, inició su mandato hace pocas semanas denunciando “corrupción generalizada” en Colombia. Y Andrés López Obrador, con discurso de izquierda y acuerdos por derecha con los Estados Unidos, se sinceró: “no conozco el proceso pero es evidente que está metida la derecha”.
Un país sin timón corre riesgo de naufragio. Y el mundo muestra el mar picado: la puja de poder entre China y EE.UU. confluye con el retroceso de la democracia ante los autoritarismos de derecha e izquierda.
El ataque a la institución judicial es un paso más hacia la anarquización del país. La diatriba de Cristina y la torpeza de Fernández encabezan el coro de mensajes violentos emanados del ultrakirchnerismo. Son minoritarios, pero tratan de comprometer en la cruzada a todo el peronismo, incluidos los gobernadores, cada vez más dependientes de la dádiva. Pero el peronismo y los argentinos en general, no toleran mucho tiempo la anarquía ni la violencia.