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La producción agroalimentaria argentina es una actividad capital intensiva que requiere una continua reinversión para mantener en funcionamiento el ciclo productivo en una cifra que puede estimarse en aproximadamente en US$ 20.000 millones para cada cosecha, destinados a la compra de insumos y al alquiler de los campos.
El objetivo de la "rentabilidad" de la actividad agroalimentaria es fundamentalmente reconstituir el capital de reemplazo o reposición y presumiblemente de ampliación, sin lo cual el ciclo productivo se interrumpe y se torna irrelevante o fallido el trabajo del productor.
En la actividad agraria de la Argentina, altamente tecnificada y tecnológicamente avanzada, los recursos naturales de las tierras de la Pampa Húmeda, que están entre las mejores del mundo, en primer lugar no son lo esencial, sino que lo es el capital y las tecnologías de última generación con que esas tierras son transformadas en las de mayor productividad del agro mundial, junto con las de EEUU.
Lo que ocurre ahora es que la brecha cambiaria -diferencia entre el dólar oficial y los alternativos- es de 150%, las retenciones alcanzan a 33%, la tasa de inflación anualizada supera 90% (solo en julio habría trepado a un nuevo piso de entre 8% y 10% mensual). Todo esto ocurre en una situación de profunda incertidumbre política provocada por un enorme vacío de poder derivado de la total desaparición de la autoridad presidencial de Alberto Fernández.
Por eso, la suma de brecha cambiaria, retenciones y tasa de inflación mensual convierten al peso del Estado sobre la actividad agroalimentaria en un conjunto claramente confiscatorio donde el productor pierde no solo su "rentabilidad", sino su capital de reposición, que es lo que mantiene en funcionamiento uno de los ciclos productivos más avanzados y eficientes del sistema global.
Esto hace que el productor retenga por necesidad una parte de su cosecha -unos 23,3 millones de toneladas con un valor de US$14.000 millones-, porque es el único capital del que dispone en un país sin moneda, superinflacionario y en medio de una crisis política que es la consecuencia de la descomposición del sistema de poder gobernante.
Esta es la situación actual del país en la que se enfrenta un gobierno en una fase de crisis terminal, por un lado, y una actividad agroalimentaria de reconocida pujanza y productividad por el otro.
El desencadenante del estado actual se produjo a partir del 8 de junio, ante la implosión del mercado de deuda interna en pesos y con una emisión de más de $800.000 millones, que superaría $ 1 billón en julio- para sostener los bonos en pesos que amenazaban derrumbarse.
De ahí que gran parte de esa emisión se volcara al mercado del dólar en julio y diera comienzo a un proceso de espiralización de la divisa estadounidense que llevo a la variedad "blue" a un nivel de $ 323 de nítido carácter ascendente.
El trasfondo estructural es que el gasto público aumentó 14,5% en términos reales en los primeros 5 meses de 2022 y el déficit fiscal trepó en julio a 15,7% del producto. Esta situación provocó una formidable corrida contra los títulos de la deuda en pesos, rápidamente convertida en corrida cambiaria, y todo esto fue incentivado -"fogoneado"- por la crisis política, la descomposición del sistema gobernante y el vacío de poder.
Esto hizo que se le cerrara al Gobierno la última fuente de financiamiento que le quedaba y perdiera completamente todo margen de acción. En suma, en el mes de julio el sistema de poder gobernante en los últimos 2 años y medio se encontró completamente impotente e inerme frente a la crisis en curso.
No hay intencionalidad malévola alguna, ni conspiraciones, ni ninguna de esas pavadas en el rechazo de los productores argentinos a entregar su capital de reposición, sino en todo caso la evidencia de que un ciclo político ha terminado y que la cuestión ahora es lo que viene a partir de la asunción de Sergio Massa.
* Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y miembro del Centro de Reflexión Política Segundo Centenario.