inicia sesión o regístrate.
El ordenamiento territorial logró paralizar seis millones de hectáreas de Salta que quedaron al margen del desarrollo productivo; en cambio, no mejoró en nada la vida de los habitantes del Chaco salteño y solo obedeció a una interpretación caprichosa de la ley de bosques, sancionada en 2007. Concretamente, responde al modelo antiproductivo redactado por Greenpeace, y presentado como proyecto de ley por el escritor y exdiputado porteño Miguel Bonasso, con los criterios sesgados que exhibía hace tres lustros esa organización en la Argentina.
Ese texto proponía un golpe al desarrollo agroganadero del Norte argentino.
El Gobierno provincial encabezado por Gustavo Sáenz decidió ahora avanzar en un nuevo ordenamiento a través de un debate a nivel local. En 2007, durante el tratamiento de la ley, los legisladores salteños alertaron sobre la inconstitucionalidad de una propuesta que desconocía atribuciones exclusivas de las provincias en el manejo de los recursos naturales. En Diputados los votos del Norte Grande no pudieron frente al voto masivo de los representantes de la región central, pero en el Senado nacional prevaleció el conocimiento de la realidad regional y el texto fue cambiado por completo. La redacción final lograba un equilibrio entre la preservación del medio, los derechos de los habitantes de las regiones rurales (criollos y originarios) y las necesidades de las provincias con bosques y, además, con el menor ingreso per cápita y los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas.
Sin embargo, el ordenamiento decretado por Juan Manuel Urtubey al reglamentar la ley provincial de adhesión repuso a nivel local el extremismo de Bonasso y dejó todo en manos del sector conservacionista que, explícitamente, consideraba que el "desarrollo" es negativo e inconciliable con el medio.
Un nuevo ordenamiento es indispensable
Lo primero es definir las zonas en función del estado de su flora. Un área degradada por el desmanejo solo contribuye a la desertización y la pobreza.
La ley de protección de los bosques nativos establece tres categorías y las señala por colores. En rojo, las zonas con muy alto valor de conservación y que deben preservarse. En otros términos, se trata de espacios cuyo mejor destino sería establecerlos como parque o reserva, sin desalojar a los habitantes actuales, pero con guardabosques, supervisión fitosanitaria y sistemas de vigilancia para evitar la depredación furtiva de la fauna y de la flora, el pastoreo sin manejo y los incendios.
En amarillo, áreas donde el monte nativo está degradado, pero es parcialmente recuperable. Las provincias deben ocuparse de la restauración donde aún sea posible y aplicar los criterios de desarrollo sustentable, es decir tomando en cuenta la realidad social y ambiental de cada lugar. Y en verde se designa a áreas de bajo nivel de calidad.
En Salta pintaron casi todo el chaco de amarillo, paralizaron el desarrollo agroganadero y forestal y no hubo ningún plan de conservación ni mucho menos de restauración. Todo pérdida. La extracción clandestina de madera continuó y, sobre todo, la desertización avanzó.
La política ambiental en el país se caracteriza por el amateurismo de los ministros y secretarios que se suceden en el cargo. No existe una visión geopolítica del rol de nuestro bosque y nuestro campo, por eso se toman decisiones altamente contraproducentes.
La Argentina tiene compromisos ineludibles, muchos de ellos con rango constitucional, asumidos con organismos internacionales en materia de ambiente, derechos humanos y derechos de los pueblos originarios.
Ese marco legal debe ser la norma, porque nada de eso es una estudiantina ni una moda.
Salta necesita actuar con criterio propio. Ni la ley de bosques ni el Acuerdo de París (2015) obligan a convertir al Chaco salteño en un jardín botánico abandonado a su suerte, sino a aplicar normativas que preserven la fauna y la flora nativas y, al mismo tiempo, ofrezcan calidad de vida a la población: agua abundante y en perfecto estado sanitario, centros de salud, educación para niños, jóvenes y adultos, formación laboral y capacitación tecnológica.
Por supuesto eso requiere dar un giro hacia el mundo contemporáneo. Esto incluye reforestar las zonas degradadas y facilitar el desarrollo agropecuario conjuntamente. Es decir, una estrategia diseñada científicamente.
Con la administración central no se puede contar. La ley de bosques fue absolutamente incumplida por el Estado nacional: nunca se pagó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar los servicios ambientales brindados por las fincas y las provincias.
En 2022 hubieran correspondido al menos $45.000 millones, pero el proyecto de presupuesto que no se aprobó asignaba una partida de apenas $1.212,4 millones (un 2,6%). Pero esto ocurre desde 2010, cuando comenzó a aplicarse la ley, y nunca hubo un reclamo de las provincias afectadas. Salta tiene que decretar un nuevo ordenamiento, con una visión técnica y jurídica, y pensando en las necesidades de la gente.
El cambio climático generado en el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera anticipa una catástrofe planetaria para dentro de 96 años. Para entonces el mundo habrá superado los 10.000 millones de habitantes. Pero la contaminación de la atmósfera es producida fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles. Más que frenar el desarrollo del Chaco, el problema radica en cambiar el sistema energético mundial.
En el presente, con un país donde más de la mitad de los niños y adolescentes comen menos que lo mínimo necesario, las decisiones deben tener en vista esa realidad, y el futuro. Ambas.
La demanda alimentaria creciente seguirá teniendo a la Argentina como proveedor indispensable. La provincia debe aprovechar al máximo sus posibilidades, no solo con exportación minera sino también con producción alimentaria, desarrollo agroindustrial, inversión tecnológica y educación. Y eso solo se consigue con decisión, realismo y apego a las normas vigentes.