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Con un contundente rechazo a la denominada nueva "Constitución refundacional de Chile", el país vecino continua con un inédito itinerario constituyente, abierto hace casi tres años, luego de las protestas sociales en las calles de octubre de 2019 cuando casi un millón y medio de personas iniciaban este proceso histórico -que ahora se sabe, es de reforma no de refundación-, todavía en ciernes.
La cuestión es curiosa pues no parece habérsele dicho "no" a un texto constitucional que busca asegurar derechos económicos, sociales y culturales y poner a Chile en la senda del Estado social de derecho con base constitucional -base sobre la que existe cierto consenso en la centroizquierda y centroderecha chilena-, sino a ciertos excesos maximalistas y excesivamente programáticos, vinculados a la multinacionalidad, la textura abierta y hasta poética de muchas normas constitucionales, la incertidumbre sobre los procesos que abre y, ahora se sabe, la nota de posible desunión y no de unión que pone como prenda común de todos los chilenos.
Con un proceso cuya nota característica es la altísima concepción de la democracia vigente en el país -un país que ha sufrido su falta largamente-, tiene la secuencia de reclamos sociales primero, acuerdos políticos de partidos para abrir el proceso constituyente y descomprimir, plebiscito de entrada acerca de los mecanismos de representación, trabajo constituyente plural y amplio durante un año, debate robusto y participativo en que se examinó el texto proyectado por dos meses, para finalmente consultar a toda la ciudadanía -a la que por primera vez se le impone la obligatoriedad del voto-, acerca del "plebiscito de salida" o consulta de aprobación o rechazo con la Constitución proyectada.
Un modelo muy atractivo para pensar los procesos de reforma constitucional en otras latitudes, con sus virtudes y desventajas, entre los que se cuenta, como principal virtud, el respeto irrestricto a la voluntad popular, el principio de soberanía en la larga secuencia que todavía continúa. Con muchos interrogantes acerca de cómo seguir, dado este fenómeno tan contrastante: casi el 80% quería una nueva Constitución en 2019.
Finalmente el 62% no quiere la elaborada, pero quiere otra en porcentajes similares. ¿Qué es lo que quieren los chilenos?
La atención del mundo
Todo este proceso concita la atención del mundo -del mundillo constitucional en especial-, debido a la extensión del texto proyectado y ahora fallido (178 páginas, 388 artículos, 57 disposiciones transitorias y 54.777 palabras), su progresía, la representatividad y participación concertada para la discusión constituyente (indígenas y paridad de género son la nota saliente), la forma en la que, quienes la impulsaron y proyectaron, luego fomentaron su rechazo y lo que es más impresionante: la resistencia pero a la vez el avance en la línea que lleva a poner a Chile en la senda del Estado democrático y social de derecho, abandonando el Estado de derecho liberal, meramente subsidiario, que fue su marca registrada y llevó a períodos de gran crecimiento económico, pero no del todo.
Esta quizás sea la nota saliente para pensar el futuro del proceso constituyente en su cuestión más de fondo (pues de la multinacionalidad se puede pasar a la multiculturalidad o se pueden regular más institutos sobre el orden público, como los Estados de excepción y no meramente de catástrofe, o suprimir cierto "veto" indígena, que son algunos de los temas polémicos). La nota es la imbricación constitucional equilibrada entre un régimen económico social fundado en la dictadura, aprehendido en la Constitución de 1980 y que se mantiene en el imaginario y la forma de vida de gran parte de la población, con la necesidad de pensar otro Estado, prestacional y de bienestar (salud, educación y pensiones), financiado necesariamente con los recursos del modelo económico histórico, que sea eficiente, igualitario y justo. Chile pareciera un país que conoció de extremos, pero hoy no duda en pretender mantenerse basculando en el centro; de ahí el curioso fenómeno de centroizquierda militando el rechazo y centroderecha concertando el Estado social, para el futuro.
Libertad e igualdad: dilemas
Si pudiera hacer una síntesis de principios en juego, aquellos que fijaron los franceses en su proceso revolucionario y los lanzaron al mundo sin resolver las dosis justas de cada uno de ellos (libertad, igualdad y fraternidad) entre lo sucedido allá lejos, en octubre de 2019 con las violentas protestas basadas en la desigualdad social intolerable y este rechazo al producto de la Convención intentando preservar la nota distintiva de libertad económica del régimen que la provocó (me tocó escuchar en los festejos "Chile es y será un país en Libertad"), diría que Chile es más que un proceso constituyente abierto, con una complexión herida de igualdad y fraternidad (excluidos e indígenas lo demuestran). Es una gran incógnita, un enigma constitucional, por su Constitución real (la que existe más allá de las normas y parece prevalecer en el "rechazo") y por la Constitución social que se debe para acabar con la mácula de la dictadura.
Cuando a posteriori la clase política debe continuar interpretando la voluntad popular y develar el misterio de una constitución aceptable en la dosis justa de principios que muchas veces se repelen, creo que el país navegará en aguas ciertamente desconocidas para darse una constitución en el punto justo de libertad económica e igualdad de derechos, de subsidiaridad y estado social de bienestar, de fraternidad y verdadero e irrestricto respeto al proyecto político y de vida del otro.
Aguas constitucionales desconocidas para nada pacíficas en términos de ingeniería constitucional, pero ojalá la imaginación gane al status quo, y sea la Constitución chilena, emblema para el mundo y la carta de navegación -expresión acuñada por ese gran argentino llamado Juan B. Alberdi que pensó estos procesos precisamente desde Valparaíso-, que necesitan siempre los pueblos, para tiempos de calma y para tiempos de tormenta.