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Con un alto porcentaje de alumnos por debajo del nivel mínimo de rendimiento en cuanto conocimientos, las pérdidas de aprendizaje podrían impedir que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias consideradas básicas para el mundo del trabajo que también está cambiando en cuanto a los perfiles requeridos para los puestos.
Reconocidos organismos internacionales muestran que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables se retrasarán aún más. Estos efectos perjudiciales sobre el capital humano constituyen para nuestra región una verdadera tragedia.
Las pérdidas de aprendizaje se suman a las que ya existían antes de la pandemia, y ya mostraban las desigualdades existentes, a nivel regional, en lo que respecta al acceso de los estudiantes a una educación de calidad. Hoy, se siguen profundizando.
Todo indica que la educación enfrenta abrumadores desafíos, y con ellos, la necesidad de producir cambios transformadores que requieren muchos más recursos financieros, inversiones estratégicas y decisiones políticas profundas, que rompan con vicios que atan a la escuela a la decadencia, para lograr resultados de aprendizaje acordes con el mundo contemporáneo.
Es necesario tener un plan con objetivos claros para incrementar la calidad y fortalecer las habilidades de los jóvenes, que les permitan conseguir mejores empleos con mejores ingresos para superar la pobreza.
¿Cómo lograr los objetivos? Se requieren conocimientos, una visión clara del presente y el futuro y una gran transparencia política para garantizar el derecho universal a una educación de calidad.
Esa es la condición esencial para que la Argentina pueda producir el viraje que es imprescindible para el desarrollo humano de nuestra castigada sociedad. La calidad educativa, la equidad y la inclusión no solo tienen que ver con el acceso sino también con el proceso aprendizaje. La digitalización es una nueva herramienta poderosa con el invalorable potencial de cambiar paradigmas.
La pandemia COVID 19 y sus efectos profundizaron la crisis de aprendizaje que ya venían enfrentando varios países. Los sistemas educativos se vieron expuestos a nuevos desafíos para los cuales, en la mayoría de los casos, no contaban con los recursos necesarios para hacerlo y Argentina no fue la excepción. Pero las crisis siempre representan oportunidades de mejora; de realizar cambios necesarios e inclusive aprovechando los beneficios de la tecnología digital que se puso al alcance para superar las barreras de la no presencialidad, aun a pesar de las brechas sociales.
Pero, ¿hay indicios ciertos de que, el 2023 será un buen año para la educación en nuestro país? Repasemos algunos.
Según los resultados de las pruebas PISA 2018, en Argentina, la Pobreza de Aprendizajes, definida como el porcentaje de niños y niñas incapaces de leer y comprender un texto simple, afectaba al 54% alumnos; en tanto que los jóvenes de 15 años se encontraban casi tres años por detrás de la media de los estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en lectura, matemática y ciencia. La pandemia agravó esta situación. En 2021 bajó a nivel nacional el porcentaje de estudiantes de nivel primario con buenos resultados en lengua y matemáticas. En Salta, la caída fue mayor.
Especialistas en temas educativos del Banco Mundial, para la región de América Latina y el Caribe, concluyeron en varias de sus publicaciones que el COVID 19 produjo una crisis educativa jamás vista en la región. Advirtieron que las consecuencias serán muy graves para las generaciones futuras, en especial entre los sectores vulnerables y reclamaron con urgencia políticas orientadas a recuperar los aprendizajes perdidos. Los expertos destacan que las nuevas tecnologías serán un instrumento fundamental y que será imprescindible cerrar las brechas digitales e impulsar las transformaciones necesarias que ya estaban disponibles antes de la pandemia.
A nivel local, según datos del informe elaborado y publicado recientemente por el Ielde sobre "Pobreza, desigualdad económica y oportunidades educativas en el noroeste argentino y en la provincia de Salta" da cuenta de que tras la pandemia la situación empeoro: aumentó la pobreza en términos de ingresos; la pobreza educativa y la de aprendizajes. Los resultados son desalentadores y exponen el deterioro de la calidad educativa.
Los jóvenes de la generación Z que egresaron del nivel secundario en 2022 comenzaron el 1er grado en el 2011 (al menos, los no repitentes). En ese periodo, 2011-2022, contabilizamos seis recesiones en Argentina en las cuales hubo tasas negativas de crecimiento; dicho en términos de economía política, disminuyó la riqueza del país, mientras que la inflación multiplicó la pobreza en los hogares.
La Ley de Financiamiento Educativo. de 2005 ordenaba ofrecerles mejores condiciones educativas ,estableciendo, entre otros objetivos, que hasta el 2010 la inversión en educación alcanzaría el 6% del PBI para que se mantenga a futuro. La Ley de Educación Nacional lo ratificó en 2006.
Estos jóvenes iniciaron su escolaridad en el 2011 y egresaron del secundario en el 2022; los que llegaron, solo vieron cumplido el objetivo en 2015: con el agravante que a partir de ese año cada vez se invierte un porcentaje menor; entre el 2016 y el 2018 la inversión en educación nacional cayó un 9% en términos reales, lo que significó el 4,8% del PBI antes de la pandemia.
La pobreza medida por ingresos no paró de crecer desde el 2011; desde el 25,4%, según el Informe de la Deuda Social de la UCA, y trepó al 43,1% y la tasa de Indigencia supera el 8% siendo el grupo etario de 0 a 17 años el más afectado. Para este grupo la tasa de pobreza en el 2011 era del 39,7% y en el 2022 es del 61,6%. Actualmente alrededor de 18 millones de personas son pobres por ingresos y no alcanzan a adquirir una canasta básica total. Sin los planes sociales existentes la pobreza llegaría al 51,1% de las personas ya que el 40,4% de los hogares tiene cobertura de algún tipo; esta ayuda era del 24,4% en el 2010.
En Salta el 47% de sus habitantes son pobres, mientras que el 8% son indigentes, aunque la pobreza multidimensional es mayor.
Como primera conclusión relevante entonces, en base a datos ciertos, es que estos años estuvieron marcados por las recesiones; que prácticamente no se cumplió el objetivo de gasto en educación del 6% del PBI (salvo 1 año) y que la inversión que se realiza se destina principalmente a salarios. Tanto Nación como las provincias disminuyeron el gasto en los últimos años. Salta depende de la administración central, ya que la tercera parte de su gasto educativo se financia con fondos nacionales.
Ahora bien, ¿en qué gastan los presupuestos las provincias? Casi la totalidad, en salarios. En Salta alrededor del 93%; solo el 6,6% va para mejoras edilicias, becas, etc. En consecuencia, para financiar políticas educativas tendientes a mejorar la equidad y calidad dispone de la benevolencia del gobierno federal. Con un margen tan mezquino, nada permite avizorar ningún salto importante en el sistema.
¿Cómo se presenta el 2023, entonces? Las perspectivas no son halagüeñas. Los recortes se profundizaron y disminuyó el peso relativo de la educación dentro del gasto nacional...
Analizando los países con crecimiento sostenido y desarrollo sustentable, verificamos que los motores del crecimiento económico con inclusión social son la inversión y la educación.
Los chicos aprenden poco y muchos jóvenes abandonan la escuela. Ese es el síntoma más alarmante.
La cohorte que entró a primer grado en 2011 y egresó del secundario en 2022 participó de evaluaciones estandarizadas, tanto internacionales (como PISA) y las nacionales (como Aprender). Tomando los resultados de estas últimas: en Matemáticas, en 2016 que fueron evaluados cuando cursaban sexto grado y el examen reveló que el 41,4% estaban por debajo del nivel básico; ya en el secundario, más del 45% estaban por debajo de estos niveles; es decir, empeoraron los aprendizajes.
En Lengua, en sexto grado alrededor del 33% estaba por debajo del nivel básico; en el secundario el indicador negativo se elevó al 38%. La pandemia, con el cierre de escuelas, profundizó los malos resultados.
El abandono escolar es el resultado de un proceso complejo, pero con la certeza de que los alumnos bajo riesgo son los que tienen una escolarización frágil y precaria, que los ubica en una situación de exclusión latente, potencial y silenciosa (inasistencias reiteradas, bajo desempeño, etc.). La pandemia también agravó ese riesgo. La pobreza no solo es de ingresos; tiene muchas caras. Uno de cada cuatro alumnos argentinos no alcanza los niveles mínimos de competencia lectora y cálculo. Esto se incrementa en el NOA. La pobreza educativa y la de aprendizaje advierten que en Salta corre riesgo la formación de capital humano, necesario para el crecimiento económico a mediano y largo plazo. La pobreza estructural en nuestra provincia es muy elevada; el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al promedio del país y el más alto dentro de las provincias del NOA.
En las evaluaciones aflora la inequidad educativa: el 43.3% de la población de nivel socioeconómico bajo mostró un desempeño inferior al nivel básico; este se reduce en la población de nivel medio (18,8%) y alto (8,4%). Solo el 6,3% del nivel socioeconómico bajo supera el nivel avanzado al que sí llega el 42% del nivel alto. En matemática es similar: el 42,2% (bajo), 20,4% (medio) y 10.3% (alto).
El futuro está comprometido, todo será peor si no se aplican políticas educativas efectivas que requieren de decisiones de inversión importantes para fortalecer el capital humano de la región. Del conocimiento, la alimentación y la salud de los estudiantes depende la posibilidad de incrementar la eficiencia productiva.
El conocimiento estancado es un freno al desarrollo humano.