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18 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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Discapacitados, detenidos 3 años, fueron heridos y además abusados

Es lo que surgió hasta ahora. La causa no tiene fiscales por haberse excusado todos.
Lunes, 20 de febrero de 2023 02:11

Los dos muchachos discapacitados de Aguaray, quienes por pedido de la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, y por disposición del juez de Garantías Nelso Aramayo permanecieron casi tres años detenidos en una comisaría, sufrieron, uno de ellos, una herida de arma blanca y el otro abuso sexual, mientras estaban en cautiverio.

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Los dos muchachos discapacitados de Aguaray, quienes por pedido de la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, y por disposición del juez de Garantías Nelso Aramayo permanecieron casi tres años detenidos en una comisaría, sufrieron, uno de ellos, una herida de arma blanca y el otro abuso sexual, mientras estaban en cautiverio.

El caso, que viola todos los tratados internacionales de protección a personas discapacitadas, y sobre el que ninguna autoridad superior se ha expresado hasta el momento -ni la Corte de Justicia provincial ni el Colegio del Ministerio Público- se produjo entre marzo de 2018 y enero de 2021, cuando dos muchachos con discapacidades, tanto físicas como psicológicas, estuvieron presos acusados de haber violado a una chica menor de edad y familiar de ambos. Luego de la denuncia formalizada en la comisaría 46, los dos discapacitados fueron detenidos y supuestamente se les realizó el control de legalidad, como sucede con cualquier otro detenido, a ambos se les informó su situación en la audicencia de imputación y fueron alojados en la comisaría de Aguaray.

Según consta en el expediente, recién después de dos años y 11 meses la causa N° 78.909/18 fue elevada a juicio oral y público. Y justamente fue en esa oportunidad -en la primera semana de enero de 2021- cuando el juez de la Cámara del Crimen Nº 1, Anastacio Vázquez Sgardelis cubría la feria judicial, que el magistrado recibió las actuaciones. En cuestión de horas y después de leer lo que contenía el expediente el magistrado ordenó el sobreseimiento definitivo y la declaración de inimputabilidad de ambos hermanos.

Pero durante todo ese tiempo, y detenidos junto a presos comunes, los hermanos nunca recibieron tratamiento ni la mínima contención para dos personas con discapacidades profundas. No solo eso, sino que sufrieron violencia física y sexual, según lo confirmó el abogado de la curadora de ambos muchachos, el penalista de Tartagal Alexis Ramber Ríos.

Este abogado junto al Dr. Gonzalo Maidana, se constituyeron la semana que finalizó como querellantes en la causa, que no tiene antecedentes en la provincia de Salta por la cantidad de funcionarios y magistrados denunciados -9, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público- y por las irregularidades contenidas dentro del propio expediente.

Pedido de jury

Ramber Ríos, en diálogo con El Tribuno, consideró que "en la República Argentina no debe haber un expediente con más irregularidades de las que presenta el de estos dos hermanos. Se han falsificado declaraciones indagatorias, cuando estos dos muchachos no hablan. Y si alguno lo hace solo expresa incoherencias. Se han pasado por alto las pericias psiquiátricas de un profesional de Tartagal y de una junta de psiquiatras del hospital Ragone de Salta".

"Una de las defensoras oficiales, dado que la familia no tiene recursos para costear abogados particulares, reconoció ante este mismo medio que ella los defendía pero no los conocía. Nunca los había visto en su vida. Las psicólogas han falsificado los informes y este cúmulo de barbaridades han terminado con dos inimputables presos por casi tres años, uno de ellos violado y el otro herido de arma blanca estando presos en una comisaría. Lamentablemente sabemos cómo funcionan los lugares de detención en la provincia de Salta. Entonces para nadie puede ser extraño que estos dos muchachos hayan sufrido vejaciones", argumentó el abogado.

"Ahora las dos grandes preguntas que los ciudadanos, al menos del norte, donde se desempeñan estos magistrados, debemos hacernos son: ¿qué garantías podemos tener de Justicia de este distrito? Y la otra, ¿quien se hará cargo de todas estas barbaridades?" ,se preguntó Ríos de manera retórica.

El letrado explicó además que "por lo que pudimos averiguar hasta el momento existe una tercera persona que, a diferencia de estos dos muchachos, comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir los mismos, pero que nunca fue ni siquiera llamada a declarar. Todo nos indica que se trataría del autor del abuso sexual de la menor, delito por el cual fueron acusados estos dos discapacitados".

"Por mucho menos, cualquier querellante pediría el jury tanto para el juez como para la fiscal, que es precisamente lo que estamos haciendo, y en eso consistió mi presentación. Un magistrado como Aramayo, que tiene casi 45 años en el cargo, o no está en condiciones de seguir ejerciendo como juez o ha cometido errores tan gruesos como el que cometió con estos dos discapacitados en causas anteriores, que no han salido a la luz", agregó.

"La situación es gravísima y sencillamente considero que no puede seguirse desempeñando como tal. Lo mismo le cabe para la fiscal Martínez, quien siendo mucho más joven que Aramayo ha cometido una falta tan grave con dos personas indefensas", dijo el abogado.

La falta de fiscales y un pedido a Salta

Al hacer un repaso de la situación judicial, el lector atento no puede menos que alarmarse por la cantidad de enredos sucedidos en este caso, donde dos personas jóvenes, claramente , sufrieron tres años de vejaciones y encierro de manera claramente ilegal.

Tras salir a la luz todos los hechos aberrantes que sufrieron los dos discapacitados durante su encierro, el pasado 28 de enero la curadora de ambos muchachos presentó una denuncia penal contra nueve funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público fiscal, de la Defensa y Tutelar. La denuncia policial N° 70/23 fue girada al fiscal Penal con competencia en Aguaray, Armando Cazón, pero el agente fiscal declinó su competencia considerando que todos los hechos se produjeron en Tartagal.

Las actuaciones pasaron así a manos del fiscal Pablo , quien por lógica hizo lo mismo que Cazón, ya que la fiscal de Violencia de Género, Martínez -una de las denunciadas-, es su esposa.

De esa manera, quien tendría que abocarse a la investigación sería el fiscal Rafael Medina, "pero creo que también declinará su competencia porque ya tuvo algunos entredichos conmigo y tomó esa actitud en causas anteriores donde fui querellante", dijo Ríos respecto del fiscal mencionado.

Y agregó: "Lo que estoy pidiendo es que el procurador general de la Provincia designe un fiscal que sea de otro distrito, porque acá son todos amigos, almuerzan y cenan juntos, y no sería serio".

Más tarde recordó que "a esta causa comenzó a trabajarla otra abogada, que se apartó por razones de salud. Y sé de algunos colegas que no quisieron ni pensar en involucrarse por lo vidrioso del tema y por las relaciones interpersonales entre magistrados y funcionarios en un distrito chico como éste. Pero más allá que lo mío es un trabajo profesional de abogado, soy un ser humano, un vecino más de Tartagal y estas cosas me parecen indignantes".

"La connivencia entre toda esta gente que actuó de forma negligente, 9 funcionarios judiciales de Tartagal, es algo inaudito y, ahora, estos muchachos imputados ilegalmente por estos mismos funcionarios tendrán todo el derecho del mundo a que se revisen sus causas", consideró Ríos.

"Por eso pido el jury para el juez y la fiscal, y que se tomen medidas drásticas contra las psicólogas y el resto de los denunciados por mi representada, que fue designada curadora de los dos hermanos discapacitados", expresó el letrado norteño, todavía visiblemente conmovido por lo espeluznante de las vejaciones sufridas por los chicos discapacitados denunciados que, como queda claro, no son conscientes de sus actos.

Los denunciados son la fiscal de Violencia de Género, María Lorena Martínez, el juez de Garantías Nelso Aramayo, la jueza de cámara Azucena Vázquez, las psicólogas del Poder Judicial Silvia Susana Fuenzalida y Estela Lizondo, el médico del poder judicial Marvyn Flores, las defensores oficiales Natalia Pagani y Lorena Babicz y el asesor de Menores Juan José Andreu.

CORRESPONSALÍA TARTAGAL

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