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Con asesoramiento del salteño Nicolás Dapena, experto en armas y terrorismo, el gobierno de Uruguay aprobó un decreto para la creación de la Comisión Interinstitucional de la Convención sobre Armas Biológicas.
Esta comisión, de acuerdo a la normativa, actuará como autoridad nacional para la implementación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
En diálogo con El Tribuno, Dapena indicó que "casi toda Latinoamérica tiene regulaciones muy débiles en materia de armas biológicas", y que "Argentina no escapa a eso. De hecho, estoy haciendo este mismo trabajo en ocho países y Argentina es uno de ellos".
¿Qué implica este decreto?
Tras la COVID muchos países empezaron a entender el verdadero riesgo de las armas biológicas. Si bien la COVID fue una epidemia, tomaron dimensión de lo que podría ser un uso malicioso de armas biológicas.
La Convención de Armas Biológicas, en realidad, fue creada para lograr que los gobiernos y los estados desarmen sus programas de armas biológicas, lo mismo que la Convención de Armas Químicas. Pero el verdadero riesgo no es que los gobiernos tengan programas de armas biológicas ahora, porque prácticamente no hay, sino que grupos criminales accedan a tecnología o a patógenos.
¿Y sobre este punto ya se tomó conciencia?
La mayoría de los países no hizo todavía ese click en torno de las regulaciones y la legislación de persecución criminal que tiene que estar dirigida a evitar que eventualmente grupos terroristas o criminales tengan acceso a patógenos o toxinas y, con eso, logren generar temor en la sociedad. Hace un tiempo un tunecino en Alemania compró por internet 1.000 semillas de ricino (en Argentina se vende libremente por internet), fabricó un explosivo casero, extrajo la ricina de las semillas y estaba fabricando una bomba biológica para utilizar en un subterráneo de Alemania. El Gobierno alemán, a través de Inteligencia, lo detectó y lo detuvo antes de que lo pueda hacer.
El problema real es que los gobiernos muchas veces no tienen ni la legislación ni la capacidad operativa para entender el fenómeno o prevenir la utilización de armas biológicas por grupos criminales y para, eventualmente, perseguir eficientemente a aquellos que puedan haber cometido un atentado; porque es difícil hacer una trazabilidad inversa del patógeno que hayan utilizado.
¿Esto es lo que hizo Uruguay ahora?
Así es. Por eso es necesario desarrollar muchos instrumentos y uno de los instrumentos base es crear una comisión de armas biológicas a nivel gubernamental que concentre los esfuerzos del gobierno y que tenga una serie de funciones, como elaborar un listado de los patógenos peligrosos que bajo la ley de ese país se van a considerar ilegales si los tiene alguien sin autorización estatal. Solo los laboratorios autorizados por el Gobierno lo pueden tener.
Otro punto crítico es que exista un registro centralizado de los laboratorios, de qué patógenos y toxinas tienen en cada uno y cómo son los equipamientos e incluso quiénes trabajan en esos laboratorios, porque los grupos criminales suelen sobornar o apretar al recurso humano de estos lugares para que roben algo del laboratorio. Es una batería de acciones y medidas que los gobiernos tienen que tomar y el punto de partida suele ser la creación de una comisión de este tipo.
"El riesgo no es que los gobiernos tengan armas biológicas, sino que grupos criminales accedan".
Eso es lo que hizo el gobierno de Uruguay con nuestra ayuda y es lo que creemos que varios gobiernos de América Latina están empezando a dirigir sus esfuerzos en busca de ese resultado.
¿Hay antecedentes de esta normativa en América Latina?
El Gobierno chileno lo hizo por ley hace algunos años, pero no tiene decreto reglamentario de aplicación todavía. Ya sea que se haga por ley o por decreto, lo que se necesita es contar con la operatividad de la norma. Muchas veces sale la ley, pero no es operativa hasta que sale el decreto reglamentario.
¿En el caso de Uruguay usted participó en el proceso de redacción de la norma y el asesoramiento previo?
Las autoridades uruguayas son excelentes, tenían un objetivo muy claro desde el comienzo. Y lo pusieron en marcha con mucha operatividad. Una vez que los países perciben el riesgo, actúan rápidamente.
"Los gobiernos, a veces, no tienen capacidad para prevenir el uso de armas biológicas".
Recién usted lo comparaba con la COVID…
Así es, pero para darse una idea, la COVID tuvo una tasa de letalidad bajísima en términos reales, por eso muchas veces se critica la sobreactuación de los gobiernos en este tema. Por ejemplo, el virus de Marburgo tiene una tasa de letalidad del 88%, similar al Ebola, son virus que se transfieren de persona a persona a través de líquido y la persona puede estar hasta tres días sin manifestar síntomas, o sea que atraviesa una frontera y lo esparce con una mortalidad prácticamente garantizada. Mientras que con la COVID, que tiene menos del 1% en términos reales, fue bajísimo el impacto.
¿Qué se puede contar de su trabajo?
Si bien el detalle es confidencial, mi rol fue una asesoría como experto, puesto al servicio de los gobiernos para desarrollar este tipo de instrumentos y mecanismos. Básicamente brindé el asesoramiento en la prevención de armas biológicas y en generar mecanismos para que no puedan acceder grupos criminales a las armas biológicas en América Latina.
Usted tiene además antecedentes trabajando en Medio Oriente, en lo que fue la utilización de armas químicas en la guerra en Siria…
Así es. Luego de ser subsecretario de Narcotráfico en Argentina, pasé a trabajar para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el grupo de expertos de Yemen. Mi trabajo consistía en identificar, determinar y reunir evidencias sobre quiénes estaban violando la prohibición de venta de armas a uno de los bandos de la guerra. En ese momento reunimos evidencia respecto de la violación al embargo de armas por parte de varios países de Medio Oriente. Posteriormente pasé al mecanismo de investigación conjunta de Siria, trabajando para la ONU y la Organización de Prohibición de Armas Químicas. Nuestro trabajo era identificar quién estaba usando armas químicas en la guerra de Siria. En mi caso me tocó liderar uno de los grupos de investigación abocado al norte del país, donde operaba el grupo Isis, e identificamos el uso de sulfuro de mostaza producido por Isis y utilizado contra civiles en Alepo.
¿La actividad que está llevando a cabo ahora tiene mucha complejidad, tomando en cuenta sus antecedentes?
En comparación con las guerras de Yemen y Siria es un trabajo mucho más sencillo, porque trabajamos en la prevención, casi sin riesgos. Y usualmente los gobiernos están muy predispuestos a la colaboración. Creo que la COVID generó un efecto en los gobiernos de percibir que han desarrollado pocas barreras de defensa frente a un fenómeno que puede ser un reguero de pólvora.