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Hay dos actividades muy importantes que son muy beneficiosas para la economía de cualquier país. Podría decirse que son el grueso de toda economía que debería tener mayor importancia y cuidado en la política.
Hablamos justamente del campo y de la construcción. Son dos eslabones que más mueven el mercado y por desgracia en la Argentina, son los que más han tenido resistencia ante una política, supuestamente nacional y popular, que detrás de esa fachada, se contrasta la envidia de ideologías políticas que actúan con envidia, despecho, ignorancia, y manera desfachatada hacia quienes progresan, producen, trabajan.
Por la parte del campo, ya hemos visto la cantidad de impuestos que obligan a pagar y si existe resistencia, salen los lacayos de los políticos resentidos sociales a realizar los cortes de las silobolsas y a causar otros desmanes.
Por otro lado y a lo que nos centramos ahora, viene el mercado inmobiliario y todas las modificaciones de leyes que han puesto en jaque a la construcción que se alimenta de alquileres, rentas, que son producidas por las viviendas, locales comerciales, hoteles, etc.
La vedette de todas es la ley 27.551, la ley de alquileres, que al haber sido sancionada por la política de un larretista “Daniel Lipovetzky”. Un pobre ignorante en la materia inmobiliaria, que haciéndose eco de un grupo de inquilinos, supuestamente afectados, ha tratado de solidarizarse. Vaya a saber si para captar más votos, que es lo esperable de un político de hoy, o simplemente por congraciarse con algunos. Lo cierto es que desde esa nueva ley de alquileres que hoy está vigente, ha retractado cualquier posibilidad de crecimiento en la construcción.
Como si fuese poco, a partir de ahora la suba de los alquileres es del 124% en algunas provincias, tal vez en otras, sea un poco más.
Podría decirse que es el creador de la grieta entre propietarios, inquilinos. También ha creado el abismo entre ahorristas y constructoras.
Más allá de ésta ley que obliga al propietario a elevar los precios porque le priva de hacer aumentos más apropiados en base a la inflación, también luego de un año, se debe adaptar al precio que establece un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
¿Y LOS DERECHOS DE LAS PARTES?
Con esta ley, se ha menoscabado el PRINCIPIO DE LA LIBRE VOLUNTAD DE LAS PARTES. Justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice en un fallo: “El PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD determina que los acuerdos contractuales -salvo excepciones expresas (p.e. aquéllos que violenten la moral y buenas costumbres)- prevalecen por sobre las disposiciones legales, debiendo los magistrados hacer respetar y cumplir aquellas estipulaciones, teniendo los judicantes la facultad de interpretar y determinar sus alcances”.
Más allá de que se viene violentando a la Constitución Nacional de tal manera, debemos recordar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Presidente de la Nación, el Dr. Fernández, donde permitía que la gente que se ha retrasado con los pagos de alquileres, no se le pudiera realizar el desalojo, así trabajara o no lo hiciera, pateando el pago para más adelante. Pues, obliga otra vez a no poder disponer de sus bienes que son objeto de su trabajo de su forma de vivir, de obtener dinero para poder alimentarse entre otras cosas. Si lo vemos de ésta manera, ese dinero proveniente del alquiler, también tiene carácter alimentario como el de un salario.
Dicho esto, se debe recordad que la propiedad es inviolable, tal lo establece el “Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella…”.
Concluyendo, esta atrocidad y calamidad en los negocios inmobiliarios, es importante que al momento de elaborar las leyes más que basadas en la obtención del voto, estén coordinadas con las leyes y sus diferentes jerarquías, máxime cuando fueron realizadas con aquellos políticos del pasado que tenía una marcada mejor calidad institucional y conocimiento que la mayoría de los políticos de la actualidad que no paran de vivir del Estado sin pensar en los efectos colaterales que suceden luego de entrar en vigencia una ley.