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El presidente Javier Milei firmó ayer los decretos con tres vetos totales a leyes aprobadas por el Congreso en julio: el aumento del 7,2% para jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Las normas, impulsadas por bloques opositores, fueron rechazadas por el Gobierno con el argumento de que comprometen el equilibrio fiscal. Según anticiparon fuentes oficiales, los vetos se publicarán este lunes en el Boletín Oficial.
"La situación fiscal heredada es insostenible", explicaron desde el entorno presidencial, y advirtieron que cualquier medida que implique mayor gasto sin financiamiento específico será automáticamente vetada. La decisión de Milei, que ya había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca reforzar el mensaje de "déficit cero" que el Gobierno mantiene como eje de su política económica.
El Poder Ejecutivo confía en que la Cámara de Diputados no logrará reunir los dos tercios necesarios para revertir los vetos, algo que requeriría una mayoría calificada poco probable dadas las actuales alianzas parlamentarias. El oficialismo apuesta a que los bloques aliados y los gobernadores que negocian recursos con la Nación sostendrán la postura de la Casa Rosada.
En las últimas semanas, desde el Ejecutivo comenzaron gestiones con referentes de provincias clave -como Córdoba, Mendoza, Misiones y Santa Fe- para asegurarse el respaldo en el recinto. La mirada está puesta especialmente en los diputados que responden a los gobernadores, un grupo decisivo para definir si los vetos se confirman o caen. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Los mandatarios provinciales reclaman los fondos del Tesoro y una modificación en la distribución de los recursos que el país obtiene a través del impuesto a los combustibles líquidos.
Uno de los puntos más sensibles es la ley que establecía un aumento automático de las jubilaciones en julio, que se sumaba a la fórmula de movilidad vigente. El Ejecutivo la consideró "inviable" y advirtió que, de sostenerse, abriría un camino de "irresponsabilidad fiscal". En el caso de la moratoria previsional, el Gobierno insistió en que implicaría reconocer beneficios sin aportes suficientes, algo que, según plantean en Balcarce 50, contradice la lógica del sistema contributivo.
La ley aprobada en ambas cámaras implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, la norma implica la restitución por dos años de la moratoria que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, desde el oficialismo señalan que ya existen partidas específicas en el Presupuesto destinadas al área y que el texto aprobado por el Senado carece de respaldo presupuestario concreto.
De esta manera, Milei redobla su estrategia de confrontación con la oposición y busca mostrar firmeza ante un Congreso que ha comenzado a mostrar señales de resistencia. Con estos tres vetos, el Gobierno también pone a prueba su capacidad de sostener el rumbo económico sin concesiones, mientras crecen las tensiones sociales por el ajuste.
En la Rosada están confiados. "Yo creo que vamos a sostener los vetos", aseguró esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque no quiso dar detalles de los apoyos con los que cuentan. "Lo mejor es ser más bien reservado y estratégico", señaló.
La próxima batalla será en la Cámara baja, donde las presiones de los sectores afectados, especialmente jubilados y personas con discapacidad, ya comenzaron a sentirse. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que no hay margen para ceder: "El déficit cero no se negocia", repiten.
Si los 257 diputados están sentados en sus bancas el número mágico para La Libertad Avanza es 86. Pero como el cálculo es sobre los presentes, ese número baja a medida que crezcan las ausencias o abstenciones.