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Las democracias están atravesadas por una tensión de fuerzas aparente, porque al final, más que oponerse, se complementan. En un sistema sano es la relación de mayorías y minorías que asegura límites, pesos y contrapesos, garantía de que el poder no se desborde.
En nuestro caso el marco es un conjunto de principios básicos en el que todos acuerdan, expresados en el preámbulo de la Constitución Nacional. Esas son las reglas del juego, que tienen un propósito superior a las palabras; es un faro que lo debe iluminar todo: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Está todo dicho, y muy bien dicho. Desde la vuelta de la democracia los logros han sido desparejos. Es innegable que hay mucho por agradecer, especialmente en el plano de la libertad. Pero hay grandes pendientes. Y el desafío consecuente es mayúsculo, porque es sistémico: las fuerzas de mayoría y minoría han diferido profundamente en sus cosmovisiones. Es pura en casi todos los ámbitos; poca complementariedad.
En los últimos veinte años ha predominado una de las miradas, con aspiraciones hegemónicas. Las consecuencias están a la vista en todos los frentes; sobran las estadísticas y las palabras. Para encuadrar el problema, conviene dejar la retórica de lado e indagar la causa causarum. Y la respuesta es fácil: sistemáticamente se ha impuesto un modelo de debilitamiento de la ley, dando lugar a un estado anómico, con equilibrios lamentables que beneficiaron a pocos bien organizados corporativamente, desde sectores empresarios hasta organizaciones sociales.
El modelo está exhausto. No son solo las reservas y el cepo. Es más grave: los avances más importantes que habíamos logrado en el plano de la libertad están temblando, al límite de su existencia. Si no alcanza para comer y no se puede salir a la calle, pues lo que está en juego es ni más ni menos que la paz social, el lazo básico para la convivencia en sociedad. Esto es lo que ha causado el modelo de garantismo abyecto, que no garantiza nada más que pobreza e inseguridad.
El problema, como se puede ver, es mucho más profundo y no alcanza con estabilizar la economía. Es el sistema institucional el que está enfermo. Parece mentira, pero volvimos al primer casillero: aquel discurso de 1983, en el que se recitó el Preámbulo como marco de pensamiento y acción, está más vigente que nunca. Todos los propósitos de la Constitución están en crisis: los que nunca alcanzamos y los que están en riesgo por un franco retroceso.
Claro que hay salida. Hay que restablecer el orden, atendiendo a una secuencia: primero la ley, luego la justicia y finalmente la fuerza. Esa es la cronología del concepto. Cualquier otra lleva al autoritarismo o al caos social. Y tiene que ir acompañado necesariamente de un horizonte de futuro, de la mano del desarrollo. Orden y desarrollo, una pareja tan necesaria como imbatible para cumplir con el Preámbulo y salir de veinte años de naderías garantistas.