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"Mientras exista quien compre estupefacientes, las bandas como Los Monos seguirán existiendo", afirmó Nicolás Dapena, el experto salteño de vasta experiencia internacional en materia de armas, seguridad y crimen organizado.
En una entrevista con El Tribuno, Dapena analizó la evolución de la actividad criminal en la región, poniendo el acento en lo que ocurre en el país y en particular en Rosario.
"En materia de seguridad, prometer 'guerra al narcotráfico' es erróneo, porque eso sería ilegal e inútil", señaló al referirse a la muletilla de muchos políticos y a los "espectáculos circenses, habituales en nuestro escenario. "Hay que cambiar el paradigma para abordar el problema. En primer lugar, asumir que mientras haya consumidores habrá mercado ilegal de droga, además poner a toda la fuerza y la inteligencia del Estado buscando mayor eficiencia". Al mencionar a "toda la fuerza del Estado", Dapena se refirió a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a las otras fuerzas. "No se trata de que los militares cumplan funciones policiales, para las que no están formados, sino que cumplan el mandato de la ley en materia de seguridad e inteligencia interior", puntualizó.
Dapena desarrolló su experiencia en equipos de investigación de la Organización de Naciones Unidas en Yemen y en Siria, y como subsecretario de Lucha Contra el Narcotráfico de la Nación y asesor del Senado, la SeDroNar y el Ministerio de Defensa.
Hoy el crimen organizado es una amenaza para América Latina. El Primer Comando Capital, de San Pablo, se ha convertido en una de las mayores organizaciones criminales que expande su territorio en Brasil y, por ahora, en Paraguay. Comandado desde la cárcel por Marcos Herbas Camacho, "Marcola", el PCC apunta a controlar todos los eslabones del tráfico ilegal.
"Estas organizaciones llegan a generar un poder al margen del Estado. Para un país, ceder territorio es fortalecer a las organizaciones ilegales", acotó Dapena. Al referirse al caso de Rosario citó el caso del senador Armando Traferri, denunciado en un resonante juicio como receptor y articulador de coimas por el "zar del juego" clandestino de la provincia, Leonardo Petti. El Senado provincial se negó a quitarle los fueros y Traferri fracasó en un intento por desplazar a los dos fiscales que lo investigan por esa causa y por eventuales vínculos con el crimen organizado.
"Hay que empezar por cortar esos tentáculos y restablecer la institucionalidad para que, al menos, los funcionarios y magistrados respeten la ley", opinó Dapena.
En materia de control territorial, ¿qué diferencia existe entre el crimen organizado, tomando por caso el PCC, guerrillas como las FARC y el terrorismo?
Las bandas del crimen organizado buscan poder y rédito económico. Los narcotraficantes tratan de pasar desapercibidos y construir, silenciosamente, un poder subterráneo con la compra de funcionarios, jueces y periodistas. Y tratan de no hacerse ver. Los terroristas hacen todo lo contrario. No buscan un rédito o un lucro sino modificar una coyuntura política. La dinámica es inversas. El crimen organizado lava activos en negro para blanquearlos, mientras que las bandas terroristas buscan financiamiento...
O sea, son actividades distintas con un efecto parecido.
Hasta hace un tiempo… Poco a poco se viene registrando una convergencia entre los negocios y el poder político. El PCC es un ejemplo: utilizan también el terror para ampliar su base de negocios y su influencia política, ganando poder territorial. Nacieron en las cárceles, controlan jurisdicciones y amplían su poderío sembrando el terror.
Las FARC son un caso paradigmático. Comenzaron en los años 50 como un grupo de resistencia rural y se fueron mimetizando con los narcotraficantes.
Efectivamente, emergieron como un movimiento revolucionario, con un proyecto político y luego se convirtieron en una unidad de negocios del narcotráfico. Una maquinaria de negocios con control territorial. No hay que olvidar que Colombia es el principal productor de estupefacientes de la región. Y también allí existe ese control paraestatal. Esté quien esté en el poder, si sacaran a Gustavo Petro y pusieran a Konrad Adenauer… o si reemplazaran a Nicolás Maduro por Winston Churchill todo seguiría igual, porque el poder de esos grupos criminales es un poder propio, paralelo al Estado. Esos grupos son poderosos porque tienen estupefacientes y hay alguien en el norte, en EEUU o Canadá, que se los compra.
En Rosario y en parte del conurbano bonaerense el país parece haber perdido el control territorial a manos del crimen organizado. ¿Es un fenómeno circunstancial o ya es irreversible?
Cuando desaparezca la demanda de estupefacientes van a desaparecer Los Monos. Mientras tanto, apenas la Justicia ponga preso a un narco, en ese mismo momento el detenido tendrá su reemplazante. Eso es lo que ocurre ahora. Desde las primeras convenciones internacionales la estrategia contra la droga es, por una parte, la prevención, o sea, una política sanitaria que evite que aumenten los adictos y, por otra, las medidas de seguridad para combatir a las bandas narcotraficantes. Mientras crezca la demanda, crecerá la oferta. Y el narcotraficante tiene mucho dinero para corromper. El policía bonaerense gana X y el narcotraficante le ofrece 2 por X… o 5 por X. Con espectáculos circenses la situación será irreversible. Porque el que financia al circuito entero de la droga es el que la consume, y quien se la vende tiene suficiente dinero para pagar protección corrompiendo. En ninguna parte dio resultado combatir el narcotráfico con tanques o bombardeos. En México no funcionó, en Colombia tampoco. La lucha contra los grupos criminales debe evolucionar.
¿Y cuál es la alternativa?
La solución no está en un plan en términos bélicos: el Plan Colombia fue un fracaso.Tampoco en la prohibición compulsiva, una Ley Seca que solo fortalece el tráfico ilegal. Hay que buscar otra perspectiva.
¿Y, directamente, despenalizar?
No se puede legalizar la venta de veneno para consumo humano. Hay que buscar una solución mucho más profunda y elaborada que la actual. Si me tocara asesorar al Estado argentino, le recomendaría planificar la seguridad desde un horizonte muy distinto, que es el de reducir el mercado. Pero también hay que superar limitaciones ideológicas que le impiden al gobierno utilizar con eficiencia la fuerza pública. La fuerza estatal es una. Que se organice como fuerzas de seguridad o fuerzas armadas por razones de especialización son decisiones pragmáticas. Un sesgo, de carácter ideológico, hace creer que las Fuerzas Armadas deben estar encerradas en el cuartel sin hacer nada. No hay razón que impida que el Ejército se dedique a patrullar la frontera y las fuerzas de seguridad se avoquen a la tarea en los grandes centros urbanos. La ley no solo no prohíbe sino que prevé expresamente la participación de las tres fuerzas armadas en seguridad interior.
Existe esa convicción a partir de la experiencia del terrorismo de Estado…
Al margen de esa convicción o prejuicio, la ley argentina no dice eso, sino que habilita a las FFAA a actuar en defensa de la seguridad interior. Expresamente, el artículo 27 de la Ley de Seguridad interior 24.059 habilita que en tiempo de paz "las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior". Y en tiempo de conflicto, previa declaración de Estado de Sitio, la misma ley, en sus artículos 31 y 32, habilita el uso de material de combate en operaciones de seguridad interior cuando las fuerzas de seguridad en casos de extrema gravedad, lo vean necesario. Es decir, que pueden y deben actuar.
Durante la presidencia de Cristina Kirchner el Ejército cumplió funciones de reconocimiento y patrullaje en la frontera norte…
Son funcionarios públicos y, si verifican la existencia de un delito, tienen la obligación de denunciarlo de inmediato al juez federal competente, en tiempo real. Si el delincuente abriese fuego, las fuerzas militares deben responder el fuego, contrarrestar el uso de la fuerza con el uso proporcionado de la propia fuerza. Eso es lo que se hace en todos los países del mundo. En el nuestro hay mucho desconocimiento y abundan los recelos ideológicos. En este momento, con la gravedad de la violencia que ejercen los grupos criminales sobre la sociedad, hay que aplicar todo lo que permite y ordena la ley vigente.
¿Por qué está prohibido que las fuerzas armadas realicen tareas de inteligencia interior?
No está prohibido. Eso es falso. El artículo 15 de la ley de Defensa solamente lo excluye en "cuestiones relativas a la política interna del país". El sistema militar está estructurado para defender los intereses vitales de la Nación. La directiva de Política de Defensa Nacional ordena planificar la protección de los espacios y recursos estratégicos, "sobre todo aquellos que revisten una importancia fundamental para el desarrollo socioeconómico y el sustento de la población, la producción agrícola e industrial, el transporte a través del territorio nacional y la generación de energía". El decreto define como recursos vitales "las cuencas hidrocarburíferas; el núcleo del circuito productivo agropecuario; cuencas hidrográficas y aguas subterráneas; las áreas de producción minera y la biodiversidad...". Los militares deben elaborar información interna para saber cómo proteger esos intereses vitales y objetivos estratégicos. ¿Cómo se va a defender militarmente una realidad sobre la que no se tiene información? Reunir y procesar información se denomina inteligencia. Inteligencia interna. Esto lo hacen todos los países. La Argentina es el único país que se rasga las vestiduras por estas cosas, sin leer lo que dicen las propias leyes. No se puede ser ingenuo: esto es funcional a intereses de grupos determinados de poder. Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es poner en practica lo que ordenan las propias leyes vigentes. Y el sector que se oponga al uso responsable de la fuerza, claramente, estará apoyando el delito.
¿Cuál es la opinión que le merece el concepto de "guerra al narcotráfico", instalada junto con el Plan Colombia a principio de siglo e incorporada al discurso por la mayoría de los dirigentes argentinos?
En primer lugar, en la Argentina no se puede hablar de guerra al narcotráfico ni al terrorismo. La legislación no lo permite. La guerra es un "casus belli" que se regula por la Ley de Defensa y con otros principios, distintos a los que se aplica frente al delito. La intervención de las FFAA en forma directa y no como soporte operativo no ha resultado positiva en ningún país. Los militares están preparados para otra cosa. Guerra al narcotráfico o al terrorismo, además de ilegal, no sería una solución.
¿Qué se puede hacer en Rosario mientras no disminuya el consumo?
Hay demasiada gente que se beneficia con la situación tal como está. Cuando ya todo el sistema político e institucional está actuando de determinada manera, hay que ponerse a "desescalar", empezando por todos los "legales" que amparan a los "ilegales".