Lejos de disipar la incertidumbre política, el resultado de la reciente elección española pavimentó el camino hacia una crisis de gobernabilidad. En las próximas semanas, el Partido Popular (PP), liderado por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, intentarán diferentes alquimias parlamentarias para formar gobierno. De no conseguirlo, antes de diciembre tendría que convocarse a nuevas elecciones, que serían las terceras en el último año. Mientras, y para evitar un vacío de poder, Sánchez tendrá que administrar una transición con destino desconocido en un país que es la cuarta economía de la Unión Europea.
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Lejos de disipar la incertidumbre política, el resultado de la reciente elección española pavimentó el camino hacia una crisis de gobernabilidad. En las próximas semanas, el Partido Popular (PP), liderado por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, intentarán diferentes alquimias parlamentarias para formar gobierno. De no conseguirlo, antes de diciembre tendría que convocarse a nuevas elecciones, que serían las terceras en el último año. Mientras, y para evitar un vacío de poder, Sánchez tendrá que administrar una transición con destino desconocido en un país que es la cuarta economía de la Unión Europea.
La polarización política española roza la perfección geométrica. El PP y el PSOE están casi empatados en votos: 33,05% vs. 31,7%. El PP lleva sí una mayoría de bancas parlamentarias: 136 contra 122 del PSOE. Los aliados principales de ambos partidos están también a la par. La ultraderecha de Vox y la izquierda alternativa de SUMA están en 12,39% y 12,31%, respectivamente. Ninguna de esas cifras alcanza para el mágico número de 176 diputados necesarios para la mayoría legislativa.
Estas elecciones fueron un exitoso ardid político de Sánchez. Derrotado en las elecciones regionales de mayo, donde la convergencia de derecha del PP y Vox ganó en antiguos bastiones socialistas, resolvió adelantar sorpresivamente la convocatoria y puso en funcionamiento una vigorosa "campaña de miedo", centrada en el temor de que un triunfo de la derecha implicara un retroceso en materia de derechos civiles, en especial de los derechos de mujer y de las minorías sexuales. Más que defender a su gobierno. el oficialismo asumió el papel de "oposición de la oposición".
En esa dirección, el mandatario español consiguió un insólito respaldo externo. Una veintena de líderes europeos y latinoamericanos, entre ellos el canciller alemán Olaf Scholtz, los primeros ministros de Portugal, Antonio Costa, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, el presidente brasileño Luis Ignacio Da Silva (Lula), su colega argentino, Alberto Fernández, y la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, emitieron un documento orientado a la "internacionalización" de la elección española, interpretada como un episodio dentro de una batalla de carácter regional y mundial. La declaración alerta sobre la necesidad de frenar la "ola conservadora" en Europa. En una inequívoca alusión al PP y a Vox, señala que "el auge de narrativas negacionistas del cambio climático y la ciencia, hostiles a la diversidad como un valor o que cuestionan los avances del movimiento feminista ponen en riesgo derechos y libertades consolidadas en muchas sociedades. También pueden dificultar e impedir su expansión en otros lugares del planeta". Con esa argumentación, los firmantes apoyan la candidatura de Sánchez "como la opción que puede sumar una mayoría de progreso que dé continuidad a las reformas y a las transformaciones que han hecho de España una referencia mundial en derechos libertades y prosperidad".
La estrategia de Sánchez procuró modificar la agenda del debate público. Mientras la oposición machacaba sobre el fracaso de la gestión gubernamental, los socialistas se dedicaron a agitar el miedo a la derecha y atraer a la franja "progresista" del electorado de centro. Con ese recurso transformó lo que algunos pronosticaban una caída estrepitosa, similar a la experimentada en mayo, en una derrota módica. La oposición de derecha, favorita en las encuestas, si bien tuvo un avance significativo, logró una victoria pírrica, que no le confirió mayoría suficiente para formar gobierno. La situación remite a la definición de "empate hegemónico" acuñada en la década del 60 por el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero. Si nadie gana, nadie puede gobernar.
La implacable lógica de las matemáticas indica que el PP, en alianza con Vox, necesita siete bancas adicionales para tener mayoría propia. El PSOE, en acuerdo con Suma, requiere otras veintitrés. Pero la calculadora política no sigue a la aritmética. En las treinta bancas restantes el bloque de derecha no tiene posibilidades de conseguir el número que le falta. En cambio, la izquierda acaricia todavía la posibilidad alcanzarlo mediante una entente con algunas fuerzas minoritarias, en particular con los nacionalistas vascos y catalanes.
Empieza allí un festival de minorías regionales. Sólo la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que tiene un diputado, aceptó negociar con el PP. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se negó a participar en ningún acuerdo que incluya a Vox. En contraposición, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu, una formación integrada por ex militantes de la ETA, ofrecen apoyo a Sánchez para formar gobierno. Lo mismo ocurre con el Bloque Nacionalista Gallego, una fuerza ultraizquierdista que reivindica la independencia de Galicia.
Pero el principal obstáculo para el PSOE reside en Juntos por Cataluña, que mantiene una posición maximalista en el tema catalán. Su secretario general, Jordi Turull, afirma que el respaldo a una coalición encabezada por Sánchez está condicionado a la realización de un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña y al dictado de una amnistía para su líder, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, condenado judicialmente y exiliado en Francia.
Los voceros del PSOE aclararon que el referéndum independentista es inviable porque su convocatoria violaría la constitución española.
De hecho esa fue la razón de la condena judicial de Puigdemont, quien lo implementó en 2017 desde el gobierno regional más allá de la prohibición legal. El detonante de la sublevación militar liderada en 1936 por Francisco Franco, que dio comienzo a la guerra civil española, fue precisamente la acusación de que el gobierno del Frente Popular, hegemonizado por los socialistas, admitía los reclamos secesionistas de vascos y catalanes.
En un último esfuerzo por capitalizar su victoria en las urnas y evitar una nueva convocatoria electoral, Núñez Feijoó planteó un diálogo directo entre el PP y el PSOE, una alternativa que implicaría su divorcio con Vox pero supondría también la ruptura de la alianza gubernamental entre los socialistas y el sector de izquierda nucleado en SUMA. Esa variante contó con el sugestivo apoyo del ex secretario general del PSOE Nicolás Redondo Terrero y de otros dirigentes socialistas que solicitaron a los jefes de los dos partidos mayoritarios un acuerdo para que "España no dependa de Puigdemont". La declaración argumenta que "es imposible cualquier negociación con una persona que ha huido de la Justicia española".
Todo indica que la iniciativa de esta facción socialista está inspirada en el pensamiento del líder histórico del PSOE, Felipe González, que gobernó España entre 1982 y 1996. En esta oportunidad, pese a las peticiones de sus correligionarios, González permaneció al margen de la campaña proselitista y sostuvo que el partido que obtuviera más votos, como ocurrió después con el PP, debería tener derecho a formar gobierno. Sánchez, en cambio, proviene del ala izquierda del PSOE, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de Gobierno entre 2004 y 2011 y cultor de un "principismo" que colisiona con el pragmatismo de "Felipillo". La negociación de un pacto de gobernabilidad, que obligaría a ambas partes signatarias a echar lastre por izquierda y por derecha, es la única opción viable para superar la "grieta" y romper el "empate hegemónico". La incógnita es si ese criterio realista puede prevalecer ahora o terminará imponiéndose recién después de una tercera vuelta electoral consecutiva, cuyo resultado difícilmente modificaría la situación preexistente. Mientras tanto España navega sin brújula.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico