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A pedido de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez, dio ayer por formalizada la imputación por contrabando de estupefacientes y dictó la prisión preventiva para los dos pilotos y los otros tres hombres que fueron detenidos luego que en una zona rural de Rosario de la Frontera aterrizarara una avioneta cargada con unos 364 kilos de cocaína.
La magistrada además fijó un plazo de seis meses tanto para la investigación como para la medida de coerción dictada para los imputados.
De la audiencia participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes imputaron a los cinco acusados por el delito de contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular.
Las imputaciones recayeron sobre los pilotos de nacionalidad boliviana Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, en calidad de coautores, en tanto que, en calidad de partícipes necesarios, fueron imputados Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar.
El fiscal general Villalba resaltó la gravedad del hecho y el orden trasnacional de la organización narcocriminal.
"Uno de los imputados era el piloto, otro el copiloto, y los otros tres participaron de la maniobra, esperando la droga, marcando la pista para el aterrizaje y luego haciendo la recepción y el entierro de la sustancia". (Fiscal Villalba)
Ante una nutrida presencia de periodistas en la sala los fiscales explicaron que todo se desencadenó el martes pasado, alrededor de las 15, cuando algunos vecinos de Rosario de la Frontera avistaron el vuelo irregular de una aeronave. Indicaron que una avioneta sobrevolaba por la zona de las rutas provinciales 3 y 31, a pocos kilómetros de la mencionada ciudad.
Al llegar al lugar, una finca sin alambrar, personal de Gendarmería Nacional se encontró con la avioneta siniestrada y un auto VW Gol Trend totalmente incinerado. Dentro de la aeronave, hallaron tres bolsones, en cuyo interior había un total de 136 kilos de cocaína.
Bajo tierra
Al día siguiente, el fiscal general Villalba y la auxiliar Altamirano se hicieron presente en el lugar donde cayó la avioneta y dirigieron las tareas investigativas, de las que participaron Policía de la Provincia, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.
Durante esas diligencias, en la comisaría de la localidad de Antillas, cercana al lugar, se presentó el ahora imputado Mansilla para denuncia ante la policía que le habían robado su auto, coincidente en marca y modelo con el que fue hallado quemado junto a la aeronave. En su exposición, dijo que el día anterior, a las 8.30, había sido asaltado en la ruta por cuatro sujetos armados.
Los representantes del MPF explicaron que esa denuncia, sin embargo, fue desechada a raíz de que, ya la fiscalía había sido anoticiada de un informe que llegó a la División Antidrogas de la policía salteña, respecto a tanto el denunciante Mansilla como Gómez y Cuellar, estaban bajo investigación como integrantes de una organización narcocriminal que operaba en esa zona.
En vista de ello, y a que en el lugar del siniestro se halló una cédula para conducir a nombre de Mansilla, el MPF pidió su detención. Luego, a raíz del operativo cerrojo instrumentado por la policía local, fue detenido Gómez en el puesto de control de El Durazno, en la ruta 34.
Con el aporte de información de los primeros dos detenidos, se encontraron otros 228 kilos de cocaína en bolsones que contenían ladrillos los que habían sido enterrados en un campo, distante a unos 70 kilómetros del lugar del accidente.